Una denuncia del presidente de la entidad pública Adif, Gonzalo Ferre, ha permitido descubrir el posible desvío de 82 millones de euros en la ejecución de las obras del AVE Madrid-Barcelona. La investigación, impulsada a raíz de la detención en 2014 de nueve personas implicadas en una trama de sobrecostes en un tramo de la Alta Velocidad en Cataluña, se ha saldado de momento con 14 nuevos arrestos.
Las pesquisas de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción apuntan a un grupo de técnicos corruptos, que se prestó a falsificar licitaciones y certificar facturas hinchadas, a cambio de sobornos y dádivas de todo tipo. La cantidad defraudada es desorbitada y prueba que cada algunos de los tramos de AVE se pagaron por duplicado.
Hay que poner en valor la diligencia de Adif, cuya denuncia puso sobre la pista a los investigadores, pero es descorazonador pensar que en el operador ferroviario hubo un grupo de expertos dispuestos al pillaje. Es necesario revisar la actuación de los implicados en otras licitaciones, e impedir el acceso a la ejecución de obra pública de los constructores implicados. También es preciso revisar los mecanismos de control para mejorarlos en la medida de lo posible e impedir que vuelvan a producirse casos como este.
