La UE congela 13.300 millones de fondos a Hungría hasta que garantice la independencia judicial

Bruselas propone mantener congelados hasta 13.300 millones de euros de fondos europeos adjudicados a Hungría (7.500 millones de ayudas regionales y 5.800 millones del plan de recuperación pospandemia) hasta que el Gobierno de Viktor Orbán ejecute todas las reformas comprometidas con la UE para combatir el fraude y la corrupción y garantizar la independencia del poder judicial. 

La decisión final sobre los fondos corresponde no obstante a los Estados miembros, que tendrán que votar durante los próximos días. Como medida de presión a sus socios, el Gobierno de Orbán está bloqueando otros expedientes no relacionados que requieren unanimidad, como el tipo mínimo del 15% para multinacionales o el paquete de ayudas de 18.000 millones para ayudar a Ucrania a sobrevivir el 2023.

Hungría es también el único país (junto con Turquía) que todavía no ha ratificado la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Orbán asegura que "Hungría nunca ha vinculado ni vinculará ningún otro asunto con la cuestión de los fondos de la UE". Pero sus socios europeos no le creen. El comisario de Presupuestos, el austriaco Johannes Hahn, ha dicho este miércoles que sí "parece que hay una correlación", pero ha avisado de que Bruselas siempre tiene un "plan B" en caso de que Budapest no levante su veto.

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En concreto, la Comisión de Ursula von der Leyen ha adoptado este miércoles dos decisiones separadas sobre los fondos para Hungría, pero estrechamente relacionadas porque ambas tienen que ver con la deriva autoritaria de Orbán. 

En primer lugar, el Ejecutivo comunitario mantiene la propuesta que hizo en septiembre de congelar un total de 7.500 millones de euros de fondos europeos adjudicados a Hungría (un tercio del total de las ayudas regionales del periodo 2021-2027).

Una medida que justifica por los casos de corrupción y fraude generalizados en el país, que afectan a los intereses financieros de la UE. Es la primera vez que se activa el nuevo mecanismo que condiciona el pago de las ayudas europeas al respeto del Estado de derecho. 

En un intento final desesperado de frenar esta congelación de fondos, el Gobierno de Budapest ofreció un paquete de 17 medidas, entre las que destacan la creación de una nueva oficina anticorrupción con amplios poderes, la reforma de la ley de contratos públicos y la puesta en marcha de un nuevo sistema de declaración pública de bienes y rentas de miembros del Gobierno y del Parlamento. 

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Dos meses más tarde, el Ejecutivo comunitario ha dictaminado que, aunque estas medidas podrían resolver los problemas detectados, Orbán no ha realizado suficientes progresos en la puesta en práctica. Por eso mantiene su recomendación de congelar los 7.500 millones. El plazo legal para que el Ecofin adopte una decisión final, por mayoría cualificada, concluye el 19 de diciembre.

La segunda decisión de Bruselas consiste en aprobar el plan de recuperación pospandemia de Hungría, cuya dotación asciende a 5.800 millones de euros. El Gobierno de Orbán lo envió a la Comisión Europea en mayo de 2021, pero hasta ahora estaba paralizado precisamente por los problemas de Budapest con el Estado de derecho.

El Ejecutivo comunitario propone darle luz verde porque si no se adopta antes de que acabe el año, Hungría perdería todo el dinero de Next Generation. Sin embargo, el equipo de Ursula von der Leyen ha dejado claro que no realizará ningún pago hasta que Orbán ejecute todas las reformas comprometidas no sólo para combatir el fraude y la corrupción, sino también para garantizar la independencia judicial.

En concreto, Bruselas reclama a Budapest aumentar los poderes del Consejo Judicial Nacional independiente para "limitar la influencia indebida y las decisiones discrecionales, y garantizar una administración de los tribunales más objetiva y transparente".

Budapest deberá además reformar el funcionamiento de su Tribunal Supremo con el fin de reducir los riesgos de influencia política, así como suprimir el papel del Tribunal Constitucional en la revisión de las decisiones finales de los jueces a solicitud de las autoridades públicas; y acabar con la posibilidad de que el Tribunal Supremo revise las cuestiones que los jueces pretenden remitir al Tribunal de Justicia de la UE.