La nueva tasa digital que el gobierno está preparando no afectará a los particulares directamente, sino que está pensada para las empresas. En concreto, este impuesto es conocido como ‘Impuesto Sobre los Servicios Digitales”, y grabará al 3% los servicios de publicidad en línea intermediación online y venta de datos de usuarios; tampoco será para todas las empresas, sino para los que cumplan unos requisitos de facturación millonarios.

Pero lo que ha sorprendido a todos es lo que se ha hecho público hoy: Hacienda investigará si las empresas están ocultando su IP real mediante algún proxy, por ejemplo, de modo que eludan este nuevo impuesto sacado de la manga que, sin duda alguna, nos acabará repercutiendo.

La medida sancionadora, de la que no se ha especificado cómo se llevará a cabo (es decir, cómo se descubrirá que, en realidad, la IP real está dentro de España), comenzará a operar al mismo tiempo que esta nueva tasa.

Hacienda multará a las empresas que oculten su IP española

Con este impuesto, al que comúnmente conocemos como ‘Tasa Google’, además, el gobierno pretende recaudar 1200 millones de euros, algo que nuestros compañeros de El Español ya han demostrado que es imposible, principalmente porque ni juntando todos los servicios digitales se alcanzaría tal cantidad; además, y como vemos, este impuesto es «una farsa».

Si no teníamos poco con impuestos tan absurdos como, por ejemplo, el Cánon Digital, que añadir desde unos pocos hasta casi 10 euros a todos aquellos dispositivos que incluyan unidades de almacenamiento o que lo sean en sí mismas (para luchar contra la piratería, dicen).

Al final, y aunque el impuesto se le aplique a las empresas, seremos los consumidores los que acabaremos pagando de más para que las empresas no denoten una caída en sus beneficios; es decir, nosotros pagaremos el pato y los nuevos y ridículos impuestos del gobierno).

«No es un impuesto sobre los consumidores, ni sobre los usuarios de esos servicios -señaló Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, cuando aún lo era-; es un impuesto a las grandes empresas que no pagan suficiente en los estados donde realizan un importante volumen de negocio»; pero claro, de las palabras a los hechos va un trecho, y los políticos promotores de esta medida no pueden ni predecir si las empresas van a sufragar este nuevo coste con el usuario, o si incluso se irán de España para que no les afecte.