Existen motivos para pensar que las cloacas del Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, recurrieron a los métodos más abyectos para investigar el botín de los Pujol en Andorra. Al menos, así se desprende de lo declarado el pasado jueves por el principal accionista de Banca Privada Andorrana (BPA), Higini Cierco, a una juez del Principado.

Según este testimonio, en 2014, el entonces responsable de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, le exigió la documentación sobre las cuentas de los Pujol y la que pudiera tener de la familia de Oriol Junqueras y de Artur Mas bajo la amenaza de una intervención inmediata del organismo dependiente del Departamento del Tesoro de EEUU contra el blanqueo de capitales. Cierco le remitió entonces al consejero delegado de la entidad, Joan Paul Miquel, quien al parecer también fue extorsionado.

La presión a la que habrían sido sometidos ambos por este comisario y otros mandos policiales como Eugenio Pino, Celestino Barroso y Bonifacio Díaz fue -siempre según la declaración- constante. De hecho, el citado Bonifacio Díaz llamó al teléfono del marido de una secretaria de la entidad para que instara a su mujer a bajar a un bar a recibir una llamada. Una vez en el lugar acordado, un desconocido entregó a ésta un móvil. Al otro lado de la línea alguien le conminó a convencer a los responsables financieros a plegarse al mencionado chantaje "o el banco morirá". Joan Pau Miquel accedió a reunirse con los citados policías en Madrid y también fue amenazado con una intervención del Tesoro de EEUU.

El recurso a la llamada anónima fue la misma táctica que se empleó en el chivatazo a ETA del denominado 'caso Faisán' para frustrar una redada contra el aparato de extorsión de la banda. La lucha contra el crimen no justifica unos métodos más propios de bandas mafiosas que de los cuerpos de seguridad del Estado. No es casual que las acusaciones sobre este tipo de prácticas recaigan siempre sobre los mismos mandos en los últimos años. Interior debe investigar este asunto hasta sus últimas consecuencias para erradicar por completo este tipo de prácticas y expedientar a sus autores. El fin no justifica los medios.