El Parlamento británico ha dado luz verde en la madrugada del martes el plan del Gobierno para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda tras reconocer al país africano como un destino seguro. La aprobación de esta legislación se había retrasado varias semanas por los intentos en la Cámara de Lores de modificar el plan. Sin embargo, finalmente se ha aceptado sin ningún cambio.
El primer ministro británico, Rishi Sunak, prometió el lunes comenzar a enviar solicitantes de asilo a Ruanda en un plazo de 10 a 12 semanas. Asimismo, aseguró que el gobierno había reservado aviones comerciales chárter y había capacitado personal para llevar inmigrantes a Ruanda, una política que espera que impulse la debilitada fortuna de su Partido Conservador antes de las elecciones de este año.
Tras ser aprobada en la Cámara de los Comunes, ahora quedaba que pasase por la Cámara de los Lores. Esta Cámara se negaba a respaldar la polémica legislación sin salvaguardas adicionales, pero finalmente ha cedido después de que Sunak dijera que el gobierno obligaría al Parlamento a estar reunidos las horas que fuesen necesarias para sacarla adelante.
Aprobada en Reino Unido la ley que permitirá el envío de inmigrantes ilegales a Ruanda.
"Sin condiciones ni peros. Estos vuelos van a Ruanda", dijo Sunak en una rueda de prensa el lunes por la mañana.
Decenas de miles de inmigrantes -muchos de ellos huyendo de las guerras y la pobreza en África, Oriente Medio y Asia- han llegado a Gran Bretaña en los últimos años cruzando el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones en viajes arriesgados organizados por organizaciones de tráfico de personas.
Detener el flujo es una prioridad para el gobierno, pero los críticos dicen que el plan de deportar personas a Ruanda en lugar de gestionar a los solicitantes de asilo en su país es inhumano.
Según Reuters, entre sus preocupaciones están el propio historial de derechos humanos del país de África Oriental y el riesgo de que los solicitantes de asilo sean enviados de regreso a países donde enfrentan peligro.
Sin cambios en el texto
La nueva ley de Sunak establece que algunos estatutos de derechos humanos existentes en el Reino Unido no se aplicarán al plan y los jueces británicos deben tratar a Ruanda como un destino seguro, en un intento por anular un fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal el plan.
También limita las opciones de los individuos para apelar sólo a casos excepcionales.
Otros países europeos, incluidos Austria y Alemania, también están estudiando acuerdos para procesar a los solicitantes de asilo en el extranjero.
Algunos de los parlamentarios laboristas y no afiliados querían que la legislación incluyera salvaguardas para los afganos que previamente hubiesen ayudado a las tropas británicas y que se estableciera un comité para monitorear la seguridad de los solicitantes de asilo en Ruanda. Pero finalmente los Lores permitieron que la legislación superase su paso parlamentario final sin ningún cambio formal.
Se espera que la legislación reciba la aprobación real del rey Carlos a finales de esta semana y luego se convierta en ley.
Antes de que se aprobara la legislación, Sunak dijo que un aeródromo estaba en espera, que se habían reservado espacios para vuelos y que 500 empleados estaban listos para escoltar a los inmigrantes "hasta Ruanda".
Según la política formulada hace dos años, y acordada con Ruanda, cualquier solicitante de asilo que llegue ilegalmente a Gran Bretaña será enviado a Ruanda bajo un plan que, según el gobierno, disuadirá los cruces del Canal y destruirá el modelo de negocios de los traficantes de personas.
Los laboristas, en contra
El equipo de Sunak espera que la promesa preelectoral ayude a mejorar su posición en las encuestas, particularmente entre los votantes conservadores vacilantes que quieren ver menos inmigración.
Los sondeos sugieren que el Partido Conservador será duramente derrotado en las elecciones, previstas en enero de 2025, por el Partido Laborista, que ha dicho que abandonará el plan si gana el poder. El Partido Laborista dice que buscará un acuerdo con la Unión Europea para devolver algunas llegadas a Europa continental.
Incluso después de superar con éxito los obstáculos parlamentarios, Sunak aún puede enfrentar desafíos legales a la ley.
Organizaciones benéficas y grupos de derechos humanos dicen que intentarán detener las deportaciones individuales y el sindicato que representa al personal de la fuerza fronteriza promete argumentar que la nueva legislación es ilegal "a los pocos días" de que los primeros solicitantes de asilo sean informados de que serán enviados a Ruanda.
"Necesitamos urgentemente que el gobierno del Reino Unido comience a tratar a los refugiados con decencia y deje de intentar enviarlos a un futuro inseguro en Ruanda", dijo en un comunicado Lucy Gregg, jefa interina de Defensa de Freedom from Torture.