La histórica declaración de Doña Cristina en el banquillo de los acusados no ha aportado ningún elemento nuevo a la causa, salvo un cambio de estrategia en la legítima defensa de sus intereses. Si ante el instructor de la causa, José Castro, se escudó en el desconocimiento y el olvido, ante el tribunal que ahora la juzga se ha presentado como una persona confiada, que firmaba todo lo que le pedía su marido y que desconocía cuestiones básicas de la economía familiar porque estaba entregada a su trabajo, al cuidado de sus hijos y a labores institucionales.
Es posible que esa declaración, bien construida, resulte eficaz desde el punto de vista procesal. Lógicamente había sido preparada hasta el último detalle para no dejar fisuras. Era su oportunidad para buscar empatía y un veredicto de inocencia. Sin embargo, es lógico que su versión se examine también desde el punto de vista del sentido común, y ahí se ven las carencias del relato.
Cuesta creer, por ejemplo, que una mujer de nuestro tiempo, preparada, independiente, tuviera una tarjeta de crédito activa "custodiada" -según ha declarado- por su marido. O que firmara papeles ante notario y cuentas anuales de Aizoon, la empresa de la que era copropietaria, sin mirar ni preguntar. O que desconociera, ya no el detalle, sino siquiera el origen de la procedencia de gran parte de los ingresos familiares.
La firma 'equivocada'
Cuesta creer, de la misma manera, que precisamente el documento más comprometedor para ella, la firma del autoalquiler de su casa, un documento con el que se creaba -según la acusación- un gasto simulado que permitía defraudar a Hacienda, lo justificara este jueves, simplemente como "una equivocación".
Si a todo ello añadimos el resto de elementos que rodean el caso, la versión de Cristina de Borbón se resiente. Su relato choca con otros testimonios. Por ejemplo, ha declarado que nunca en su casa se pagó al personal de servicio con dinero en efectivo, contrariamente a lo manifestado por miembros de la plantilla.
Su credibilidad tampoco es ajena a la estrategia de defensa de su marido, que está guiada por un evidente control de daños. Así, Iñaki Urdangarin ha negado que Don Juan Carlos intermediase en sus negocios y también que su mujer estuviese al tanto de ellos. Además, tras culpar a su ex socio, Diego Torres, durante la instrucción, ha cambiado a la hora de la verdad para cargar contra sus asesores y el contable.
Chivos expiatorios
Esa versión coincide ahora milimétricamente con la de Doña Cristina, que parece haber encontrado tres chivos expiatorios en García Revenga -secretario personal de las Infantas- y Federico Rubio y Miguel Tejeiro, asesores financieros. De hecho, dos son los escudos que ha esgrimido la Infanta en su declaración: El primero, Iñaki Urdangarin: "Las decisiones las tomaba mi marido", ha asegurado. El segundo, que todos los pasos de Aizoon estaban supervisados por asesores: los de su esposo y los de la Casa del Rey. Le ha faltado decir, claro está, que ella basaba su confianza en el convencimiento de que su padre aprobaba lo que hacía su marido.
Cristina de Borbón sólo ha respondido a preguntas convenidas: las de su abogado defensor. Su relato hubiera resultado más creíble para la opinión pública si se hubiera avenido a contestar a la acusación popular, por más que esté en su derecho a no hacerlo.
Para la hija del Rey Juan Carlos ha acabado el drama público que la ha consumido en los últimos meses. Pero se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda pública. Es el turno de un tribunal que ha demostrado la suficiente independencia como para respetar cualquier decisión que tome.