Señalaba Karl Marx que la historia siempre se repite, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Pues bien, en 2008 Rodríguez Zapatero ganó las elecciones con la propuesta de rebaja fiscal más elevada de la historia de España: los 400 euros. Eso costaba más de 6.000 millones de euros, y la recaudación ya empezaba a flaquear. En honor a la verdad, Zapatero empezó cumpliendo su promesa: un año y medio después, España estaba contra las cuerdas y el Gobierno socialista se vio obligado a congelar las pensiones y a recortar el sueldo de los funcionarios.
Mariano Rajoy, que nunca fue capaz de ganarle unas elecciones a Zapatero, está siguiendo ahora sus pasos. La recaudación de la Agencia Tributaria cayó en abril un 10%, aunque Rajoy dice que está subiendo. Y con este panorama, propone rebajar el IRPF en dos puntos en todos los tramos y aumentar los mínimos exentos. Esto irónicamente podría costar unos 6.000 millones de euros de recaudación. Pero como señalaba Marx, todo esto es una farsa, porque mientras Rajoy promete que rebajará los impuestos y mantendrá -por supuesto- el Estado de bienestar, se compromete por escrito con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, a efectuar ajustes en el segundo semestre, pasadas las elecciones; es decir, recortes y subidas de impuestos.
El PP plantea una medida que permitiría a muchos presidentes y consejeros del Ibex 35 no pagar impuestos
En realidad, se trata de una política marxista, pero de Groucho Marx: "si no le gustan mis principios, tengo otros". Si a usted no le gustan las amnistías fiscales y las subidas masivas de impuestos, no se preocupe, bajaremos los impuestos. Algún detalle de la propuesta es simplemente cómico. Por ejemplo, el PP se compromete a eliminar el IRPF a los mayores de 65 años que continúen trabajando. Y no sólo resulta cómico porque el PP de Montoro y Rajoy haya promovido una inspección masiva de los escritores mayores de 65 años que estaban trabajando. Resulta cómico porque dejaría a muchos presidentes y consejeros del Ibex 35 que tienen más de 65 años sin pagar un euro de impuestos. Además, como para las empresas el pago de los sueldos es un gasto deducible en el impuesto de sociedades, estamos abriendo un agujero fiscal enorme y una puerta al fraude.
El PP no es el único partido que lleva propuestas irrealizables y disparatadas en su programa, pero tiene mérito que de las dos únicas propuestas de impuestos, una sea un disparate y la otra una rebaja irrealizable. Frente a eso, en el otro extremo, tanto Podemos-Izquierda Unida como el PSOE proponen subidas masivas de impuestos para financiar un importante incremento del gasto público. Eso sí, ambos partidos se comprometen a luchar contra el fraude -tema que ignora absolutamente el PP- aunque unos sin concretar (PSOE) y otros sin esperanza de que sus medidas den resultado alguno (Podemos), como veremos.
La propuesta de Podemos en materia de delito fiscal se saldaría en la práctica con la impunidad de los delincuentes
Por lo que se refiere a Podemos, plantea propuestas completamente contraproducentes. Por ejemplo, la de rebajar el límite del delito fiscal a 50.000 euros. Esto multiplicaría el número de denuncias que se envían a los tribunales, que ya están colapsados. En la actualidad, la Justicia tarda 2.331 días en resolver un delito fiscal, esto es, seis años y medio. Si multiplicamos por diez el número de denuncias, simplemente nos aseguraremos de la impunidad de los delincuentes fiscales, y de paso no cobrar las deudas y las sanciones. Recordemos que hay más de 6.000 millones de euros pendientes de cobro en los tribunales.
Otras propuestas de Izquierda Unida y Podemos son simplemente irrelevantes, como aprobar una ley anual tributaria. En el catálogo de muebles del programa de la coalición, hay errores graves como calificar de pantallas a sociedades en las que los dueños están en un registro público, como las Sicav o las Socimi. Pero, en cualquier caso, no se explica qué se va a hacer para luchar contra el fraude y conseguir 10.000 millones de euros, más allá de buenos deseos y asegurarse el colapso de los juzgados.
Podemos, que promueve referéndums independentistas, habla de tocar las deducciones autonómicas a discreción
En el apartado de las subidas masivas de impuestos, Unidos Podemos presenta una mayor concreción. El principal problema es que no van a pagar los ricos, sino que en general se trata de subidas indiscriminadas de impuestos, que es lo que supone ese anuncio de "Igualaremos los tipos impositivos sobre la gasolina y el gasóleo." España aplica los tipos mínimos de la directiva de impuestos especiales, tanto en gasolinas como en gasóleos. La equiparación supone subir los impuestos del gasóleo para igualarlos con la gasolina, lo que significa un incremento del 30% de los impuestos sobre el gasóleo, a lo que habría que sumar luego el 21% de IVA. Esto supondría una subida mínima de 12 céntimos por litro de gasóleo -probablemente más, dada la falta de competencia en el mercado español de hidrocarburos-. Naturalmente, se encarecería casi todo el transporte.
Las cuentas que sí les cuadran a Podemos son las de los más de 2.000 millones de euros en "impuestos ambientales", pero las de la subida del IRPF sólo les salen a medias, porque aquí, la mitad de la subida (5.000 millones), proviene de eliminar las deducciones. El problema es que el total de deducciones en cuota ascendió a 4.400 millones. Dejando de lado que más de 2.300 millones se corresponden con deducciones autonómicas -y que de una coalición que promueve referéndums independentistas se podría esperar algún respeto a las competencias autonómicas-, habría que eliminar todas las deducciones para acercarse a la previsión.
El impuesto de sociedades, que permite a grandes empresas pagar menos que nunca, es un gran fracaso del PP
En fin, el 80% de este dinero está en la deducción por vivienda, que se sigue aplicando transitoriamente. Los cinco millones de familias que compraron una vivienda durante la burbuja, y están pagando una hipoteca, verían aumentados sus impuestos en 700 euros de media, y serían los grandes paganos de la subida de impuestos de Podemos e Izquierda Unida.
Lo que sí que no cuadra de ninguna forma es el tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% para grandes empresas. Efectivamente, por unas razones u otras, la reforma del impuesto de sociedades -especialmente en lo que se refiere a muy grandes empresas, que pagan menos que nunca-, es uno de los grandes fracasos de la política del PP.
Hay que saber hacerlo, pero no podemos permitirnos que se derrumbe la recaudación del impuesto de sociedades
Si antes las grandes empresas pagaban un 6%, en abril pagaron un 63% menos, dejándose de ingresar 1.800 millones de euros respecto de 2015. Sin embargo, el tipo mínimo no se puede aplicar. Gran parte de los beneficios de estas empresas proviene de dividendos de filiales exteriores. Estos dividendos están exentos porque teóricamente los beneficios ya tributaron en otro país. Imponer un pago mínimo del 15% no sólo viola un centenar de convenios internacionales, es que simplemente garantiza que las empresas no repatriarán el dividendo. Con esto seguiremos sin recaudar, y de paso habremos secado una de las fuentes de liquidez de la economía española: los dividendos exteriores de las grandes empresas.
A diferencia de los demás partidos, en Ciudadanos proponemos medidas concretas y factibles. Por ejemplo, en el impuesto de sociedades tenemos que eliminar deducciones "de compensación" por haber bajado impuestos. Increíble, pero eso existe. También tenemos que eliminar la deducibilidad de los gastos financieros cuando financian activos que dan ingresos exentos, como los dividendos exteriores. Si el ingreso no suma, el gasto no puede restar. España no se puede permitir que las grandes empresas no paguen apenas y que la recaudación del impuesto de sociedades se derrumbe, pero hay que saber cómo hacerlo.
Es posible cuadrar las cuentas sin subidas de impuestos: recortando gasto superfluo y acabando con duplicidades
En materia de lucha contra el fraude, proponemos medidas como ampliar la declaración de bienes en el exterior para que incluya yates, oro u obras de arte en el extranjero, que ahora no se declaran y están fuera de control. Por otra parte, fomentaremos los pagos con tarjeta y móvil, estableciendo el derecho del consumidor a pagar, a partir de diez euros, mediante estos medios electrónicos que dejan huella. Como primera medida, exigiremos los 2.800 millones de euros perdonados ilegalmente en la amnistía fiscal de Rajoy y Montoro.
Esto nos permite cuadrar las cuentas sin subidas de impuestos, recortando gasto superfluo y duplicidades. Puede no ser tan apasionante como prometer incrementos del gasto público de 60.000 millones, rentas básicas para todos, o eliminar el IRPF (para jubilados)... pero son cuentas reales, no una farsa.
*** Francisco de la Torre Díaz es candidato al Congreso por Madrid y portavoz de Hacienda de Ciudadanos.