El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves -por 433 votos a favor, 123 en contra y 28 abstenciones- un duro informe que sostiene que la Hungría de Viktor Orbán ha dejado de ser una democracia plena para convertirse en un "régimen híbrido de autocracia electoral". Es decir, un sistema constitucional en el que se celebran elecciones, pero que no respeta las normas y estándares democráticos.
Los eurodiputados sostienen que la deriva autoritaria de Hungría ha empeorado en los últimos 4 años debido a los "esfuerzos deliberados y sistémicos del Gobierno" de Orbán. Pero denuncian también la "inacción" de la UE, que ha sido incapaz de aplicar las sanciones previstas en el artículo 7 del Tratado para los países que vulneran los valores europeos. En este sentido, la Eurocámara reclama congelar todas las ayudas europeas a Hungría hasta que cumpla las recomendaciones de Bruselas y las sentencias del Tribunal de Justicia.
Precisamente, la Comisión de Ursula von der Leyen tiene previsto proponer este domingo la congelación de miles de millones de euros de fondos comunitarios a Hungría por los casos de corrupción y fraude generalizados en el país. Será la primera vez que se activa el nuevo reglamento que condiciona el pago de las ayudas europeas al respeto del Estado de derecho.
[Bruselas lanza el expediente para congelar fondos a Hungría por corrupción y fraude]
La cifra exacta de ayudas europeas que Hungría podría perder todavía no esta clara. El comisario de Presupuestos, el austriaco Johannes Hahn, propuso en julio suspender el 70% de los fondos de tres programas concretos destinados a transporte, energía y desarrollo. Según la prensa húngara, esto equivaldría a alrededor de 8.800 millones de euros congelados.
El Ejecutivo comunitario se plantea ahora revisar ligeramente a la baja la cantidad (hasta el 60% o el 50% de los programas en cuestión) para reflejar que en las últimas semanas el Gobierno de Orbán ha empezado a moverse para atender las demandas de la UE. Su combativa ministra de Justicia, Judit Vargas, ha lanzado una ofensiva diplomática para tratar de convencer a la Comisión de que no congele los fondos. Un cambio de postura que refleja la gravedad de la crisis económica que vive el país.
Hungría ofrece ahora crear una nueva oficina anticorrupción, reformar las normas de licitación y adjudicación de contratos públicos y poner en marcha un nuevo sistema de declaración pública de bienes y rentas de miembros del Parlamento. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas se ha aprobado todavía, y los plazos legales obligan a Bruselas a seguir adelante con las sanciones: el procedimiento se lanzó en abril y el plazo legal para tomar una decisión vence el 21 de septiembre.
En todo caso, el Ejecutivo comunitario dejará la puerta abierta al diálogo. La decisión final sobre la congelación de fondos deben tomarla los Gobiernos de los 27, que disponen de un plazo de hasta tres meses. Si Orbán aprueba las nuevas leyes anticorrupción a finales de octubre o principios de noviembre, como tiene previsto, el expediente podría cerrarse sin consecuencias. Quedaría pendiente el plan de recuperación Next Generation de Hungría, cuya dotación asciende a 7.200 millones de euros y que lleva paralizado desde hace más de un año.
El pleno del Parlamento Europeo, durante las votaciones de este jueves en Estrasburgo
En el informe aprobado este jueves, la Eurocámara reitera su preocupación sobre numerosas cuestiones relativas a la democracia y los derechos fundamentales en Hungría. Entre las principales áreas que generan inquietud figuran el funcionamiento de los sistemas constitucional y electoral, la independencia de la judicatura, la corrupción y los conflictos de interés y la libertad de expresión, incluido el pluralismo informativo.
La libertad académica, de religión y de asociación, el derecho a la igualdad de trato, incluidos los derechos de las personas LGBTIQ, los derechos de las minorías, así como los de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, también son áreas problemáticas para el Parlamento Europeo.
"Las conclusiones de este informe son claras e irrevocables: Hungría no es una democracia. Era más urgente que nunca para el Parlamento adoptar esta posición, dado el ritmo alarmante al que se deteriora el Estado de derecho en Hungría. Además de constatar la estrategia hacia la autocracia de Fidesz, la gran mayoría de eurodiputados que apoya esta posición no tiene precedentes. Esto debe servir de llamada de atención para el Consejo y la Comisión", ha dicho la ponente del informe, la eurodiputada verde francesa Gwendoline Delbos-Corfield.