A raíz de este suceso, el fiscal de Sala de la Unidad de Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar, ha propuesto incluso reformar el Código Penal para que los usuarios de las redes sociales tengan que identificarse obligatoriamente, y que los condenados por incitación a delitos de odio en las redes sociales sean expulsados de forma temporal de las mismas.

"Cuando yo cojo un coche o una moto, estoy plenamente identificado", ha comentado Aguilar en declaraciones a la cadena SER. "Sería interesante [aplicarlo a las redes sociales]. Muchas veces nos encontramos con esta dificultad: una investigación no puede prosperar porque desconocemos quién es el autor [de los mensajes]".

Esta iniciativa reabre un largo y enconado debate con dos bandos aparentemente irreconciliables. Por un lado, están los que creen que si se eliminara ese anonimato los usuarios serían más prudentes a la hora de publicar comentarios potencialmente delictivos. Por otro, los que defienden que debe seguir protegiéndose a toda costa la identidad de los internautas para preservar la libertad de expresión, evitar la censura y el señalamiento de activistas políticos o personas de colectivos vulnerables. 

Una propuesta tan ambiciosa y conflictiva, de mayor alcance incluso que la fallida prohibición de Telegram por alojar contenido pirata o la polémica Cartera Digital para controlar el acceso a las páginas porno, podría encontrarse con numerosos obstáculos de todo tipo, la mayoría irresolubles. Es algo que ya propuso el PP en su día y se ha intentado en otros países sin éxito, y que requeriría la colaboración de multinacionales como Meta o X, poco dadas a aceptar regulaciones sin plantar batalla.

El anonimato en redes

Evitar la identificación pública al utilizar los servicios de Internet forma parte de su esencia desde los años 80 del siglo pasado. La posibilidad de publicar de forma anónima en la red ha protegido la libertad de expresión de todo tipo de denunciantes, disidentes políticos o individuos que buscaban sentirse a salvo frente a sus acosadores.

"Ordenar el comportamiento de los usuarios de las redes sociales a través de normas es algo útil pero no es infalible", afirma Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, abogada y profesora de Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos. "Se está dejando en manos de las leyes la posibilidad de que los usuarios nos sintamos seguros utilizando estas plataformas. Esto es absurdo, no es más que una máscara que intenta tapar un problema mucho más importante". 

Una mujer usa Facebook, en una imagen de archivo Shutterstock

Este problema, el de incitar al odio amparándose en el anonimato online, es enorme y viene de lejos, por lo que atajarlo resulta mucho más complejo legal y técnicamente de lo que puede parecer. "Las leyes no nos hacen inmortales y no siempre existen los recursos para aplicarlas. Cuando son excesivamente autoritarias, como lo es pretender que no se pueda opinar en las redes sin necesidad de mostrar nuestra identidad auténtica, lo que hacen es obligarnos a no tener libertad de expresión. Si yo me siento observada y vigilada no voy a decir claramente cuál es mi opinión", afirma Tejerina.

Por otra parte, la posibilidad de excluir de redes sociales determinados perfiles de personas que han sido condenadas por delitos de odio, "parece absolutamente razonable siempre que lo decida un juez. Eso no va a acabar con el problema, pero puede ayudar". La cuestión de fondo es quién decide lo que es delito de odio o un contenido ilegal en redes. "Normalmente las leyes y los jueces aplicándolas al caso concreto", prosigue Tejerina, "pero hacer esto de forma genérica sólo es una medida autoritaria que implica matar moscas a cañonazos, que puede derivar en un control autoritario y dictatorial de estas plataformas".

No todos los servicios online ofrecen a sus usuarios el mismo grado de anonimato. Google introdujo la política de exigir el uso de nombres reales en sus condiciones en 2011, pero la eliminó en 2014 tras recibir un aluvión de críticas y apelaciones a la Primera Enmienda de la Constitución de los EEUU por el peligro que semejante medida podía suponer. 

Entre las redes sociales con más usuarios, Facebook es la única que incluye estas condiciones en sus términos de servicio: "El nombre de tu perfil debería ser el nombre por el que te conocen tus amigos. Este nombre también debe aparecer en un documento de identidad de nuestra lista de documentos", como el DNI, el carné de conducir o el pasaporte, y "no está permitido hacerse pasar por algo o alguien".

El resultado no es demasiado halagüeño: los bots y las cuentas falsas siguen campando a sus anchas en la plataforma (150 millones según la propia Meta, el 5% de sus 3.000 millones de usuarios). Además, el uso de nombres auténticos ha tenido consecuencias terribles para personas concretas del colectivo LGTBIQ+, víctimas de violencia de género y distintas minorías, raciales o religiosas, especialmente en países como China, Arabia Saudí o Pakistán.

En la mayoría de redes y servicios como X o TikTok, el alta del usuario es más laxa, incluso en los perfiles verificados. Los usuarios suelen utilizar pseudónimos que no pueden asociarse fácilmente con sus identidades offline, lo que hace casi imposible rastrear su verdadero nombre, salvo en casos en los que se produzca un delito grave y la investigación policial o judicial consiga relacionar una dirección IP (que identifica a un dispositivo en internet o en una red local) con una persona real.

Un perfil de Telegram Telegram

Otros servicios como Telegram, una alternativa a WhatsApp de origen ruso usada por millones de personas, lo ponen aún más difícil, ya que pueden funcionar incluso sin número de teléfono ni tarjeta SIM asociada. Además, las medidas restrictivas en estos ámbitos no suelen funcionar, ya que "la gente siempre busca la fórmula de saltarse las restricciones y hacer el daño igualmente", según Tejerina.

Precedentes

A lo largo de las últimas décadas, gobiernos de todo el mundo han intentado aprobar distintas iniciativas legislativas para restringir el derecho de los usuarios de Internet a ser anónimos o a utilizar seudónimos. Generalmente, las propuestas se sustentan en el objetivo de proteger a los ciudadanos del acoso o la desinformación, pero en la mayoría de los casos el único resultado ha sido reforzar la capacidad de vigilancia de los gobiernos.

Una de las pioneras fue la Asamblea Nacional de Corea del Sur, que en 2008 aprobó una ley que obligaba a los internautas que publicaban información en sitios web con más de 100.000 visitantes diarios a hacerlo con su nombre real. El objetivo era acabar con la creciente influencia del periodismo ciudadano, que estaba dilapidando el crédito político del entonces presidente Lee Myung-bak tras la firma de una acuerdo de libre comercio con EEUU. ¿El resultado? Según la propia agencia encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, esta medida fue ineficaz a la hora de reducir las fake news y finalmente el Tribunal Constitucional de Corea tumbó la ley por inconstitucional en 2012.

En China, la Ley de Ciberseguridad aprobada en 2012 obliga a los usuarios de Internet, entre otras cosas, a utilizar su nombre real cuando se registren en redes sociales, hagan comentarios en medios de comunicación o usen foros online. Pueden elegir pseudónimos, pero su verdadera identidad debe quedar registrada en el Ministerio de Seguridad Pública chino. Rusia, por su parte, obliga desde 2014 a todos los dueños de blogs y usuarios de redes sociales con más de 3.000 seguidores a que se registren en una agencia federal específica y a publicar cualquier post con su nombre real. 

Tras tímidos intentos de legislación al respecto en Austria o Francia, con el presidente Macron mostrándose abiertamente en contra del anonimato en redes, Reino Unido es el país en el que más se está discutiendo la forma de poner coto al odio, la toxicidad y la desinformación. En 2021, varios políticos británicos pidieron la inclusión del fin del anonimato en la Ley de Seguridad en Línea, tras el asesinato del diputado tory David Amess, apuñalado tras un mitin.

El propio Boris Johnson apoyó la iniciativa y eso se tradujo en la supuesta obligación para las plataformas de permitir a los usuarios la posibilidad de bloquear a otros que no hayan verificado su identidad. Sin embargo, el Parlamento británico no llegó a aprobar la ley. Tras los incidentes xenófobos de las últimas semanas, el actual gobierno laborista de Keir Stramer está estudiando cómo endurecer la Online Safety Act, para que las redes sociales eliminen o restrinjan el contenido ilegal o de incitación al odio y se pueda perseguir a los usuarios más peligrosos. 

"Se pueden establecer criterios técnicos muy básicos", según la presidenta de la Asociación de Internautas. "Si las redes detectan que se ha creado una cuenta justo ayer que ha saltado una noticia, no tiene seguidores ni interacciones, está automatizada y desde ella se emiten comentarios que pueden ser constitutivos de incitación al odio, tenemos una suma de cosas muy evidentes". 

Pero la marejada de fondo es más amplia y difícil de acotar. Para reducirla habrá que "exigir a las redes sociales un canal de comunicación directo con las autoridades policiales y judiciales, para evitar que un señor como Elon Musk decida lo que es lícito o ilícito en un país". Además, harían falta más recursos para que las normas no quedaran en papel mojado y, sobre todo, mucha educación. "Si estamos hablando de prohibir los teléfonos móviles en los colegios sin medidas educativas que contrarresten esa prohibición, estamos abocándonos a un futuro mucho más negro del que ya tenemos delante". 

Las estrategias de las plataformas

Por muy bien redactada que esté la futura norma española, si es que llega a estar negro sobre blanco y aprobarse en el parlamento, se toparía con el muro que suelen plantar plataformas como Meta o X ante cualquier requerimiento a cumplir con regulaciones más restrictivas.

La reciente aprobación de las leyes de Servicios Digitales y Mercados Digitales de la Unión Europea ya está desatando una notable tormenta legal. Las obligaciones, condenas y multas para compañías como Apple, Google, TikTok o la propia Meta, todas de titularidad extranjera, se están saldando con una severa resistencia a implementarlas, o buscando subterfugios para sortearlas.

Elon Musk y el logo de X. Reuters Omicrono

La legislación comunitaria, que pretende proteger a los consumidores imponiendo una serie de compromisos a estas y otras plataformas, no incluye la obligación de identificar a cada uno de los usuarios por su nombre real. 

De hecho, para una red como X, que según un humorista español ha convertido la pestaña 'Para ti' en lo más parecido a Mein Kampf (un chiste que no queda lejos de la realidad), el anonimato de los usuarios es uno de sus principales valores. El propio Elon Musk, dueño y señor de la red social, ha planteado la posibilidad de retirar la plataforma de Europa tras la entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales y el mayor escrutinio de la UE a su moderación de contenidos, prácticamente inexistente.

La última pata de este castillo de naipes con escasas opciones de prosperar es el aspecto técnico. Hipotéticamente, el gobierno podría obligar a las plataformas a registrar los nombres reales de los usuarios, ya sea a través de autenticación biométrica, una foto o escaneo del DNI o por medio de sistemas de verificación como el DNI electrónico o el certificado digital.

Sin embargo, la existencia y la facilidad de uso de las VPNs (redes privadas virtuales que permiten ocultar la procedencia e identidad del usuario), complicaría mucho la entrada en vigor de una medida de este calibre. Es lo que utilizan muchos internautas en países con censura en Internet o que tienen restringido el acceso a las redes sociales. En España no existe nada parecido al Gran Cortafuegos chino, por ejemplo, capaz de impedir el uso de este tipo de herramientas 'anonimizadoras'.