El TJUE abre otra crisis con Marruecos al tumbar sus acuerdos con Bruselas que incluyen al Sáhara

El Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) ha anulado este miércoles los acuerdos comerciales y de pesca suscritos entre Bruselas y Marruecos en 2018 y 2019, respectivamente, por incluir de forma ilegal al Sáhara Occidental, territorio sobre el que la ONU no reconoce la soberanía del país alauí.

El fallo da la razón al Frente Polisario, que presentó el recurso en Luxemburgo con el argumento de que Bruselas y Rabat carecen de competencia para negociar acuerdos internacionales aplicables al Sáhara Occidental en lugar de la población de dicho territorio, representada por el propio Polisario.

"No se ha respetado la exigencia relativa al consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, en su calidad de tercero respecto de los acuerdos controvertidos", asegura la sentencia.

No obstante, el Tribunal General ha decidido mantener temporalmente los efectos de ambos acuerdos por considerar que su anulación inmediata "podría tener graves consecuencias sobre la acción exterior de la Unión y poner en cuestión la seguridad jurídica de los compromisos internacionales asumidos por esta". Es decir, tanto el acuerdo comercial como el de pesca seguirán vigentes hasta que el TJUE se pronuncie sobre un posible recurso en segunda instancia.

La sentencia desata una nueva crisis entre Marruecos, por un lado, y la UE y España, por el otro, cuyas consecuencias son impredecibles. En 2016, ante una decisión similar de la justicia comunitaria sobre el Sáhara, Marruecos decidió suspender oficialmente toda relación con la UE, tanto en materia migratoria como de seguridad. Una ruptura que duró meses y sólo se resolvió cuando la UE tomó medidas para amortiguar el impacto del fallo. 

El nuevo choque llega cuando todavía no se han cerrado las heridas de la última crisis por la avalancha migratoria en Ceuta el pasado mayo alentada por Rabat. La Eurocámara emitió una condena unánime contra Marruecos por usar a los menores migrantes como arma de presión política, entre otras cosas para que la UE siga los pasos de Donald Trump y reconozca la suberanía marroquí sobre el Sáhara. Algo que Bruselas asegura que no tiene previsto hacer. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, llegó a evocar la posibilidad de suspender las ayudas europeas al país alauí.

Atajar el incendio

Ahora, para intentar atajar el incendio, Borrell y el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, han hecho público, nada más conocerse la sentencia, un comunicado conjunto en el que aseguran que adoptarán "las medidas necesarias para asegurar un marco jurídico que garantice la continuidad y la estabilidad de las relaciones comerciales entre la UE y Marruecos". "Seguimos plenamente movilizados para proseguir la cooperación entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, en un clima de serenidad y compromiso", dice el texto.

El actual litigio se remonta precisamente al año 2016, cuando el TJUE dictaminó que el acuerdo comercial entre la UE y Marruecos no es aplicable al Sáhara Occidental habida cuenta del estatuto separado y distinto reconocido al territorio en virtud de la Carta de Naciones Unidas y del principio de autodeterminación de los pueblos.

Sin embargo, la sentencia dejó abierto un resquicio que permitiría extender el acuerdo al Sáhara si se cumplían una serie de condiciones. En particular, que el pacto se consulte y cuente con el consentimiento de la población local y que genere beneficios para los propios saharauis.

Esta jurisprudencia se reiteró en un fallo posterior del TJUE en 2018, que también declaró que el acuerdo de pesca no cubría el territorio del Sáhara Occidental. La Comisión Europea se agarró a este clavo ardiendo para firmar con Marruecos un nuevo acuerdo comercial y otro de pesca que sí se aplican al Sáhara Occidental.

El acuerdo pesquero es el que más afecta a España, puesto que el 91,5% de las capturas se realizan en aguas del Sáhara Occidental. El pacto permite faenar en estas aguas a un total de 128 barcos de la UE, de los cuales 92 son españoles. A cambio, la UE pagará a Marruecos un total de 208 millones de euros durante los cuatro años de vigencia (2019-2013).

Consultas inválidas

Antes de firmar este acuerdo, el Servicio de Acción Exterior de la UE llevó a cabo un proceso de consulta entre la población local y constató que la mayoría apoyaba el pacto. No obstante, el Frente Polisario ni siquiera participó en la consulta, al oponerse al acuerdo por principio.

Según la evaluación de Bruselas, el acuerdo es beneficioso para la población local de la región, donde hay 141 empresas dedicadas al procesado de productos de la pesca, de las que dependen aproximadamente 90.000 empleos directos e indirectos, con una facturación aproximada de 450 millones. De esa cantidad, unos 240 millones se exportan, el 60% a la UE.

Finalmente, el pacto con Marruecos deja claro que no se prejuzga el resultado del proceso político sobre el estatus final del Sáhara Occidental, y declara su apoyo a los esfuerzos de la ONU en alcanzar una solución política que permita la autodeterminación de la población saharaui. 

Los mismos trámites se siguieron en el caso del nuevo acuerdo comercial entre Bruselas y Rabat. Sin embargo, todo ello no ha convencido al TJUE. "No puede considerarse que las gestiones emprendidas por las autoridades de la Unión antes de que se celebraran los acuerdos controvertidos permitieran obtener el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental respecto de dichos acuerdos", sostiene el fallo.

El fallo del Tribunal General todavía puede recurrirse en segunda instancia ante el TJUE por cualquiera de las partes en un plazo de dos meses y diez días.