La caída de Afganistán reabre las heridas en la UE por el reparto de refugiados

La crisis de refugiados de 2015 a punto estuvo de reventar las costuras de la UE. Los países del Este (en particular Polonia, Hungría y República Checa) se negaron a acatar el sistema de cuotas obligatorias diseñado por Bruselas con el fin de aliviar la presión que sufrían Italia y Grecia. El reparto de migrantes fue un fracaso absoluto: de las 160.000 personas que el entonces presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, se comprometió a acoger, sólo llegaron 34.705 (es decir, apenas el 22%).

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) condenó a Varsovia, Budapest y Praga por incumplir sus obligaciones. Al mismo tiempo la UE enterró sigilosamente las cuotas obligatorias y firmó un polémico acuerdo con Turquía para que se quedara a los migrantes sirios a cambio de un pago de 6.000 millones de euros.

La caída de Kabul en manos de los talibanes ha reabierto las viejas heridas. Mientras que los máximos dirigentes de la UE proclaman su solidaridad con los afganos que quieren marcharse -así lo hicieron Ursula von der Leyen y Charles Michel durante su visita a la base aérea de Torrejón el pasado sábado con Pedro Sánchez-, los países de la Europa Central y del Este se enrocan en su rechazo a acoger más demandantes de asilo o migrantes.

"La UE no abrirá ningún corredor migratorio europeo para Afganistán. No permitiremos que el error estratégico de 2015 se repita. Tenemos que ayudar únicamente a las personas que nos ayudaron a nosotros durante las operaciones de la OTAN y a los países que custodian las fronteras exteriores de la UE a protegerlas totalmente", ha escrito en Twitter el primer ministro esloveno Janez Jansa, el fan tuitero de Donald Trump que ocupa este semestre la presidencia rotatoria de la UE.

"Si las mujeres pueden organizarse y luchar contra los talibanes en algunas partes de Afganistán, los hombres deberían hacer lo mismo. No es obligación de la UE o de Eslovenia ayudar y pagar a cualquiera que huya en todo el planeta, en lugar de luchar por su tierra", sostiene Jansa. Una cadena de tuits incendiarios que le han costado una reprimenda del presidente de la Eurocámara, David Sassoli.

"Está claro que debemos mostrar solidaridad con aquellos que corren riesgo con el nuevo régimen, no sólo con los afganos que han trabajado con nosotros", le ha espetado Sassoli a Jansa, recordándole además que no tiene competencias para definir la posición común de la UE en esta crisis. Pero el primer ministro esloveno no se amilana con las críticas de la Eurocámara y replica que son los Estados miembros los que tienen la última palabra. "Actualmente no hay consenso, ni mayoría cualificada ni ningún tipo de mayoría para acoger otra ola migratoria", sostiene Jansa.

El canciller austriaco, Sebastian Kurz, durante una cumbre de la UE

Lo cierto es que la gran mayoría de Gobiernos europeos comparten la inquietud por una posible repetición de la crisis de 2015. El canciller austríaco, Sebastian Kurz, avisa de que no dará cobijo a más refugiados afganos. "Austria ha hecho mucho al acoger a 44.000 afganos. Tenemos una de las comunidades afganas per cápita más grandes del mundo, después de Irán, Pakistán y Suecia. Todavía hay grandes problemas con la integración y, por tanto, estamos en contra de una cuota adicional", ha escrito también en Twitter.

"Los acontecimientos en Afganistán son dramáticos, pero no debemos repetir los errores de 2015. La gente que se va de Afganistán debe ser ayudada en los países vecinos. La UE debe reforzar las fronteras exteriores y luchar contra la inmigración ilegal y los traficantes de personas", sostiene Kurz, que lidera un Gobierno de coalición entre conservadores y verdes.

Una posición similar a la que defiende el Gobierno ultra de Viktor Orbán en Hungría. A su juicio, es "esencial" que la UE apoye a Turquía y a los países de los Balcanes para que sean estos los que frenen la llegada de migrantes a territorio comunitario. Por su parte, el Gobierno griego del popular Kyiriakos Mitsotakis acaba de completar una valla de 40 kilómetros en su frontera con Turquía y un nuevo sistema de vigilancia para protegerse de la llegada de refugiados afganos.

A principios de agosto, cuando la conquista de Kabul por parte de los talibanes parecía una perspectiva lejana, un total de seis países (Alemania, Austria, Grecia, Dinamarca, Holanda y Bélgica) llegaron a escribir una carta a la Comisión Europea en la que reclamaban retomar las repatriaciones forzosas de afganos llegados irregularmente a la UE. Desde 2015, la UE ha recibido 570.000 solicitudes de asilo de afganos. Sólo en 2020, la cifra de peticiones ascendió a 44.000 y la tendencia continúa este año.

Incluso los Estados miembros que tradicionalmente han apostado por la solidaridad, como Francia o Alemania, se muestran ahora más cautelosos y anuncian medidas para impedir una avalancha migratoria. "Europa no puede asumir en solitario las consecuencias de la situación actual. Debemos anticiparnos y protegernos frente a flujos migratorios irregulares importantes que pondrían en peligro a quienes los utilizan y alimentarían tráficos de todo tipo", ha dicho el presidente francés, Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen conversan durante una reunión del Consejo Europeo UE

Macron prepara junto con la canciller alemana, Angela Merkel, un paquete de actuaciones para dar respuesta a la crisis afgana. Una iniciativa europea que se basará en "la lucha contra los flujos irregulares, la solidaridad en el esfuerzo, la armonización de los criterios de protección y la cooperación con los países de tránsito y acogida como Pakistán, Turquía o Irán".

Pese a los seis años transcurridos desde 2015, la UE ha sido incapaz de dotarse de una política migratoria coherente. El nuevo Pacto de Migración y Asilo que presentó Von der Leyen hace un año está totalmente bloqueado por la división entre los Estados miembros. Los países en primera línea fronteriza como España se quejan de que les impone nuevas obligaciones de control y no ofrece solidaridad suficiente. Polonia, Hungría y República Checa sostienen que el Pacto introduce por la puerta de atrás un sistema de cuotas al que se niegan. El resultado es que la Unión no está preparada para una nueva crisis de refugiados.