Los embajadores de los Veintisiete han aprobado este miércoles en Bruselas la última pieza pendiente del Pacto Europeo de Migración y Asilo: el reglamento sobre situaciones de crisis. El acuerdo se había constatado ya en la reunión de ministros del Interior del jueves de la semana pasada bajo presidencia de Fernando Grande-Marlaska, pero no llegó a formalizarse por una disputa en tiempo de descuento entre Alemania e Italia.
A la vez que el Gobierno de Olaf Scholz aceptaba desbloquear el Pacto, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ya estaba en el sí, introdujo reservas de última hora. Roma se queja en particular de que Berlín financie los barcos de las ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo, lo que a su juicio provoca un efecto llamada.
Finalmente, Italia ha acabado levantando sus reservas, lo que ha permitido el acuerdo. En contra del reglamento de crisis han votado Polonia y Hungría, que se oponen a cualquier tipo de solidaridad obligatoria en la gestión de la migración. Austria, Eslovaquia y República Checa se han abstenido, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes europeas. Se ha evitado el peor escenario: que la cuestión migratoria contaminara la cumbre informal de la UE que se celebra este viernes en Granada.
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"Hoy hemos dado un gran paso adelante en una cuestión crítica para el futuro de la UE. Con el acuerdo de hoy estamos en una mejor posición para alcanzar un acuerdo sobre todo el Pacto de Asilo y Migración con el Parlamento Europeo antes de finales de este semestre", ha dicho Grande-Marlaska en un comunicado.
La norma en cuestión regula el mecanismo de crisis que se activará para asistir a los Estados miembros afectados por llegadas repentinas y masivas de nacionales de terceros países. Incluso en esta situación de presión extrema, la UE renuncia a establecer cuotas obligatorias de reparto de refugiados entre los Estados miembros, una medida que reclamaban los países de primera línea, como Italia, España o Grecia.
En su lugar, el reglamento contempla un menú de opciones de solidaridad a la carta para que cada país elija. Además de las reubicaciones de refugiados, los Estados miembros pueden optar por ofrecer contribuciones financieras, apoyo para las devoluciones de migrantes irregulares, el procesamiento a distancia de demandas de asilo u otras medidas alternativas que contribuyan a resolver la crisis.
En paralelo a las medidas de solidaridad, el reglamento aprobado por los 27 permite al país afectado por una crisis migratoria grave flexibilizar o suspender temporalmente las obligaciones que le imponen las normas de la UE sobre asilo. Este es uno de los puntos que preocupaba particularmente a Alemania, por considerar que reduciría la protección a los refugiados. Por ello, Berlín reclamaba excepciones para las familias con niños, pero al final no las ha logrado.
En virtud del reglamento de crisis, Bruselas tendrá que elaborar un plan de solidaridad en el que se recojan tanto las medidas de apoyo como las derogaciones y excepciones que se autoricen al Estado miembro que sufra una situación de fuerza mayor. Un plan que tiene que ser ratificado por los Estados miembros.
El acuerdo entre los Veintisiete todavía no es el final del camino. Todas las piezas del Pacto de Migración tienen que negociarse y acordarse con el Parlamento Europeo, que es colegislador en la materia. De hecho, la Eurocámara decidió hace 15 días suspender el diálogo con los Gobiernos como medida de presión para forzar la aprobación del reglamento de crisis.
El principal escollo en las negociaciones entre el Parlamento y los Gobiernos -que debe pilotar la presidencia española de la UE- es precisamente la cuestión del reparto de migrantes. En contra de lo que han decidido los 27, el ponente de la Eurocámara, el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar, sí quiere introducir cuotas obligatorias en el reglamento de crisis.
En todo caso, el objetivo de todas las partes es alcanzar un acuerdo definitivo sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo a finales de año o en enero de 2024. De lo contrario, no habría tiempo para completar todos los trámites antes de las elecciones europeas de junio del año que viene.