"La crisis de los refugiados de 2015, la oleada de atentados terroristas en suelo europeo y la pandemia mundial de Covid-19 han puesto a prueba el espacio sin fronteras Schengen. Tenemos la responsabilidad de reforzar la gobernanza de Schengen y de garantizar que los Estados miembros estén preparados para dar una respuesta rápida, coordinada y europea a las situaciones de crisis", sostiene el vicepresidente para la Promoción del Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas.
Estos son los argumentos que ha esgrimido la Comisión Europea para poner sobre la mesa un proyecto de reforma del Código de Fronteras Schengen. El objetivo es doble: garantizar una mayor coordinación y a la vez otorgar una mayor flexibilidad para los Estados miembros a la hora de gestionar tanto la frontera exterior común de la UE como las fronteras interiores.
Como principal novedad, Bruselas reclama nuevos poderes para cerrar las fronteras exteriores y prohibir los viajes desde fuera de la UE en caso de nuevas pandemias. La prohibición se basará en las recomendaciones científicas del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y tendrá carácter obligatorio para todos los Estados miembros. Habrá excepciones para los ciudadanos y residentes de la Unión y también a los viajeros esenciales.
El Ejecutivo comunitario pretende que las restricciones de viaje se apliquen de manera uniforme, a diferencia de lo que ha ocurrido durante la Covid-19. A juicio de Bruselas, la pandemia ha demostrado que las reglas actuales no son suficientes para responder a situaciones de crisis vinculadas a enfermedades con potencial epidemiológico. El carácter global de la Covid-19 exigía medidas ad hoc en las fronteras exteriores para ralentizar su transmisión, pero los Estados miembros reaccionaron de forma muy diversa.
Un enfoque unificado
Aunque la UE pactó una lista de países extracomunitarios seguros, cada Gobierno ha hecho la guerra por su cuenta, ya que se trataba de una recomendación sin carácter obligatorio. Muy pocos Estados miembros han respetado la lista completa, mientras que algunos la han aplicado sólo en parte y otros han levantado las restricciones a países terceros que ni siquiera estaban en la lista, "socavando así el enfoque unificado deseado". Con esta reforma del Código Schengen, la Comisión pretende "evitar las discrepancias experimentadas actualmente".
En cuanto a las fronteras interiores, la reforma crea un nuevo mecanismo de salvaguardia cuyo objetivo es dar una respuesta europea común en caso de amenazas que afecten a la mayoría de los Estados miembros, tales como amenazas para la salud y también para la seguridad interior y el orden público. En este caso, se autorizaría la reintroducción de controles en los países afectados y, en paralelo, medidas para mitigar sus efectos negativos.
La propuesta de Bruselas obligaría además a los Estados miembros a dar más explicaciones cuando restablezcan de forma unilateral los controles en las fronteras interiores. El Ejecutivo comunitario quiere garantizar así que estos controles sigan siendo una medida de último recurso y que sólo duren el tiempo estrictamente necesario.
Finalmente, la Comisión plantea una serie de medidas extraordinarias para flexibilizar las reglas en materia de asilo y retorno en caso de que los Estados miembros sufran un ataque migratorio, como el que experimentó España el pasado mayo por parte de Marruecos, o el que padece ahora Polonia a manos de Bielorrusia.
Las propuestas de Bruselas tienen que ser ahora examinadas y aprobadas tanto por los Gobiernos de los Veintisiete como por la Eurocámara. Un trámite difícil porque los Estados miembros son siempre reacios a ceder nuevas competencias a la UE en materia de gestión de fronteras.
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