El Gobierno central británico y los ayuntamientos, las empresas constructoras y el servicio de bomberos centraron las críticas del demoledor informe final publicado este miércoles sobre el incendio de la Torre Grenfell en Londres, que causó 72 muertos el 14 de junio de 2017.
Al presentar sus conclusiones tras siete años de investigación, el exjuez Martin Moore-Bick afirmó que la catástrofe supuso "la culminación de décadas de negligencia" de las autoridades y el sector privado en abordar los riesgos de utilizar materiales combustibles en la construcción.
Según el documento de 1.700 páginas, el servicio de bomberos londinense carecía en ese momento de la capacitación y estrategia necesarias para afrontar un fuego en un edificio de 24 pisos, que empezó cuando se quemó una nevera en el cuarto y se propagó rápidamente por la fachada.
Disculpa en nombre del Estado
En una declaración parlamentaria, el primer ministro, Keir Starmer, se disculpó ante las víctimas en nombre del Estado y prometió vetar a las firmas consideradas responsables de futuros contratos con la Administración pública.
Al igual que Moore-Bick, subrayó que la tragedia fue evitable y admitió que el país falló "antes, durante y después" del suceso a los residentes de Grenfell, muchos de los cuales eran inquilinos de protección oficial.
Starmer se comprometió a responder en seis meses a las 58 recomendaciones del antiguo magistrado y pidió a la Policía acelerar su revisión del caso para que los infractores sean juzgados.
El alcalde de Londres, su correligionario Sadiq Khan -que llegó al cargo en 2016-, destacó a su vez que los supervivientes demostraron durante estos años "una implacable fortaleza, dignidad y coraje en su lucha por obtener justicia".
"Los perpetradores deben rendir cuentas inmediatamente por su sistemática deshonestidad, codicia corporativa, indiferencia institucional y negligencia", manifestó en un comunicado.
Un nuevo regulador
Moore-Bick, que escuchó unos 1.600 testimonios en más de 300 audiencias donde se analizaron 320.000 documentos, sostuvo que el incendio se debió a la negligencia institucional y la "deshonestidad sistemática" de compañías que fabricaban y vendían los revestimientos que contribuyeron a propagar las llamas.
El que fuera juez del Tribunal de Apelación denunció que había una "manipulación deliberada y sostenida" de los controles contra incendios, con una interpretación sesgada de los datos y engaños al mercado por parte de firmas como Arconic, Celotex y Kingspan.
Moore-Bick lamentó que las autoridades y el sector de la construcción "fallaron gravemente" a los vecinos del edificio de 129 apartamentos ubicado en el oeste de Londres -hoy cubierto para ocultar su esqueleto calcinado-, que posibilitaron el incendio con su "incompetencia, deshonestidad y avaricia".
Como principales recomendaciones, propuso la creación de un regulador único para la construcción, dependiente de un ministerio que lo supervise, al concluir que la gestión de la seguridad de los edificios en la jurisdicción de Inglaterra y Gales es "gravemente defectuosa, compleja y fragmentada".
También defendió constituir un Colegio de Bomberos y Rescate para mejorar la formación de los profesionales, así como las técnicas para examinar la idoneidad de los materiales.
Tras publicarse este informe, la Policía Metropolitana de Londres analizará su contenido en los próximos 18 meses para determinar si se cometieron delitos que puedan llevarse ante la Justicia, mientras que las víctimas y sus familiares urgen a castigar a los responsables.