Bruselas lanza expedientes sancionadores contra Hungría y Polonia por sus leyes anti-LGTB

La escalada de tensión entre Bruselas y los Gobiernos euroescépticos de Polonia y Hungría se agrava. La Comisión de Ursula von der Leyen ha decidido este jueves lanzar sendos expedientes sancionadores contra Varsovia y Budapest por las leyes anti-LGTB aprobadas recientemente en ambos países. Considera que se trata de normas discriminatorias que vulneran los derechos fundamentales. Si los Gobiernos de Mateusz Morawiecki y Viktor Orbán no rectifican, el caso acabará ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

"Europa nunca permitirá que se estigmatice a partes de nuestra sociedad: ya sea por a quién aman, por su edad, por su origen étnico, por sus opiniones políticas o por sus creencias religiosas", ha dicho Von der Leyen en un comunicado.

En el caso de Hungría, el Ejecutivo comunitario actúa contra la ley recién aprobada que prohíbe "la representación y la promoción de una identidad de género distinta del sexo al nacer, del cambio de sexo y de la homosexualidad" para los menores de 18 años, tanto en las escuelas como en los contenidos audiovisuales.

En la última cumbre, los líderes europeos exigieron a Orbán que retirara la norma por discriminatoria y le invitaron a abandonar la UE si no rectificaba. Pero el Gobierno húngaro se ha enrocado alegando que "no se puede permitir que nadie obligue a los padres húngaros a aceptar que sus hijos reciban educación sexual sin su consentimiento explícito".

En su expediente sancionador, la Comisión admite que "la protección de los menores es un interés público legítimo que la UE comparte y persigue". Sin embargo, en este caso el Gobierno de Orbán "no ha explicado por qué la exposición de los niños a contenido LGTB sería perjudicial para su bienestar o no estaría en consonancia con el interés superior del niño".

Según el análisis de Bruselas, la ley húngara incumple múltiples disposiciones del derecho comunitario: la directiva sobre medios audiovisuales, la directiva sobre comercio electrónico, la directiva sobre transparencia del mercado único, la directiva sobra prácticas comerciales abusivas y también los principios de libre prestación de servicios y de libre circulación de mercancías, o el derecho a la protección de datos.

Pero además, el Gobierno de Orbán vulnera la Carta Europea de Derechos Fundamentales en aspectos clave como la dignidad humana, la libertad de expresión e información, el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la no discriminación.

En paralelo a este expediente sancionador, el Ejecutivo comunitario ha decidido congelar la aprobación de los fondos Next Generation para Hungría, que había solicitado 7.200 millones de euros en subvenciones. El plazo legal para pronunciarse sobre el plan de recuperación de Orbán vencía el pasado 12 de junio, pero la Comisión ha retrasado su decisión alegando que necesita más garantías sobre los controles para combatir el fraude y la corrupción en Hungría y evitar discriminaciones en el reparto de los fondos. Budapest replica que el auténtico motivo del retraso es su ley anti-LGTB. De moomento no hay fecha para dar luz verde al plan húngaro.

Polonia

En el caso de Polonia, el expediente sancionador de Bruselas se refiere a la creación de "zonas libres de ideología LGTB" en varios municipios y regiones del país desde 2019. El Ejecutivo comunitario considera que estas actuaciones pueden violar la legislación de la UE en materia de no discriminación por motivos de orientación sexual y por ello pidió en febrero información detallada al Gobierno de Ley y Justicia en Varsovia.

Sin embargo, hasta la fecha las autoridades polacas no han proporcionado los datos reclamados, "eludiendo manifiestamente responder a la mayoría de las solicitudes de Bruselas". "Polonia está obstaculizando la capacidad de la Comisión para ejercer las competencias que le confieren los Tratados e incumpliendo el principio de cooperación sincera", señala el Ejecutivo comunitario.

Por todo ello, Von der Leyen ha decidido enviar una carta de emplazamiento a Varsovia por su falta de cooperación. Tanto Polonia como Hungría disponen ahora de un plazo de dos meses para responder a las preocupaciones de Bruselas. En caso contrario, el expediente avanzará un paso más hacia el TJUE, que en última instancia podría imponer multas.

Sin embargo, el papel de la justicia europea ha desencadenado otro choque entre Polonia y Bruselas. El TJUE ha dictaminado este mismo jueves que el nuevo régimen disciplinario polaco para jueces no es compatible con el derecho europeo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional del país falló este miércoles que Polonia no tiene que obedecer las decisiones del Tribunal de la Justicia de la UE.

Una sentencia que ha provocado una gran preocupación en el Ejecutivo comunitario, ya que pone en cuestión la primacía del derechos europeo sobre las leyes nacionales de los Estados miembros y amenaza con destruir el orden constitucional en el que se asienta la UE. "La Comisión no dudará en utilizar los poderes que le confieren los Tratados para salvaguardar la aplicación uniforme y la integridad del derecho europeo", ha dicho el portavoz de Von der Leyen, Eric Mamer.