La política española es curiosa. Dos líderes, Sánchez y Rivera, son criticados por hacer precisamente lo que tienen que hacer: sentarse, hablar, dialogar, negociar puntos específicos de programa y tratar de llegar a acuerdos. Hacer política, hacer aquello por lo que les elegimos y pagamos, es precisamente eso, sentarse a negociar. Algo que la empresa privada asume como perfectamente normal, pero que la política española tiñe de supuestas ideologías convertidas en religiones mesiánicas: “¿hablar con ese? ¡Si es azul y yo rojo!”
En los términos del acuerdo, no obstante, me llama la atención el III-3, sobre propiedad intelectual. Aparentemente, “proteger la cultura como eje vertebrador de un país” es poner en marcha medidas represivas y campañas en colegios. Mire usted: mi hija ya está crecidita, pero si hubiesen intentado pasarse por su clase para contarle que no puede descargarse cosas cuyos creadores se empeñan en que tiene que consumir dónde y cómo él o ella digan, se habría encontrado conmigo en la puerta. O para evitar problemas, se habría saltado esa clase. Adoctrinar en colegios y contar a los niños que una de las industrias más torpes y retrógradas del último siglo tiene razón y tenemos que hacer las cosas como ellos digan no entra dentro de lo que considero racional.
Es absurdo ver cómo la mal llamada “piratería” se discute sin tener en cuenta que está en franca remisión en todos los países en los que se han tomado las medidas adecuadas, algo tan simple como FACILITAR EL ACCESO. Así, en mayúsculas. Las descargas disminuyen no por la ley Sinde ni por persecuciones judiciales, sino cuando llegan Spotify, YouTube, Netflix y compañía. En mi casa dejó de bajarse música cuando nos suscribimos a Spotify, y en miles de casas españolas pasó lo mismo. ¿Series y películas? Dejaron de venir de tele-torrent cuando algunos canales empezaron a traerlas rápido, y sobre todo, cuando llegó Netflix. Las que aún bajamos, que por supuesto las hay, es porque aún no están disponibles cuando las queremos ver.
Perseguir usuarios, adoctrinar niños y amenazar con leyes más duras es algo que hoy, ante un problema en franca remisión, no tiene sentido. Si alguien se enriquece con una página de descargas y no retribuye a los creadores, se le persigue con las leyes disponibles, que ya eran suficientes antes de una ley Sinde que solo ha servido para que su autora se llevase en pago un premio Planeta. Lo demás, son tonterías, hipérboles y cosas que, ahora, simplemente, no tocan.