Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán se han visto obligados a romper el carnet del PSOE después de que el cuarto instructor del caso ERE decidiera este miércoles sentarlos en el banquillo acusados de prevaricación y -en el caso del mentor de Susana Díaz- malversación de caudales públicos.

A 26 días de las elecciones, aunque se trate de una causa de largo recorrido y sus principales protagonistas lleven un año fuera de toda actividad política, el procesamiento de dos exministros y expresidentes del PSOE por delitos tan graves marcará de lleno la campaña. Principalmente porque este asunto amordaza a Pedro Sánchez, al obligarle a orillar el talón de Aquiles de Mariano Rajoy: su inacción y connivencia ante los escándalos de corrupción en el PP.

Candidato desarmado

El viaje al banquillo de Chaves y Griñán, aunque previsible después de cinco años de pesquisas, 300 imputados y 2.000 folios de sumario, desarma en la práctica al aspirante socialista, que ya no podrá llamar "indecente a Rajoy" sin que el candidato del PP le conteste "y el PSOE más". Del mismo modo, Podemos puede verse comprometido porque su compañero de viaje, Izquierda Unida, formó parte de los gabinetes bajo sospecha.

En este sentido, el auto del juez Álvaro Martín no sólo contraviene la práctica habitual del Tribunal Supremo de aparcar las decisiones judiciales de calado político a las puertas de un proceso electoral, sino que supone un balón de oxígeno para el presidente en funciones.
Sin embargo, que el instructor no haya tenido en cuenta esta doctrina de prudencia -que hace una semana protegió al convergente Francesc Homs del banquillo- no resta un ápice de gravedad a las acusaciones que ahora pesan sobre Chaves, Griñán y otros 24 altos cargos de la Junta de Andalucía.

Fondo de reptiles

Entre 2001 y 2011, el Gobierno de la Junta creó y gestionó con absoluta arbitrariedad un fondo de más de 855 millones de euros destinado a facilitar a empresas en dificultades el pago de indemnizaciones y jubilaciones a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. Durante toda una década, los gobiernos socialistas andaluces hicieron caso omiso a los requerimientos de la Intervención General de la Junta de Andalucía y repartieron este dinero a discreción, sin justificación alguna y con total descaro.

El instructor del caso, como quienes le precedieron en la investigación, mantiene que es imposible que los encausados desconocieran los informes que denunciaban la "ilicitud del sistema", de tal modo que "quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias". Por ello considera a Chaves, Griñán y el resto de procesados "responsables de generar, implantar, mantener e impulsar" el fondo de reptiles.

Clientelismo y corrupción

En términos políticos, el caso ERE supone una enmienda casi a la totalidad de unos Gobiernos que hicieron del clientelismo y la corrupción dos herramientas para mantenerse en el poder. Desde este punto de vista es difícil que el gesto de dejar la militancia salvaguarde del todo a Susana Díaz -en particular- y al conjunto del PSOE -en general- del estigma que supone haber sido apadrinados sucesivamente por dos acusados de corrupción.

Aunque la Junta de Andalucía ejerza la acusación popular, Susana Díaz no puede evitar ser hija política de Griñán, como éste lo fue antes de Chaves, con lo que ello supone de descrédito. El PSOE, obligado a defender la honorabilidad de sus expresidentes, parece ahora atado de pies y manos.