El gobierno español sorprendió a todos cuando de repente decidió legislar el crowdfunding, es decir, la financiación de proyectos a base de donaciones de varios usuarios; en la actualidad está considerada como una manera de sacar adelante proyectos que de otra forma jamás conseguirían el dinero necesario, y muchos de ellos ya se han hecho realidad. Por eso la nueva ley que planteó el gobierno era tan incomprensible, y parecía mas un intento de poner cota a este movimiento que otra cosa.

Hoy se ha sabido que el texto final traerá varias modificaciones respecto al presentado inicialmente, y entre ellas está la más polémica: la limitación de invertir más de 3.000€ por proyecto y más de 6.000€ al año. Además de no tener ningún sentido, representantes de la industria temieron que esta limitación hiciese que los inversores no tuviesen más remedio que gastar su dinero en el extranjero, justo lo que necesita nuestro país en estos momentos.

Los inversores profesionales ya no tienen límite

Finalmente parece que alguien ha conseguido el teléfono del ministro De Guindos y esta limitación desaparece en los proyectos de equity crowdfunding (aquellos financiados a cambio de participaciones accionariales) y crowdlending (préstamos), aunque no del todo. Solo los inversores profesionales (es decir, entidades, clientes profesionales o minoristas que tengan cierta cantidad de fondos o volumen de negocio) quedan exentos de este límite.

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Por su parte, aquellos ciudadanos que no estén acreditados como inversores profesionales siguen teniendo el límite de 3.000€/proyecto y 6.000€/año. No es lo único que no ha cambiado: la cantidad máxima que se podrá recaudar sigue siendo 1 millón de euros, una cifra que por el momento parece segura pero no sería de extrañar que se alcanzase en grandes proyectos populares.

Por lo tanto, este es solo medio paso hacia atrás por parte del gobierno, que sigue manteniendo varias limitaciones al crowdfunding. Si bien la situación no es tan mala como hace unos meses, sigue siendo llamativo que nuestros gobernantes sean incapaces de fomentar esta nueva vía de negocio que podría traer millones de euros al país, protegiendo al consumidor al mismo tiempo de posibles fraudes.

Fuente | El Confidencial