La vicepresidenta del Gobierno no ha dudado en responsabilizar este viernes a Pedro Sánchez de que los españoles se vean abocados a votar en Navidad si la investidura de Mariano Rajoy resulta fallida. Soraya Sáenz de Santamaría ha alegado que el secretario general del PSOE rehuyó hablar por teléfono con el presidente, para sostener así que el culpable de este dislate es el líder socialista por haberse perdido la oportunidad de opinar sobre el calendario.
El argumento resulta tan cínico que no merece comentario. En todo caso, pone de relieve la mala conciencia del PP por haber utilizado espuriamente los tiempos legales con tal de presionar al PSOE. La estrategia de Rajoy, con la complicidad de la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, ha sido tan evidente que resulta obscena, además de maquiavélica.
Investidura
El presidente ha dilatado los tiempos políticos a conciencia, hasta el punto de que ha tardado diez días en asumir las seis condiciones regeneracionistas de Ciudadanos, con la intención de que la negociación de estas propuestas le permitiera postergar al 30 de agosto el pleno de investidura. Este plazo, con la normativa electoral y el reglamento del Congreso en la mano, ha facilitado al PP colocar a Sánchez ante el dilema de abstenerse y que Rajoy se perpetúe en la Moncloa o que las elecciones caigan el 25 de diciembre.
La estratagema de Rajoy ha levantado ampollas en el PSOE. Sánchez ha respondido este viernes al chantaje del presidente reprochándole su "falta de talla política" y reafirmando su intención de votar no a su investidura. Más aún, el líder del PSOE ha adelantado que el PSOE también votará en contra del proyecto de Presupuestos, lo que indica hasta qué punto son irreconciliables las posiciones de los dos partidos mayoritarios.
Bloqueo agravado
El bloqueo político parece así agravado con la voladura de todos los puentes entre PP y PSOE, lo que aumenta exponencialmente la anomalía de que España se vea en la tesitura de celebrar por tercera vez las elecciones en la peor fecha posible. Los españoles nos veríamos obligados a permanecer en nuestro lugar de residencia para ir a votar o hacerlo por correo. Más de 50.000 personas tendrían que estar en mesas electorales y renunciar a viajar, e incluso a reunirse con sus seres queridos, porque un desplazamiento por motivos festivos o familiares no exime de las obligaciones electorales. El rey tendría que pronunciar su mensaje de Navidad el día de reflexión. Y probablemente el hartazgo y la baja participación alcanzarían cotas históricas. En definitiva, votar el 25 de diciembre no sólo sería insólito: también sería un dislate antagónico con el espíritu democrático y con el derecho al sufragio.
18-D
Está en manos de los partidos evitar este escenario calamitoso. Una modificación, tramitada de urgencia, del artículo 51 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, para reducir a la mitad los 15 días de campaña, permitiría adelantar la fecha de los comicios -si Rajoy fracasa en su investidura- al día 18 de diciembre. El Congreso está operativo y la Constitución se reformó en 15 días, así que no hay ninguna excusa para no impulsar una reforma razonable. Hay que tener en cuenta, además, que las campañas son demasiado largas y que la capacidad de comunicación de los partidos en la actualidad sobrepasa con creces la que tenían cuando se concibió la LOREG.
Impulsando este cambio normativo el PP tiene la oportunidad de demostrar que no ha manipulado adrede el calendario, como todo hace pensar. Si el PP no se aviene a tramitar este cambio normativo, el PSOE y Ciudadanos deben hacerlo y recabar el apoyo del resto de los grupos. Una medida como ésta desactivaría el plan de Rajoy, ahorraría un buen dinero a las arcas públicas y merecería el aplauso de una sociedad que no merece que le hagan votar el mismo día de Navidad.