Los graves disturbios en el barrio de Gràcia de Barcelona como consecuencia del desalojo de un edificio okupado es un ejemplo que explica a la perfección la situación política por la que atraviesa Cataluña. Tras los duros enfrentamientos entre los Mossos d'Esquadra y los antisistema, que acabaron con mobiliario urbano destrozado y una docena de agentes heridos, la CUP se ha negado a participar en la presentación de los Presupuestos de la Generalitat en protesta contra la actuación policial.

Se trata de un aviso de lo que podría suceder cuando llegue el momento de aprobar las cuentas. Hay que tener presente que la CUP es el socio principal de que dispone el Gobierno de Junts pel Sí y que su posición condiciona toda la política catalana. Ya vimos cómo hizo valer en su día sus diez votos en el Parlament para salvar in extremis la convocatoria de nuevas elecciones que amenazaban la mayoría soberanista.

El desalojo

Llama la atención que tras los graves disturbios protagonizados por doscientos radicales perfectamente organizados para hacer frente a los mossos, Ada Colau, más allá de condenar los hechos, haya asegurado que debe analizarse "qué hay detrás" de todo. Pues bien, lo que hay detrás es que el edificio en cuestión tiene un legítimo propietario que ha logrado que la Justicia, velando por sus derechos, autorice de una vez por todas el desalojo.

Lo sorprendente es que el anterior alcalde de Barcelona, el conservacdor Xavier Trias, decidiera en su momento que todos los barceloneses debían pagar el contrato de alquiler de 5.500 euros mensuales para que los okupas siguieran allí sin ser molestados. Hasta tal punto llegó a claudicar CiU, el partido por excelencia de la burguesía catalana.

Actitudes así han envalentonado a los grupos antisistema, que ya anuncian movilizaciones llamando al "combate", con un lenguaje que da idea de sus intenciones. Pero sobre todo la CUP, al pedir la disolución de la brigada antidisturbios de los Mossos d'Esquadra y la dimisión del director del cuerpo, Albert Batlle, pone contra las cuerdas al Gobierno de la Generalitat.

Parlament hipotecado

Puigdemont sabe que si hoy es presidente es gracias a los radicales anticapitalistas y que el día que dejen de apoyarlo caerá por su propio peso. Artur Mas ya sufrió a la CUP en sus carnes: forzaron su salida tras las famosas tres votaciones que acabaron en un empate de pitorreo.

La realidad de Cataluña es que el Parlament está hipotecado por los diez votos de extremistas antisistema. Puigdemont y su vicepresidente Junqueras, que este martes quería presumir de proyecto de Presupuestos, son rehenes de la CUP y todo el entramado independentista depende de esa minoría fanática. ¿Era eso lo que de verdad quería la gran mayoría de catalanes?