La Comisión Europea ha dado luz verde este miércoles -con un año de retraso- al plan de recuperación presentado por Polonia para acceder a los 35.400 millones de fondos Next Generation que le corresponden. Una decisión que ha sido particularmente polémica. Un total de cinco comisarios han planteado objeciones a la propuesta de Ursula von der Leyen por considerar que no hay garantías suficientes de que Varsovia vaya a revertir las reformas que amenazan la independencia judicial.
En concreto, han votado en contra de la decisión la danesa Margrethe Vestager y el holandés Frans Timmermans, ambos vicepresidentes del Ejecutivo comunitario. También han planteado objeciones la checa Vera Jourova, el belga Didier Reynders y la sueca Ylva Johansson, que se ocupan de las cuestiones de justicia y Estado de derecho y que no estaban presentes en la reunión, según ha informado Bloomberg.
La presidenta de la Comisión viaja este jueves a Varsovia para entregarle en mano su dictamen positivo al primer ministro, Mateusz Morawiecki. El Ejecutivo comunitario asegura que no habrá ningún desembolso de fondos Next Generation hasta que Polonia cumpla los objetivos y los hitos a los que se ha comprometido para garantizar que los jueces no estén sometidos al control político. Varsovia no tiene derecho a recibir un anticipo -que no conlleva condiciones- debido al retraso en la aprobación de su plan.
Tras el visto bueno de Bruselas, el plan de recuperación de Polonia tiene que ser ratificado formalmente por el Ecofin, que dispone de un mes de plazo, y donde por primera vez podría haber también votos en contra.
Uno de los principales argumentos que han decantado la decisión del Ejecutivo comunitario es la necesidad de ayudar a Varsovia a hacer frente a los gastos de los 3,6 millones de refugiados que han escapado de la guerra en Ucrania. Morawiecki es además uno de los líderes de la UE más duros contra Vladímir Putin.
Pero desde su llegada al poder en octubre de 2015, el Gobierno de derecha radical de Ley y Justicia mantiene un pulso con Bruselas a cuenta de la reforma judicial. Morawiecki sostiene que se trata de acabar con los jueces que perviven del régimen comunista, mientras que el Ejecutivo comunitario considera que su objetivo último es acabar con la independencia judicial y someter a los tribunales al poder político.
En diciembre de 2017, la Comisión activó por primera vez el 'botón nuclear' contra Polonia, el procedimiento sancionador previsto por el artículo 7 del Tratado contra los países donde hay riesgos sistémicos para la supervivencia del Estado de derecho. Un expediente que podría acabar en la suspensión del derecho de voto de Varsovia en la UE. Pero nunca se ha llegado a esta fase porque Morawiecki ha contado siempre con el apoyo del húngaro Viktor Orbán, que está sujeto a un procedimiento similar.
Además, el Ejecutivo comunitario ha lanzado numerosos expedientes contra Varsovia por incumplir las reglas europeas en materia de independencia judicial, que han acabado en condenas firmes del TJUE. Sin embargo, el Gobierno de Ley y Justicia se ha negado hasta ahora a acatar las sentencias. De hecho, el Tribunal Constitucional polaco ha dictaminado que la legislación del país prevalece sobre el derecho comunitario, lo que vulnera uno de los principios básicos de la construcción europea.
Von der Leyen espera ahora que con el desbloqueo del plan de recuperación, Polonia tenga más incentivos para revertir la reforma judicial. Como para el resto de Estados miembros, los 35.400 millones de Next Generation de Polonia se han dividido en tramos y los desembolsos están condicionados al cumplimiento de las reformas. Además, cualquier país puede activar el 'freno de emergencia' para detener los pagos.
En todo caso, la luz verde de Bruselas separa definitivamente los caminos de Polonia y Hungría. En el caso húngaro, el Ejecutivo comunitario mantiene el bloqueo sobre los 7.200 millones de su plan de recuperación. Orbán se niega a aplicar las reformas que reclama Bruselas para poner fin al fraude y la corrupción generalizadas en el país, así como para garantizar los derechos fundamentales.