"Tras casi 8 años debatiendo sobre un nuevo marco jurídico europeo que responda mejor a los retos de la inmigración y el asilo, hoy nos encontramos más cerca que nunca de un acuerdo", sostiene el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La presidencia española de la Unión Europea y los negociadores de la Eurocámara celebran este jueves una sesión maratoniana de diálogo con el fin de cerrar los "últimos flecos" del Pacto Europeo de Migración y Asilo, uno de los objetivos prioritarios que se había fijado el Gobierno de Pedro Sánchez. Está previsto que el compromiso definitivo se cierre la penúltima semana de diciembre, justo antes de la pausa navideña.
Desde la crisis de refugiados de 2015, la política migratoria se ha convertido en uno de los problemas más tóxicos y divisivos en la UE. La incapacidad mostrada por Europa a la hora de gestionar los flujos de migrantes y demandantes de asilo es además uno de los factores que han impulsado el crecimiento de los partidos de ultraderecha en muchos Estados miembros.
Con el nuevo Pacto (compuesto por un total de 9 textos legislativos), los dirigentes comunitarios pretenden tomar las riendas y demostrar a sus ciudadanos que sí son capaces de gestionar la migración. "Lo que espero del Pacto de Migración es una reducción de las llegadas irregulares y un descenso de solicitudes de asilo de aquellos que no necesitan protección internacional", sostiene la comisaria de Interior, la sueca Ylva Johansson.
La prioridad absoluta en la que coinciden todos los Estados miembros (y que ha acabado aceptando la Eurocámara) es reforzar las fronteras exteriores de la UE con el fin de reducir las entradas irregulares. Al mismo tiempo, la reforma establece un sistema de solidaridad a la carta para asistir a los países en primera línea de la frontera, como España, Italia, Grecia o Malta.
El acuerdo se ha desbloqueado gracias a que el Parlamento Europeo renuncia a su exigencia inicial de fijar cuotas obligatorias de reparto de migrantes entre los Estados miembros. Una medida que reclamaba también el Gobierno de Sánchez, pero que no ha logrado una mayoría suficiente entre los Gobiernos. El reparto obligatorio que se aprobó en 2015 acabó en fracaso y provocó una brecha sin precedentes entre el Este y el Oeste que todavía no se ha curado.
En su lugar, el Pacto crea un mecanismo voluntario de reparto de migrantes, cuyo objetivo es redistribuir al menos 30.000 personas al año entre los Estados miembros. Los países que rechacen acoger migrantes deberán pagar una penalización de 20.000 euros por persona o aportar algún otro tipo de ayuda a los afectados por la presión migratoria.
Una vez resuelto el principal escollo que separaba a Gobiernos y Eurocámara, los temas pendientes de resolver son de menor entidad, y la previsión de todas las partes es que puedan resolverse en las próximas tres semanas. Entre las principales novedades de la reforma se encuentra la creación de un nuevo procedimiento acelerado de asilo en frontera, cuyo objetivo es tratar con rapidez los casos de migrantes con pocas posibilidades de obtener protección.
No al 'modelo Ruanda'
Una de las demandas que sigue planteando la Eurocámara (de momento sin éxito) es que los menores no acompañados y las familias con niños queden exentos de este procedimiento en frontera y se les aplique el procedimiento normal de asilo. El Parlamento también exige que los Estados miembros cuenten con capacidades de recepción adecuadas, así como un mecanismo de vigilancia del respeto de los derechos fundamentales.
Los eurodiputados también se oponen a que el nuevo procedimiento de control para identificar a los migrantes irregulares y tomar sus huellas se aplique también a las personas interceptadas en territorio comunitario que hayan eludido en primera instancia los controles en las fronteras exteriores. Consideran que eso abre la puerta a la discriminación racial y a que las mismas personas sean objeto de controles una y otra vez.
Finalmente, el tercer gran escollo pendiente es la definición de los países extracomunitarios seguros en los que se pueden examinar las demandas de asilo. La Eurocámara reclama aquí también salvaguardas para impedir que se reproduzca en la UE el plan de Reino Unido de enviar a sus solicitantes de asilo a Ruanda para que se tramite allí su petición.