El TJUE avala la norma que permite congelar los fondos europeos a Polonia y Hungría

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este miércoles el reglamento que permite congelar las ayudas comunitarias a los países que vulneren los principios del Estado de derecho, como la independencia judicial, la libertad de expresión o la lucha contra la corrupcion. El fallo desestima en su totalidad los recursos de anulación contra esta norma que habían presentado Polonia y Hungría.

La sentencia despeja el camino para que la Comisión Europea actúe contra los Gobiernos de derecha radical de Viktor Orbán en Hungría y de Mateusz Morawiecki en Polonia, cuya deriva autoritaria preocupa desde hace años en Bruselas. El Ejecutivo comunitario ya envió sendas cartas de aviso a Polonia y Budapest en noviembre, primer paso para congelar los fondos.

En el caso de Polonia, Bruselas pedía explicaciones por los intentos del Gobierno de Ley y Justicia de socavar la independencia del poder judicial y por la sentencia del Constitucional que cuestiona la primacía del derecho comunitario sobre las leyes polacas. Por lo que se refiere a Hungría, la carta reclamaba información sobre contratos públicos, conflictos de interés y corrupción en el gasto de fondos de la UE.

Ambos países ya han enviado su respuesta al Ejecutivo comunitario. Von der Leyen se había comprometido a esperar a la sentencia del TJUE antes de empezar a congelar los fondos europeos, lo que le costó las protestas de la Eurocámara. La sentencia de este miércoles permite iniciar ya el procedimiento formal.

Sin embargo, la presidenta del Ejecutivo comunitario ha eludido adelantar cuáles serán sus próximos pasos. "La Comisión ha estado siguiendo la situación en todos los Estados miembros desde la entrada en vigor del reglamento y estamos evaluando en profundidad algunos casos. Cuando se cumplan las condiciones del reglamento, actuaremos con determinación", se ha limitado a señalar en un breve comunicado.

La impugnación de Hungría y Polonia contra el reglamento de condicionalidad se apoya en la ausencia o inadecuación de la base jurídica; en su incompatibilidad con el artículo 7 del Tratado (que ya prevé sanciones por vulnerar el Estado de derecho); y en la violación del principio de seguridad jurídica.

En su sentencia de este miércoles, el TJUE rechaza "íntegramente" los argumentos de Varsovia y Budapest. El fallo concluye que "este mecanismo ha sido adoptado sobre una base jurídica adecuada, es conforme con el procedimiento previsto en el artículo 7 TUE y respeta, en particular, los límites de las competencias atribuidas a la Unión y el principio de seguridad jurídica".

Proteger la buena gestión financiera

El TJUE argumenta que el respeto de los valores fundamentales de la UE "constituye un requisito para disfrutar de todos los derechos derivados de la aplicación de los Tratados a un Estado miembro". "No puede reducirse a una obligación a la que esté sujeto un Estado candidato para adherirse a la Unión y de la que pueda eximirse después de su adhesión", apunta la sentencia.

"La buena gestión financiera del presupuesto de la Unión y los intereses financieros de la Unión pueden verse seriamente amenazados por la vulneración de los principios del Estado de Derecho que se produzca en un Estado miembro", prosigue el TJUE.

"En efecto, tal vulneración puede tener como consecuencia, entre otras, que no haya garantía de que los gastos cubiertos por el presupuesto de la Unión cumplan todos los requisitos de financiación previstos por el derecho de la Unión y, por tanto, de que respondan a los objetivos perseguidos por la Unión cuando financia tales gastos", concluye el fallo.

"El Parlamento Europeo ahora espera que la Comisión aplique el mecanismo de condicionalidad rápidamente. La condicionalidad de los fondos de la UE vinculada al respeto del Estado de derecho no es negociable para la Eurocámara", ha dicho la nueva presidenta, Roberta Metsola, nada más conocerse el fallo.

¿Cuánto dinero se juegan Polonia y Hungría en este caso? El Ejecutivo comunitario mantiene paralizados desde hace meses los planes de recuperación de ambos países, precisamente por vulnerar los principios del Estado de derecho. Polonia había pedido 36.000 millones de euros de fondos Next Generation, mientras que en el caso de Hungría la cifra es de 7.200 millones.

Pero la novedad es que el reglamento de condicionalidad permite congelar también los fondos estructurales y agrícolas. Para el periodo 2021-2027, Varsovia tiene adjudicados 75.034 millones de fondos estructurales y 31.214 millones de subvenciones agrícolas. Por su parte, Budapest podría perder 22.526 millones en ayudas regionales y 11.938 millones de subvenciones de la política agrícola común.