Rajoy y Guindos se han enredado en tantas falacias y falsedades para explicar el intento de enchufar a Soria en el Banco Mundial que el ministro ha acabado acalambrado. El problema es que el recambio de Soria, en lugar de mitigar el voltaje del escándalo, lo multiplica, complicando así una salida airosa para el ministro de Economía.
Hay sospechas fundadas de que el exsecretario de Estado de Economía Fernando Jiménez Latorre, designado atropelladamente por Guindos como sustituto del exministro de Industria, tampoco es un candidato ejemplar. Soria tuvo que dimitir en abril tras descubrirse sus negocios en paraísos fiscales, mientras que Latorre está implicado en la contratación del exgrupo empresarial para el que había trabajado hasta dos meses antes de entrar en el Gobierno.
Oliver Wymann
En 2012, Latorre intervino en la adjudicación a Oliver Wyman, matriz de la consultora en la que había trabajado los años anteriores a su nombramiento, de 7,2 millones de euros para auditar el sistema financiero. Este contrato fue cuestionado por el Tribunal de Cuentas por su opacidad y porque aunque lo formalizó el Banco de España, la selección la hizo Economía. También escamó al PSOE, que exigió el expediente, pero Guindos no lo entregó alegando "confidencialidad" y pretextando que lo firmó el regulador.
El argumento es el mismo que ha empleado ahora el Ministerio para descartar cualquier posible "conflicto de intereses" en la contratación de Oliver Wyman. Sin embargo, cae por su peso puesto que la designación de la consultora beneficiaria recayó sobre "las autoridades autoras del encargo", según el Tribunal de Cuentas. En su respuesta a la información revelada por EL ESPAÑOL, el departamento que dirige Luis de Guindos no sólo no rebate al órgano fiscalizador, sino que defiende con empeño la idoneidad de la selección.
Las preguntas
¿Por qué no se inhibió Latorre? ¿Por qué asumió luego la supervisión del trabajo? ¿Conocía el ministro la relación laboral que había unido a su 'número dos' con el Grupo Oliver Wyman? ¿Por qué Guindos pretextó al PSOE que el contrato era cosa del Banco de España y que él no era "absolutamente nadie para dar instrucciones" al regulador cuando fue su departamento el que seleccionó a la consultora? ¿Quién dice la verdad, Guindos o el Tribunal de Cuentas? ¿Es normal que el Ministerio imponga al Banco de España un adjudicatario?
Todas estas preguntas por contestar muestran hasta qué punto el caso Soria es ya el caso Latorre. La mejor prueba de que no se trata de asuntos menores la dio este viernes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando en la rueda posterior al Consejo de Ministros, preguntada al respecto, se quitó de en medio y remitió a la comparecencia de Guindos en una comisión en el Congreso la próxima semana. Claro que, en la carrera sucesoria, ella es la primera beneficiada de que la mochila del ministro a quien muchos consideraban "el Monti español" pese cada vez más.