Esperanza Aguirre ha aprovechado el enfado morrocotudo de José María Aznar, que denunciará ante la Fiscalía General del Estado la reciente filtración de sus cuitas con Hacienda en 2014, para saldar una deuda pendiente con Cristóbal Montoro. También para destapar las vergüenzas de su enemigo íntimo, Mariano Rajoy, sin cuya impasibilidad sería impensable todo este turbio asunto.
Aguirre ha dado así al contencioso entre Aznar y el ministro de Hacienda la dimensión política -de primer nivel- que merece la polémica. Lo que aquí importa no es que el Fisco multase a Aznar con 70.000 euros hace dos años, sino que el expresidente del Gobierno haya sido una víctima colateral de las guerras intestinas en el PP y el seno del Consejo de Ministros, y que las instituciones sean utilizadas para dirimir la conflagración.
La presidenta madrileña vuelve a demostrar que no da puntada sin hilo por el modo en que ha entrado en una feo contencioso que le concierne, pues ella misma fue perjudicada por la filtración de su declaración de la renta en mayo de 2015, coincidiendo con la recta final de la campaña electoral de las elecciones municipales que perdió ante Manuela Carmena.
'In vigilando'
Aguirre ha exigido al titular de Hacienda que dimita por su "responsabilidad in vigilando" en la filtración de datos fiscales de Aznar y ha recordado que ella misma no dudó en retirarse, en virtud de este mismo principio, cuando tuvo conocimiento de que había serios indicios de que algunos de sus subordinados se habían corrompido.
El razonamiento de la expresidenta madrileña es impecable y, por extensión, apunta a Mariano Rajoy por haber permitido el uso recurrente del secreto fiscal como arma política. Basta reparar en la naturaleza de las filtraciones -una información privada que sólo comparten el contribuyente y la Agencia Tributaria- para afirmar que la responsabilidad recae en Cristóbal Montoro: si no por haberlas ordenado sí al menos por haberlas consentido.
Ha sido el propio ministro, además, el que ha dado pábulo a que las sospechas recaigan sobre él por el modo autoritario con el que ha conducido el Ministerio y por su altanería, ya fuera para advertir a Juan Carlos Monedero de que el Fisco le seguía el rastro o ya para amenazar a los editores de periódicos.
Degradación
La utilización espuria de las instituciones contra el adversario político es indicativa de una degradación del funcionamiento del Estado más propia de una república bananera que de una democracia consolidada, tal y como denuncia en nuestra web el abogado y juez en excedencia Javier Gómez de Liaño. En este sentido, también hay una responsabilidad in vigilando exclusiva del presidente en funciones. La revelación del secreto fiscal es un delito tipificado en el artículo 417.1 del Código Penal y puede ser castigado con penas de hasta cuatro años de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
El emplazamiento de Esperanza Aguirre a Montoro es sensato y coherente, auqnue a buen seguro echará leña al fuego de una pugna no resuelta en el PP y en Consejo de Minsitros, que ha crecido en virulencia tras la dimisión del José Manuel Soria y que sólo puede agravarse mientras siga abierto el debate sobre la sucesión de Rajoy.