La Comisión de Ursula von der Leyen ha decidido este jueves denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir la directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. Un déficit que afecta especialmente a municipios de Canarias, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón.
Bruselas ha decidido dar este paso tras constatar que las autoridades competentes siguen sin solventar los problemas detectados pese a que ha transcurrido más de una década desde que lanzó el primer expediente sancionador por falta de depuradoras.
La directiva en cuestión tiene por objeto proteger la salud de las personas y el medioambiente, al establecer la exigencia de que las aguas residuales urbanas se recojan y traten antes de verterse al medio ambiente.
"Las aguas residuales no tratadas pueden poner en peligro la salud humana y contaminar los lagos, los ríos, el suelo y las aguas costeras y subterráneas", ha avisado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
La información recopilada por Bruselas ha puesto de manifiesto un "incumplimiento generalizado" de la directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas en España. En el caso de 29 municipios (28 en la isla de Tenerife y 1 en Andalucía), todavía no existen sistemas colectores de aguas residuales urbanas o mecanismos alternativos que alcancen el mismo nivel de protección medioambiental.
Por su parte, en otras 225 localidades (90 en Andalucía, 50 en Extremadura, 29 en Canarias, 29 en Castilla-La Mancha, 16 en Castilla y León, 10 en Aragón y 1 en Galicia), las depuradoras que hay son insuficientes para tratar los vertidos de aguas residuales urbanas. Según Bruselas, se necesitan nuevas infraestructuras o como mínimo una mejora de las instalaciones de tratamiento ya existentes.
La Comisión envió una primera carta de emplazamiento a España en junio de 2012, a la que siguieron un dictamen motivado en febrero de 2015 y otro más en junio de 2021. A pesar de que se ha registrado algún progreso, las autoridades españolas "siguen sin solventar por completo las deficiencias". Por este motivo, el Ejecutivo comunitario lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Pacto Verde Europeo, con su Plan de Acción «Contaminación Cero», exige que la contaminación del aire, el agua y el suelo se reduzca a niveles que ya no se consideren perjudiciales para la salud humana y los ecosistemas naturales.