Los sindicatos cifran en 2 millones los manifestantes contra la reforma de las pensiones de Macron

Francia vive este martes otra jornada de huelgas y protestas a escala nacional contra el proyecto de reforma de las pensiones. Los trabajadores en huelga han interrumpido la actividad de las gasolineras, el transporte público y las escuelas este martes en el segundo día de protestas a lo largo y ancho del país contra el presidente Emmanuel Macron. que pretende sacar adelante una reforma de las pensiones que prevé alargar la vida laboral de los trabajadores antes de acceder a la jubilación. Pasando de los 625 años actuales a los 64.

Miles de personas han salido a las calles en varias ciudades de Francia para manifestarse en contra de un reforma que consideran injusta.

El gobierno francés ha desplegado hasta 11.000 agentes por todo el país, 4.000 de ellos en París, ante el temor del Gobierno de que pequeños grupos de radicales violentos pudieran generar disturbios.

Los dos principales sindicatos de Francia aseguraron que la participación en las protestas de este martes ya supera a la del 19 de enero, cuando se celebró la primera gran jornada de manifestaciones.

En declaraciones a EFE, Laurent Berger, líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), primer sindicato del país, y Philippe Martínez, de la Confederación General del Trabajo (CGT), aseveraron que la jornada de contestación de hoy ya adelanta a la precedente, cuando salieron a la calle entre 1 y 2 millones de personas.

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"Las cifras que manejamos es que, en toda Francia, hay más manifestantes que hace diez días. El descontento está bien instalado", aseguró Martínez, sin dar más precisiones sobre las cifras.

Seguimiento

El seguimiento de la huelga será importante sobre todo en los transportes ya que solo circularán, de media, un tercio de los trenes de alta velocidad (TGV).

En las líneas ferroviarias internacionales habrá un tráfico casi normal en los Eurostar a Londres y en los Thalys a Bélgica, Países Bajos y Alemania, pero se han cancelado en cambio los dos trenes por sentido del corredor París-Barcelona.

Será también muy difícil desplazarse en transporte público en el área metropolitana de París ya que se han suprimido, según las líneas, entre dos tercios y el 90 % de los trenes de cercanías. El metro solo funcionará a medio gas pero los autobuses quedarán menos afectados.

Los paros de controladores aéreos han obligado a cancelar un 20% de los vuelos con salida o destino en el aeropuerto parisino de Orly.

En el caso de Air France, eso se traducirá en la supresión de un 10 % de sus vuelos del día, aunque ha optado por preservar todos los de largo recorrido (intercontinentales) y tampoco se verá afectada ninguna de sus rutas con España.

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Los sindicatos pretenden con esta jornada de movilizaciones obligar al Gobierno francés a retirar su reforma, que prevé retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y adelantar a 2027 el alargamiento a 43 años (42 actualmente) del periodo de cotización necesario para cobrar una pensión completa.

Saben que tienen de su lado a la opinión pública, ya que todos los sondeos de opinión muestran una oposición muy mayoritaria de los franceses al proyecto (un 61% según un sondeo que publica hoy el diario económico Les Echos).

Se trata de un rechazo que en términos generales no ha bajado desde que el Gobierno presentó su proyecto, el pasado 10 de enero, incluso a pesar de la multiplicación de apariciones de miembros del Gobierno en los medios para insistir en la necesidad de la reforma para asegurar la solidez del sistema de pensiones a medio y largo plazo.

A favor del Ejecutivo, una mayoría de los franceses no tiene intención de movilizarse para impedir la reforma (un 73 % según una encuesta de la semana pasada).

A pesar de la presión, la primera ministra, Élisabeth Borne, dejó claro el pasado domingo en una entrevista que las dos medidas estrella de la reforma (el retraso a 64 años de la edad mínima de jubilación y el aumento a 43 años del periodo de cotización para tener la pensión completa) son algo que "no es negociable".

El texto comenzó a estudiarse este lunes en comisión en la Asamblea Nacional, donde los partidos de izquierda y la ultraderecha se oponen, aunque el bloque gubernamental espera recibir el necesario apoyo de los conservadores para sacarlo adelante.