Bruselas

Bruselas da un paso más en su pulso con Polonia por la deriva autoritaria del país. La Comisión de Ursula von der Leyen ha decidido este miércoles lanzar un expediente de infracción contra Varsovia por sus "serias preocupaciones" sobre la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional polaco. En dos fallos del 14 de julio y del 7 de octubre, el Constitucional dictaminó que varias disposiciones de los Tratados de la UE son incompatibles con la Carta Magna polaca, cuestionando expresamente la primacía del derecho comunitario. Un pronunciamiento que respondía a una petición del primer ministro, Mateusz Morawiecki.

El Gobierno polaco dispone ahora de un plazo de dos meses para responder a Bruselas. Si la respuesta no le convence, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE y, en última instancia, pedir la imposición de multas diarias, aunque el procedimiento será muy largo. "Hemos intentado entablar un diálogo, pero la situación no mejora. Los fundamentos del ordenamiento jurídico de la UE, en particular la primacía del derecho comunitario, deben respetarse", ha dicho el comisario de Justicia, Didier Reynders

El Ejecutivo comunitario sostiene que las sentencias del Tribunal Constitucional "vulneran los principios generales de autonomía, primacía, eficacia y aplicación uniforme del Derecho de la Unión y el efecto vinculante de las sentencias del TJUE".

Además, la Comisión considera que "estas sentencias infringen el artículo 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, al darle una interpretación indebidamente restrictiva". "Por lo tanto, priva a las personas que están ante los tribunales polacos de las plenas garantías establecidas en esa disposición", ha señalado.

Finalmente, Bruselas señala que tiene "serias dudas sobre la independencia e imparcialidad del Tribunal Constitucional". El proceso de nombramiento de tres jueces en 2015 se produjo vulnerando las propias reglas polacas. Además, ha habido "otras irregularidades y deficiencias" en la elección del presidente y vicepresidente del Tribunal, según el expediente de la Comisión.

El nuevo expediente contra Polonia se suma a una larga lista de procedimientos de infracción que ha lanzado Bruselas desde la llegada al poder del Gobierno de derecha radical de Ley y Justicia en 2015. Además, el Ejecutivo comunitario ha activado contra Varsovia el artículo 7 del Tratado, previsto para casos de riesgo sistémico al Estado de derecho, aunque su tramitación está bloqueada por la necesidad de unanimidad.

La penúltima medida tomada por el Ejecutivo comunitario contra Polonia ha sido bloquear los 36.000 millones que le corresponden del plan de recuperación Next Generation. Además, la Comisión ha iniciado los trámites para congelar también el resto de fondos regionales y agrícolas que recibe Varsovia por poner en riesgo la división de poderes y la independencia judicial.

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