El fracaso de las cuotas voluntarias de migrantes en la UE: sólo 34 traslados desde España

Este Mecanismo Voluntario de Solidaridad se creó en junio de 2022 con el objetivo de reubicar a 10.000 migrantes en el plazo de un año desde los países en primera línea de las fronteras exteriores comunitarias (como España, Italia o Grecia) a otros Estados miembros.

Pese a su carácter optativo, el instrumento no contó con un apoyo unánime. Sólo lo suscribieron 18 de los 27 Estados miembros: España, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Grecia, Finlandia, Francia, Croacia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal y Rumanía. Seis países -Austria, Dinamarca, Polonia, Hungría, Letonia y Eslovaquia- lo rechazaron expresamente.

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Transcurridos casi 10 meses desde el acuerdo, apenas se han llevado a cabo un total de 950 reubicaciones de migrantes, es decir, una décima parte de la cifra global prevista, según las últimas cifras a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. El principal país beneficiario ha sido Italia, desde donde se ha trasladado a un total de 578 personas a Francia, Alemania, Luxemburgo y Croacia. 

Desde Chipre se ha reubicado a 335 migrantes hacia Alemania, Rumanía, Bulgaria y Francia. España sólo se ha beneficiado una vez este mecanismo, con 34 migrantes trasladados a Francia el pasado 14 de febrero. En Malta también ha habido un único trasalado de 3 personas a Rumanía. 

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su homóloga italiana, Giorgia Meloni, durante su reunión en Roma a principios de abril.

Estas cifras raquíticas contrastan con la presión migratoria que están sufriendo en estos momentos los países de primera línea, particularmente Italia. Sólo en los tres primeros meses de 2023, el número de entradas irregulares a la UE ascendió a 54.000, un 26% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos más recientes de Frontex.

La ruta del Mediterráneo Central representa más de la mitad (27.651 personas) de las llegadas irreglares, con un aumento del 305%. En contraste, la presión migratoria disminuyó un 62% en la ruta de Canarias (2.216 llegadas irregulares), aunque aumentó un 9% (hasta 1.946) en la ruta del Mediterráneo Oriental entre el Norte de África y España.

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La falta de solidaridad europea en materia migratoria es precisamente el principal argumento esgrimido por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para decretar el estado de emergencia migratorio durante los próximos seis meses. Una decisión sobre la que la Comisión de Ursula von der Leyen se ha puesto de perfil con el argumento de que se trata de competencias nacionales.

¿Por qué ha fracasado este Mecanismo Voluntario de Solidaridad? La propia Bruselas daba una serie de razones en un documento interno que se distribuyó entre los ministros del Interior el pasado diciembre: la falta de recursos suficientes; la lentitud en los procedimientos de registro, entrevistas a los candidatos y gestión de los expedientes; o las preferencias excesivamente restrictivas de los países de destino a la hora de seleccionar a los migrantes.

El Ejecutivo comunitario sostiene que las reubicaciones se acelerarán en las próximas semanas y meses gracias a la mayor práctica de los países participantes. Y también por una simplificación de los procedimientos que se aprobó el pasado febrero y que según Bruselas facilitará y flexibilizará la selección de los candidatos a la reubicación y mejorará el intercambio de información entre todos los países participantes.

El establecimiento de un mecanismo permanente y obligatorio de reparto de migrantes es una de las principales reivindicaciones de España, Italia o Grecia en las negociaciones del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. Al mismo tiempo, constituye el principal escollo para alcanzar un acuerdo, ya que los países del Este (en particular Polonia y Hungría) rechazan de plano cualquier sistema de cuotas. Un bloqueo que persiste desde la crisis de refugiados de 2015.

El último en pronunciarse sobre esta cuestión ha sido esta misma semana el Parlamento Europeo, que es colegislador en materia migratoria. En un informe cuyo ponente es el eurodiputado del PSOE y presidente del comité de Libertades Civiles, Justicia e Interior, Juan Fernando López Aguilar, la Eurocámara defiende la implantación de cuotas obligatorias pero únicamente en una situación de crisis, cuando un Estado miembro se enfrente a llegadas masivas y repentinas de migrantes.