En la corta legislatura que acabamos de dejar atrás hemos asistido al derrumbamiento de algunos mitos relativos al PP. Uno de ellos, es que el PP gestiona bien las finanzas públicas, lo que es un puro mito de su propaganda.

Hemos visto, por ejemplo, cómo se incumplía el objetivo de déficit, por más de 10.000 millones, teniéndolo todo a favor: bajos precios del petróleo, política monetaria favorable del BCE… Pese a todos esos vientos de cola, que trajeron un crecimiento por encima del esperado, el PP fue incapaz de contener mínimamente el gasto, ni de hacer unas previsiones de ingresos mínimamente sensatas.

En España, la 'ligereza' en el tratamiento de la información fiscal se lleva produciendo demasiado tiempo

Otro mito que se ha derrumbado es que el PP es un partido monótono, serio y previsible en política fiscal. Ya no es que se pasase la campaña de 2011 prometiendo no subir los impuestos, para acabar realizando las mayores subidas de impuestos de la democracia. Ni siquiera es que haya pasado de dar una vergonzosa amnistía fiscal, a estar presumiendo de las normas anti-fraude más duras, eso sí, recortando los medios imprescindibles en la Agencia Tributaria para aplicarlas. No, lo que resulta más sorprendente es que la era de la confidencialidad de los datos fiscales parece haber quedado atrás. Eso sí, esto lleva pasando desde 2012, y ha sido un proceso selectivo.

Y no sólo lo digo yo, sino que el 29 de abril, el diputado del PP en la Asamblea de Madrid Jesús Gómez Ruiz escribía un artículo en EL ESPAÑOL en el que denunciaba las diversas filtraciones que habían sufrido dirigentes del PP que consideraban necesario renovar el partido. Hay que reconocer que el artículo es un alegato valiente, que hace público lo que otros comentan en privado. De todas formas, en esta cuestión habría que realizar alguna precisión.

En primer término, la ligereza en el tratamiento de la información fiscal se lleva produciendo demasiado tiempo. No es un planteamiento aceptable que el ministro de Hacienda cuestione que un determinado colectivo -como actores, artistas o diputados de la oposición- no cumple con sus obligaciones fiscales. Eso ha ocurrido, y no se ha criticado, precisamente, por parte de los diputados del PP. Las filtraciones hay que criticarlas siempre, no sólo cuando afectan a miembros de tu partido, o con los que se está de acuerdo.

Personas supuestamente vinculadas con casos de corrupción acabaron acogiéndose a la amnistía fiscal

Incluso, en el caso de dirigentes del PP ha habido dos casos muy claros de publicidad de datos supuestamente confidenciales. Por una parte, el 23 de enero de 2013, el ministro Montoro señalaba sobre el ex tesorero Luis Bárcenas que "en la lista de Hacienda no aparece. Eso es lo que puedo decir".

Supuestamente, la lista era extremadamente confidencial. Además, la afirmación parece que era engañosa, ya que Bárcenas manifestó haberse acogido a través de una sociedad pantalla denominada Tesedul. Esta sociedad era uruguaya, pero no parece haber sido el único caso en el que, personas supuestamente vinculadas con casos de corrupción, utilizaron sociedades pantalla  para acogerse a la amnistía fiscal. Por lo menos, eso es algo de lo que vamos sabiendo por los papeles de Panamá.

El otro caso fue el del ex vicepresidente del Gobierno del PP, Rodrigo Rato. En este caso, recordemos que lo que se filtró no fue su actividad en paraísos fiscales, que se remontaba -según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude- a la época en la que estuvo en el Gobierno, sino que se acogió a la amnistía fiscal.

Una sociedad como la del dimitido Soria no es ilegal, pero hay que declararla en el impuesto de patrimonio

La información la desveló el diario Vozpópuli, pero esa misma noche El País recogía la siguiente afirmación: "El ex vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, del PP, se acogió a la denominada amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, según han confirmado a El País fuentes del Gobierno". Esto no fue desmentido, y por lo que se ve, el Gobierno accede a una lista confidencial y se ha dedicado a confirmar y desmentir -por lo menos en dos casos-, quién estaba o no en la lista. De esos polvos, estos lodos.

Bárcenas y Rato no fueron las únicas personas cercanas al PP que se acogieron a la amnistía fiscal. Este martes supimos que la mujer del exministro y actual comisario europeo del PP, Arias Cañete, también se acogió. Aquí el problema es que no parece que el exministro se hubiese abstenido en el Consejo de Ministros que decidió la vergonzosa medida. A la luz de las nuevas revelaciones, tristemente no parece casualidad que la amnistía se rebajase al 3% en lugar del 10% previsto inicialmente, ni tampoco que no se haya investigado el origen de los capitales amnistiados

Por otra parte, que la filtración de datos sea lamentable, no significa automáticamente que el comportamiento fiscal de los contribuyentes sea necesariamente ejemplar. Es bastante dudoso, por ser suave, que el comportamiento fiscal de Rato o Bárcenas pueda ser considerado ejemplar. Sin embargo, algunos de  los casos conocidos más recientemente, sin ser en absoluto comparables, como mínimo suscitan algunas dudas.

Sacar a un país de la lista de paraísos fiscales es muy ventajoso para quienes tienen sociedades allí

Por ejemplo, cuando se afirma que tener una sociedad offshore en Jersey, como tuvo el dimitido ministro Soria, no es ilegal. Eso es cierto, pero la participación en la sociedad hay que declararla en el impuesto de patrimonio. Y además, también hay que tributar por los beneficios que obtiene la sociedad en el IRPF a través del régimen de transparencia fiscal internacional.

Para evaluar si la renuncia del exministro sólo obedecía a errores de comunicación y mentiras o podía haber algún tipo de incumplimiento, hubiese sido necesario que compareciesen él o el presidente en funciones Rajoy, que le mantuvo en todo momento su confianza. Por esa razón Ciudadanos solicitó esas comparecencias, pero el Gobierno se negó a comparecer.

En la práctica, tener una sociedad offshore en un paraíso fiscal y cumplir escrupulosamente las obligaciones fiscales sale muy caro. Por esa razón, sacar a un territorio de la lista de paraísos fiscales, especialmente si luego ese territorio no colabora, puede ser muy ventajoso para los que tienen o han tenido depósitos o sociedades allí.

Quienes operaron desde Jersey no deberían haber participado en la decisión de borrarlo como paraíso fiscal

El 18 de noviembre de 2015, el Gobierno del PP señalaba que había llegado a un acuerdo con Jersey, lo que era el primer paso para sacarlo de la lista de paraísos fiscales. Quizás, sólo, quizás, quienes hubiesen operado desde ese paraíso fiscal no deberían haber participado en esa decisión. En fin, era una pregunta pendiente, un cabo suelto offshore que el actual Gobierno en funciones del PP parece que ya no responderá.

Todo esto constituye un auténtico pandemónium en el Gobierno y en Hacienda. Pero esto tiene varios años de antigüedad. Así, a finales de 2013 se produjo una filtración -que fue la única que quiso investigar el ministro Montoro-: el caso Cemex. Como algunos seguimos pensando y criticando lo mismo, afecte a quien afecte, vuelvo a traer la conclusión de lo que escribí entonces.

"Las críticas se pueden aceptar de mejor o peor grado, pero en una democracia todos, especialmente los que realizamos funciones públicas, y más aún el Gobierno, estamos sometidos al escrutinio público. En ocasiones, la Administración Tributaria maneja información sensible que se le ha cedido, por mandato legal, exclusivamente para la aplicación del sistema fiscal, y que sólo puede ser cedida en los supuestos legalmente tasados. Que se hayan hecho públicos datos relativos a un expediente concreto no sólo es presuntamente ilegal, sino también puede perjudicar a la lucha contra el fraude. Aún más grave e inaceptable es la eventual utilización en la lucha política de datos fiscales de los medios de comunicación o de otros contribuyentes.

Los españoles tienen la palabra, entre otras cosas para decidir qué gestión quieren de la Hacienda Pública

Todo esto indica que es imprescindible y urgente cumplir el mandato legal de redactar un Estatuto que fije unas reglas de juego en la Agencia Tributaria. Aun así este Estatuto no servirá de nada si no hay una reducción drástica de los puestos de libre designación y un acuerdo con los representantes de los profesionales, empezando por la Asociación de Inspectores (IHE). Aun más importante, como en todo, es aplicar con imparcialidad y sentido común las leyes vigentes. Sólo así se recuperará no sólo el prestigio de la Agencia Tributaria sino una recaudación fiscal que es vital en estos momentos de crisis".

No tengo mucho más que añadir, salvo que esta propuesta de Estatuto de la Agencia Tributaria está en el programa de Ciudadanos, y también en la primera proposición de que defendí en el Congreso para potenciar la lucha contra el fraude. En esa propuesta también estaba recuperar los 2.800 millones de euros perdonados ilegalmente en la amnistía fiscal, y, sobre todo, investigar el origen de los capitales en los que hubiese indicios de blanqueo de capitales. Tuvo los votos a favor de todos los partidos, salvo el PP que se opuso…

Tras el fracaso de esta legislatura, los españoles vuelven a tener la palabra, entre otras cosas para decidir qué gestión quieren de la Hacienda Pública. Creo que después de varios años de pandemónium, amnistía, filtraciones… tenemos mucho margen de mejora.

*** Francisco de la Torre Díaz es diputado y portavoz de Hacienda de Ciudadanos e inspector de Hacienda.