Una legislatura de cuatro meses que podría iniciar el cambio

España se encuentra calculadora en mano, sumando apoyos, abstenciones y votos en contra para ver quién o quiénes podrían gobernarnos, y si alguien debería dimitir de sus cargos. Pero el reparto de fuerzas ha cambiado tanto que la opción que hasta ahora siempre había cuajado (la investidura del candidato del partido más votado) resulta hoy la menos verosímil, sobre todo cuando el presidente saliente concita tanto rechazo.

El PP ha agitado toda la campaña el miedo a que el PSOE encabezara un “tripartito de perdedores” pero, para formar una mayoría, los populares necesitarían igualmente el apoyo de al menos otros dos partidos, salvo que pactaran precisamente con Podemos o PSOE, opción que descartan todos. Ciudadanos y Podemos también anunciaron que no participarían en gobiernos de la “vieja política” así que, aun considerando sus posibles abstenciones, de entrada no le salen a nadie las cuentas para gobernar. La consecuencia podría ser inédita en nuestra joven democracia: si dos meses después de la primera votación de investidura ningún candidato consigue más síes que noes, se disolverán de nuevo las Cortes hacia finales de marzo y habría nuevas elecciones en mayo.

Los dos jugadores tradicionales, PP y PSOE siguen encabezando la clasificación pero pierden muchos apoyos

De alguna manera, todos han ganado y perdido. Los dos jugadores tradicionales siguen encabezando la clasificación pero pierden muchos apoyos. Los recién llegados entran con mucha fuerza pero tampoco podrán liderar el gobierno. A partir de ahora el verdadero liderazgo se demostrará por quienes sepan manejar este contexto tetrapartidista para impulsar acuerdos sin atrincherarse en posturas maximalistas: no sirve ni el “que gobierne el más votado” (cuando apenas lo ha respaldado la cuarta parte de los votantes) ni la irresponsable oposición que no pacta nada.

Sin embargo, poco contribuye a la confianza de los votantes ni entre los partidos que nuestro sistema electoral se encuentre tan alejado del principio de “una persona, un voto”. Un escaño en el Congreso llega a “costar” cinco veces más votos en Madrid que en Soria, Izquierda Unida obtendrá los mismos escaños que Bildu con el cuádruple de papeletas, y el PP logrará aproximadamente el 60% de senadores con menos del 30% de los votos. No lo comparto pero entiendo a quienes defienden dar una cierta prima de escaños a los más grandes para favorecer la gobernabilidad, pero nunca con un mecanismo como el actual -brillantemente diseñado para sacarnos del franquismo, pero que ha quedado cerca del absurdo de que el segundo en votos hubiera sido el tercero-.

Resulta incierto saber si habría un espacio de acuerdo entre PSOE, Podemos y C's en la reforma constitucional

Aunque PSOE, Podemos y Ciudadanos sumarían juntos una holgada mayoría y coinciden en el rechazo al gobierno presidido por Rajoy y en reivindicar una visión “progresista”, las propuestas económicas y sociales que han puesto sobre la mesa apenas encontrarían un mínimo común. Resulta más incierto saber si habría un espacio de acuerdo en la reforma constitucional que los tres consideran muy necesaria. Pero lo que sí deberían tener claro es que no resultaría fácil siquiera intentarlo desde el sesgado reparto de fuerzas que ha dibujado la actual ley electoral, donde el PP (que ha demostrado poco interés por actualizar la Carta Magna) ha logrado mayoría absoluta en el Senado, mientras que con una ley electoral proporcional no habría logrado en ninguna de las cámaras el tercio de escaños necesario para bloquear una reforma constitucional de cierta envergadura.

Resulta además que Podemos y Ciudadanos coincidían en proponer en sus programas esa ley electoral proporcional, y que los socialistas -hasta ahora aventajados por el sistema- también pedían “más proporcionalidad”. En estas circunstancias, estos tres partidos podrían intentar trabajar juntos para que, aunque esta undécima legislatura pudiera durar solo unos meses, sirviese para lograr un objetivo muy ambicioso: aprobar una nueva ley electoral mucho más proporcional. Por supuesto, manteniendo una mano abierta para que en esta reforma participen el PP o cualquier otro partido, pero sin caer en la trampa del “consenso” sino asumiendo la responsabilidad de que entre los tres disponen de una mayoría para lograr ese objetivo común de mayor proporcionalidad que han prometido a sus votantes.

El gran obstáculo a una ley electoral más proporcional es el pequeño tamaño de muchas circunscripciones

El mayor obstáculo a la proporcionalidad es el pequeño tamaño de muchas circunscripciones, pero cambiar este aspecto pasaría precisamente por una reforma constitucional que difícilmente podría lograrse en esta quizá breve legislatura (entre otras cosas por el desmedido poder de bloqueo que el actual sistema electoral concede a quien más lo favorece). No obstante, como ha analizado ampliamente la doctrina y resumió acertadamente el informe que el Consejo de Estado dedicó a una posible reforma del régimen electoral, hay dos factores que no requieren cambio constitucional -sino solamente de una ley orgánica- y que mejorarían sensiblemente la proporcionalidad: establecer un mínimo de un escaño por provincia en lugar de dos y, sobre todo, cambiar la fórmula d’Hondt (un sofisticado sistema que tiende a favorecer al ganador) por la de Hare.

Este último método, además de mucho más proporcional, resulta poco controvertido al ser el más “intuitivo” para realizar un reparto proporcional de escaños según los votos: dividir los votos válidos entre los escaños a repartir para saber cuántos votos son necesarios para obtener un escaño, calcular cuántos escaños corresponden a cada partido y -como no se pueden dar medios escaños- redondear a favor de quienes hayan obtenido mayores restos. Para el Senado, se aplicaría el mismo sistema, con la salvedad de que la Constitución fija el tamaño de las circunscripciones: cuatro senadores por provincia peninsular, y un número menor en las islas, Ceuta y Melilla. Podrían además introducirse cuestiones como las listas abiertas o desbloqueadas, actualizar disposiciones anticuadas como la prohibición de publicar sondeos, suprimir el voto rogado en el exterior… pero aconsejaría no hacerlo ahora y centrarse en la proporcionalidad, porque son temas con más ramificaciones o que necesitan regular detalles, así que sería preferible abordarlos en una posterior reforma que pudiera alcanzar a la propia Constitución, en plazos más amplios y con un debate sosegado en comisión recabando la opinión de expertos.

Cambiar la ley electoral en dos meses hábiles de legislatura es posible, pero requiere mucha determinación

Cambiar la ley electoral en dos meses hábiles de legislatura es posible, pero requiere mucha determinación: hace falta sumar una mayoría no solo en el Congreso, sino también en su Mesa, para lograr que se tramite por lectura única y procedimiento de urgencia. También es preciso obtener la presidencia de esta cámara para agilizar todos los trámites, ya que hay que tener en cuenta que el Gobierno (que ha de informar algunas partes del proceso) y el Senado -ambos en manos del PP- podrían apurar sus plazos para “comerse” la mayor parte del escaso tiempo disponible.

Al sumar los tres partidos citados más de la mitad de los escaños del Congreso, pueden lograr mayoría en la Mesa y también la presidencia de esta cámara, pero solo si se ponen de acuerdo. De votar cada uno por su lado a candidatos de su partido, perderían la presidencia a favor del PP e incluso la mayoría en la Mesa. Pero estando de acuerdo, podrían por ejemplo elegir presidente del Congreso del PSOE, un vicepresidente de cada uno de los tres partidos, un secretario para Podemos y otro para Ciudadanos, e incluso dar otro a Izquierda Unida (la quinta formación en votos y la más perjudicada por el actual sistema electoral). El PP lograría sentar en la Mesa del Congreso a un vicepresidente y a un secretario.

Las primeras semanas serán decisivas, y a mediados de enero ya estará clara la actitud de cada uno

Este acuerdo necesitaría producirse muy rápidamente: las Cortes se constituirán el próximo 13 de enero, y ese mismo día se elegirán las Mesas de cada cámara. La proposición de ley de reforma electoral habría de registrarse la misma semana siguiente, que es cuando se habrán constituido los grupos parlamentarios y podrá arrancar el procedimiento legislativo.

Las primeras semanas serán pues decisivas. Por eso, pese a que los resultados electorales de algunos puedan considerarse ya muy decepcionantes, no creo deseable que haya espectaculares pero probablemente inútiles dimisiones el 21-D. Sin embargo, a mediados de enero ya estará bastante claro la actitud y la capacidad de cada uno para ser útil en este nuevo escenario político. Los militantes de cada partido podrán juzgar entonces si sus líderes están a la altura.

¿Y quién sabe? Si PSOE, Podemos y Ciudadanos (y cualquier otro partido que hubiera participado en el acuerdo, incluido el PP si fuera el caso) tuvieran éxito y lograran trabajar tan estrechamente durante estos meses, quizá asentarían el mutuo entendimiento necesario para ir aún más lejos y negociar las bases para gobernar el país o reformar la Constitución, sin necesidad de repetir en mayo las elecciones. En cualquier caso, en absoluto podría considerarse un fracaso que hubiera una convocatoria anticipada si antes han logrado adoptar una ley electoral mucho más proporcional. No solo ayudaría a los ciudadanos a confiar más en sus instituciones y representantes, sino que cada partido aceptaría más fácilmente el peso que le corresponde de cara a elegir un gobierno, determinar su programa de acción, aprobar leyes e incluso abordar la reforma constitucional que parece necesaria para solucionar algunos de los principales problemas a los que se enfrenta España.

***Víctor Gómez Frías, militante del PSOE, es fundador del Foro +Democracia y consejero de EL ESPAÑOL