Mientras el rey anunciaba este martes que celebrará nuevas consultas el 25 y 26 de abril, los partidos deslizaban lo bueno que sería abaratar la eventual repetición de los comicios pero sin concretar a qué gastos electorales estarían dispuestos a renunciar. 

Felipe VI no está obligado constitucionalmente a proponer un candidato a la investidura, así que hay que entender la nueva ronda como un emplazamiento a los grupos parlamentarios para que nos ahorren la repetición de elecciones. Es evidente que el rey hace cuanto puede, pese a la doble negativa de Rajoy y la intentona fallida de Sánchez, porque se resiste a aceptar sin más que tendrá que disolver la Cortes y convocar elecciones para el próximo 26 de junio.

La actitud constructiva del monarca contrasta pues con la mala conciencia de los partidos y del Gobierno que, después de mostrarse incapaces de sacarnos del atolladero, compiten por escenificar que están preocupados por el coste que supondría tener que volver a votar.

Las ideas de los partidos

Así, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha pedido este martes un esfuerzo por ser "imaginativos" y "acortar la campaña", pero ni siquiera ha encomendado a la Abogacía General del Estado que estudie esta posibilidad. Ciudadanos no cree que se pueda reducir el tiempo legal establecido y apuesta por un "pacto entre caballeros" para evitar "actos electorales multitudinarios". Sin embrago, desde el PSOE se sugiere que se podría eliminar el buzoneo. Podemos, por su parte, reclama una campaña "cuanto más barata mejor" pero defiende con gran interés su utilidad. Es decir, unos por otros y la casa sin barrer.

La unidad de datos de EL ESPAÑOL ha calculado que repetir los comicios supondría un gasto añadido de 192 millones de euros. Es el total de un recibo que comprendería las partidas de gasto electoral en seguridad, mailing, propaganda, logística y difusión del escrutinio (130 millones) más las subvenciones que recibirían como máximo cada grupo según los resultados obtenidos en diciembre: la cifra se corregirá una vez justificados los gastos ante el Tribunal de Cuentas, pero rondará los 62 millones.

A estos gastos directos habría que sumar el coste económico de la inestabilidad, que nuestro economista Daniel Lacalle estima en 2.000 millones mensuales por la retracción del consumo , las inversiones productivas y las contrataciones. Por otro lado, la mayor gestora de fondos del mundo, Blackrock, acaba de mostrar también su preocupación por el impacto del desgobierno español.

Quitar las subvenciones

Resulta inadmisible pensar siquiera que los mismos partidos que recibirán ayudas del Estado por los resultados del 20-D puedan volver a financiarse por repetir las elecciones. Bastaría que se pusieran de acuerdo -al menos en esto- para que no salga tan cara su irresponsabilidad. Además de eliminar las nuevas subvenciones, oposición y Gobierno deben acordar un plan para reducir al máximo las partidas electorales prescindibles, empezando por el mailing.

Los gastos electorales tienen sentido para dar a conocer las propuestas y programas de cada partido, así como a los candidatos. En términos prácticos, España lleva en campaña desde diciembre pasado y en los últimos tres meses hemos conocido de sobra sus iniciativas así como los pactos y reformas por las que apuestan unos y otros. Es de sentido común que los contribuyentes no paguen resignadamente los platos rotos de su fracaso.