Bruselas reactiva su pulso con la Hungría de Orbán por vulnerar los principios democráticos de la UE

Tras una larga tregua para unas elecciones sin interferencias, Bruselas reactiva su pulso contra la Hungría de Viktor Orbán por considerar que pone en riesgo los principios democráticos de la UE. Precisamente, el primer ministro húngaro esgrime la amplia mayoría lograda en los comicios del pasado 3 de abril como aval de sus políticas, que se desmarcan sistemáticamente de la línea oficial de Bruselas. El Ejecutivo comunitario replica que las reglas del Estado de derecho obligan incluso a los Gobiernos con mucho apoyo popular a respetar a las minorías y evitar la discriminación.

La situación en Hungría ha sido discutida este martes en Luxemburgo por los ministros de Asuntos Europeos de la UE como parte del diálogo anual sobre Estado de derecho, en el que también se ha hablado de los casos de Holanda, Luxemburgo, Malta y Holanda.

Pero sin duda los problemas en Budapest son los que han suscitado una mayor polémica. El comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, ha denunciado "preocupaciones" persistentes en los cuatro grandes ejes de debate: independencia del sistema judicial, lucha contra la corrupción, libertad de prensa y equilibrios institucionales.

"Tomemos los medios como ejemplo. Las importantes cantidades de publicidad del Estado han seguido permitiendo al Gobierno ejercer influencia política indirecta. Y una cadena de radio independiente, Klub Radio, ha sido desconectada por la autoridad audiovisual", ha explicado Reynders en rueda de prensa al término de la reunión. El comisario de Justicia ha recordado también el caso de la ley anti-LGTB de Orbán, que ha sido objeto de un procedimiento sancionador de Bruselas por su carácter discriminatorio.

Durante el debate, el único compromiso que ha asumido el Gobierno húngaro es el de seguir dialogando con Bruselas sobre estas cuestiones. Un contacto que Budapest había interrumpido con motivo de la campaña electoral y que ahora acepta retomar. Se trata de preparar el informe anual sobre el Estado de derecho en todos los países de la UE, que el Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar en julio.

Sin embargo, la paciencia de la Comisión Europea con la deriva autoritaria de Orbán ya se ha agotado por completo. Bruselas mantiene paralizado desde hace meses el plan de recuperación Next Generation de Hungría, cuya dotación asciende a 7.200 millones de euros. El problema es la falta de garantías suficientes en materia de lucha contra la corrupción, según desveló la semana pasada Ursula von der Leyen.

La presidenta del Ejecutivo comunitario ha anunciado además el inicio del procedimiento formal para aplicar a Hungría el reglamento de condicionalidad. Se trata de la primera vez que se utiliza este nuevo mecanismo, que permite suspender el resto de fondos europeos a los países que vulneran el Estado de derecho.

De momento, Von der Leyen no ha desvelado exactamente cuántos fondos tiene previsto retener a Hungría. Budapest podría perder hasta 22.526 millones en ayudas regionales y 11.938 millones de subvenciones de la política agrícola común que tiene adjudicados para el periodo 2021-2027.

"Estamos esperando la carta (de Bruselas) y, tan pronto como la recibamos, le daremos respuesta", ha explicado la ministra de Justicia húngara, Judit Varga, que ha sido la encargada de defender la posición de su país en el encuentro de este martes. 

"Vengo de Hungría y del 3 de abril. Los votantes húngaros, con una abrumadora mayoría, han dado un mandato histórico sin precedentes por cuarta vez, después de doce años, al Gobierno conservador. Es un mandato muy fuerte y amplio, con el apoyo del 54% de los votantes, para la coalición gubernamental. Es un mandato que nos obliga a ser fieles a las necesidades de nuestros votantes", alega Varga.

"Nuestros votantes también han visto estas preocupaciones expresadas por la Comisión Europea o por algunos socios de la UE. Pero nuestros votantes son ciudadanos húngaros. La democracia húngara no comparte estas preocupaciones", insiste la ministra de Justicia.

Un argumento que ha sido completamente desestimado tanto por la Comisión Europea como por la presidencia francesa de la UE. "No hay que contraponer nunca un veredicto electoral y el respeto del Estado de derecho. En nuestras democracias tenemos las elecciones como base fundamental de las opciones políticas, pero tenemos además un pacto fundamental común que se aplica mientras continuemos en el proyecto europeo", ha dicho el ministro francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune.

"Ha habido varias menciones al resultado electoral por parte de la ministra. Pero el Estado de derecho significa también una limitación de las posibilidades de actuar de las autoridades que tienen una gran mayoría parlamentaria o entre la población" y una protección de las minorías contra cualquier forma de discriminación, ha insistido Reynders.