A quienes consideran que la sátira de los titiriteros contratados con dinero público del ayuntamiento de Madrid era simpática e inocente cabe recomendarles este ejercicio: imaginen un espectáculo montado por unos titiriteros de declarada orientación fascista que en un momento de la función, e “inserta en el argumento”, mostraran una pancarta que proclamara: “Vivan los asesinos de Atocha-cha-chá”. No tendría maldita la gracia y, si no el afán de dañar, con toda razón se les presumiría, al menos, la indiferencia hacia las víctimas de un crimen infame.

Que semejante función de títeres se representara con el auspicio de un ayuntamiento democrático, sostenido con los impuestos de los contribuyentes de toda ideología, es un esperpento que la alcaldesa, como persona juiciosa, no pudo sino deplorar sin reservas, y que tal vez debería tener mayores consecuencias que la destitución del programador del carnaval.

Ahora bien, que los titiriteros autores del desafortunado libreto hayan pasado cinco días en prisión incondicional, y que se los libere con retirada del pasaporte y obligación de comparecer a diario ante la justicia, es igualmente torpe, por desmedido. La libertad de expresión ampara la difusión de toda creación intelectual, por disparatada y grosera que pueda resultar, y los casos excepcionales en que el contenido de una obra se considera delictivo, por contrario al orden constitucional, deben apreciarse con una prudencia y enjuiciarse con una proporcionalidad que en esta penosa historia han brillado por su ausencia.

Y es que el esperpento se redondea cuando en la semana en que estalla el escándalo siguen dando noticias los incontables casos de corrupción que casi colapsan nuestros juzgados y tribunales, protagonizados por personajes respecto de los que hay indicios sobrados de que han perpetrado un verdadero saqueo de las arcas públicas, y contra los que apenas se toman medidas cautelares. Cabe recordar que se trata de delitos que producen grave alarma social y que tienen aparejadas penas severas, y que en más de un caso hay sospechas fundadas de que sus autores tienen interés y capacidad para destruir pruebas de sus fechorías, además de maniobrar para poner a salvo el botín.

Así, mientras a los titiriteros se les confiscaban las marionetas y se les sometía al protocolo penitenciario aplicable a los delitos de terrorismo, decenas de “investigados” por corrupción gozaban de plena libertad para proseguir con sus actividades. Por no hablar de esa alcaldesa que viajaba por el mundo gastando 5.000 euros en alquiler de coches de lujo, a la que con todos sus concejales bajo investigación se le mantiene y refuerza el blindaje como senadora. Y así, suma y sigue el esperpento.