Joe Biden y Benjamin Netanyahu durante una conferencia de prensa conjunta en Tel Aviv, Israel, el pasado 18 de octubre. Efe
Biden, atrapado en medio del fuego cruzado de la CPI e Israel y bajo la presión de los republicanos
El presidente estadounidese considera "inmoral" cualquier comparación de los líderes del Estado judío con los de la banda terrorista Hamás.
21 mayo, 2024 02:22"Las bombas de 2.000 libras se han utilizado para matar a civiles en Gaza. Ha sido uno de los medios con los que se ha atacado a los centros de población". Esa fue la explicación que dio hace apenas doce días el presidente Joe Biden a la cadena CNN para justificar el embargo momentáneo del envío de ese tipo de bombas y otras piezas de munición a Israel. Una de las grandes obsesiones de la Casa Blanca ha sido, desde el mismo 7 de octubre, intentar guiar la respuesta de Israel en Gaza de manera que no se cometieran excesos. No ha habido manera de conseguirlo.
Estados Unidos ha alertado a Israel repetidas veces de que su derecho a la respuesta tenía que entrar en los márgenes de la ley internacional. Lo hizo antes incluso de la invasión terrestre y ha insistido en ello en discusiones privadas y comparecencias públicas. El Secretario de Estado, Antony Blinken, lleva siete meses y medio tratando de buscar salidas diplomáticas a un conflicto cuyas consecuencias sobre los civiles son evidentes e incontestables. La Casa Blanca trazó la línea roja en Rafah y elevó el tono tras la matanza de varios cooperantes de la organización World Central Kitchen, pero la preocupación venía de mucho antes.
Sin embargo, Israel ha preferido seguir adelante con sus operaciones bélicas, a menudo con la sensación de poca planificación previa y de un nulo cuidado en las formas. La ira israelí tras los execrables actos de Hamás del 7 de octubre era lógica y comprensible. Llevarla tan lejos implicaba una serie de riesgos que iban desde el fracaso militar al colapso diplomático. Al final, sus responsables, el primer ministro Benjamin Netanyahu, y el ministro de defensa, Yoav Gallant, podrían acabar con una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), tal y como pide su fiscal, Karim Khan, lo que les colocaría en la misma situación que, por ejemplo, el presidente ruso Vladimir Putin.
La difícil relación CPI-EEUU
La noticia no ha podido pillar de sorpresa a nadie, si bien la petición de Khan no implica que dicha orden vaya a emitirse ni, por supuesto, lleva consigo la culpabilidad de Gallant y Netanyahu. Tampoco ha podido escandalizar en Washington, donde, sin duda, se temían algo así desde hace tiempo y de hecho se habían ofrecido a negociar entre la Corte e Israel, según se filtró este lunes. En la ONU, EEUU ha conseguido calmar los ánimos repetidas veces, pero hay que recordar que la CPI queda fuera de su área de influencia una vez que decidió no adherirse a su jurisprudencia cuando esta se estableció definitivamente en 2002.
En la Casa Blanca hay una cierta sensación de "teníamos razón", pero ese sentimiento ha de quedar en privado. En público, la respuesta ha sido unánime: el presidente Joe Biden consideró inmoral y "escandaloso" comparar a los líderes del Estado de Israel con los de la banda terrorista Hamás (tanto sus líderes militares Yahya Sinwar y Mohammed Deif, como su líder político, Ismail Haniyeh, también están pendientes de la decisión final de la Corte) y su Secretario de Estado afirmó que el procesamiento de los líderes israelíes podía poner en riesgo el plan de paz y el intercambio de los rehenes por prisioneros palestinos.
Teniendo en cuenta la turbulenta relación entre la CPI y EEUU, es lógico que la administración Biden haga lo que pueda por defender a su aliado y minar la reputación del tribunal internacional. Otra cosa es la repercusión que pueda tener esta decisión entre sus aliados y, sobre todo, entre sus votantes, muchos de ellos volcados en la lucha por una guerra justa en Gaza. El Partido Demócrata sabe que tiene que encontrar un equilibrio entre el apoyo a Israel y la contundencia ante sus excesos… y no le está resultando nada fácil.
El peor escenario electoral
De hecho, no es casualidad que el Partido Republicano se adelantara y diera el primer paso en esta batalla diplomático-judicial. Las desavenencias entre Estados Unidos y el Tribunal de La Haya empezaron precisamente durante la ocupación de Irak en 2003 y se han concretado en numerosas leyes que impiden a ningún soldado estadounidense ser juzgado por un tribunal extranjero o incluso testificar ante la Corte Penal. No es casualidad que los dos presidentes que más hostilidad han mostrado hacia el órgano de La Haya hayan sido republicanos: George W. Bush y Donald Trump, que llegó a imponer sanciones en 2019 a los miembros de la CPI por su intento de investigación de lo sucedido en Afganistán bajo la administración estadounidense.
Joe Biden levantó dichas sanciones cuando llegó al poder en un intento de que las relaciones fueran moderadamente cordiales y para agradar a sus aliados europeos. Los republicanos, sin embargo, siguen con la espina clavada. En un acto de cara a la galería, el "speaker" de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anunció que su partido estaba preparando una respuesta legislativa a la decisión del fiscal. Qué tipo de respuesta y cuándo estaría lista es algo que aún no se ha confirmado. No parece que se trate de nada más que de una estratagema electoral.
A menos de seis meses de los comicios presidenciales, la cuestión del apoyo a Israel se está convirtiendo en uno de los temas candentes de la precampaña, justo lo que no quería Biden bajo ningún concepto. La semana pasada, el candidato republicano, Donald Trump, acusó al presidente de “vender a Israel” en referencia al embargo de armas y declaró que “ningún judío debería votar a esta administración”.
Biden, en el medio.
La decisión de la CPI, por escasas que vayan a ser sus repercusiones prácticas, supone un varapalo para la gestión israelí del conflicto y viene a dar la razón a los aliados de Estados Unidos que dudaban de la misma, especialmente en Oriente Medio. Aparte, llega en un momento de enfrentamiento dialéctico entre Tel-Aviv y Washington y con las protestas universitarias aún muy recientes. En medio de esta tormenta, lo último que necesita Biden es que un organismo independiente establezca que Israel está cometiendo crímenes de guerra en Gaza. Por mucho que él mismo haya insinuado esos mismos crímenes en público y los haya intentado evitar por todos los medios en privado.
Que el gobierno estadounidense no reconozca la autoridad judicial de la CPI no implica que la corte no disfrute de una cierta autoridad moral entre los ciudadanos de todo el mundo. Eso incluye también a los americanos, por supuesto. Lo normal, ahora, es que las posiciones se extremen: los manifestantes propalestinos encontrarán en el fiscal Khan un aliado de peso mientras que los proisraelíes demandarán más acciones por parte del gobierno contra la CPI y más apoyo a Israel.
En medio, como siempre, Biden, su administración y sus frustrados intentos de paz que no acaban de llegar a ningún sitio. Este mismo lunes, pese a todo, las FDI anunciaban que las operaciones en Gaza probablemente tengan que prolongarse otros seis meses más. La vida sigue igual.
