Tal y como hoy desvelamos en EL ESPAÑOL, las grabaciones a Fernández Díaz realizadas en el Ministerio del Interior responden a un ajuste de cuentas. El detonante habría sido la decisión del ministro de destituir hace un año al jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, medida con la que pretendía zanjar la guerra que éste mantiene con el también comisario José Manuel Villarejo a raíz de la operación Emperador. La disputa surgió a raíz de que Martín Blas señalase a varios policías por recibir regalos de la mafia china.

La investigación abierta ahora para determinar cómo fueron grabadas las entrevistas de Fernández Díaz con Daniel de Alfonso en 2014 apuntan al jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña. Pero al margen de que ese extremo pudiera probarse, lo que ha quedado claro es la vulnerabilidad de un recinto que, por principio, debería estar blindado. Si alguien ha sido capaz de grabar al ministro del Interior en su propio despacho y difundir sus conversaciones dos años después, es que nadie está libre de ser espiado.

Sin credibilidad

Sólo por eso, independientemente del contenido de las grabaciones, el ministro debería dejar su cargo. Nadie imagina a cualquiera de sus homólogos europeos resistiéndose a dimitir en una situación similar. El ministro, y el Gobierno en su conjunto, son hoy el hazmerreír dentro y fuera de nuestras fronteras. Fernández Díaz ha perdido toda credibilidad para seguir dirigiendo a quienes han burlado su confianza y unas elementales medidas de seguridad.

Pero está además lo que recogen las grabaciones, su insistencia en reclamar al jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña información comprometedora contra dirigentes independentistas. De ahí a decir que sus palabras equivalen a poner en marcha una operación para "prefabricar  pruebas", como ahora claman los separatistas, hay un mundo, pero lo que está fuera de toda duda es que esa no es la actitud ni el tono que debe tener un ministro.

Las grabaciones demuestran que Fernández Díaz intenta que las investigaciones policiales vayan en una dirección determinada para combatir a rivales políticos, lo que equivale a hacer un uso partidista de su cargo. Es más, después de que De Alfonso le confíe que los indicios encontrados son muy débiles, la Policía investigó a la cuñada del conseller Felip Puig, tal y como hoy revela EL ESPAÑOL.

Pobres explicaciones

Las explicaciones con que el ministro ha tratado de echar balones fuera para no asumir su responsabilidad no son nada convincentes. De entrada, si alguien no puede presentarse como víctima de una grabación es quien dirige a la Policía. Argumentar que son cosas de hace dos años, tampoco supone ningún atenuante. Sostener, por último, que todo esto es "repugnante" y que sale a propósito a cuatro días de las elecciones para perjudicar al PP, es una pataleta que sólo contribuye a agrandar su incompetencia.

Claro que el propósito de quien ha difundido las grabaciones es perjudicar al PP. Pero la cuestión no es esa, sino que un ministro nunca debería haber dado pie a que alguien pudiera tener un material como el que utilizan ahora contra él y su partido. Está claro que hay que limpiar el Ministerio del Interior, empezando por el ministro y llegando hasta la última cloaca.