China acaba de dar un paso de gigante en sus ambiciones para controlar todo lo que se hace en Internet, con la puesta en marcha de una nueva ley de "derechos en el ciberespacio".
A veces puede parecer que Internet es un "lugar sin ley", en el que cualquiera puede hacer lo que quiera; en realidad, nuestras acciones en la red tienen cada vez más consecuencias, y el mejor ejemplo en ese sentido lo tenemos en China.
El gobierno comunista no ha ocultado su interés en implementar más controles en Internet, con el objetivo de "garantizar los derechos e intereses" de sus ciudadanos; sin embargo, por el camino está tomando decisiones que pueden vulnerar otros, como el de la privacidad.
El reconocimiento facial, cada vez más extendido en China
La última ley, que entró en vigor el pasado 1 de diciembre, es tal vez la más polémica. Implica la obligatoriedad de implementar reconocimiento facial para contratar líneas de teléfono o Internet móvil, para todas las altas nuevas.
Los usuarios chinos ya están obligados a presentar la identificación personal y a compartir sus datos personales para obtener acceso a Internet; con la nueva ley, además tendrán que hacerse varias fotografías en diferentes ángulos.
Estas fotos serán escaneadas y analizadas por algoritmos de Inteligencia Artificial, y la identidad del usuario será verificada. El objetivo es garantizar que la persona que ha contratado la línea es quien realmente dice ser; por lo tanto, no habría ninguna duda de que el propietario de la línea es la persona registrada en la base de datos.
No está claro si los datos obtenidos con el reconocimiento facial se guardan en bases de datos; la ley sólo especifica que este proceso se realiza para realizar comparaciones con los datos ya obtenidos.
Oficialmente, la ley se ha establecido para evitar robos de identidad, en los que un internauta podría usar una identificación falsa para conseguir una línea de teléfono y cometer posibles delitos.
Sin embargo, a nadie se le escapa que el gobierno chino ya usa el reconocimiento facial en otros proyectos más polémicos, como el llamado "crédito social", por el que las cámaras de seguridad de las ciudades reconocen actos como cruzar con el semáforo en rojo para asignar una puntuación a cada persona.