El pasado mes de enero, mientras España hacía un paréntesis en sus vacaciones de Navidad para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno y los clientes de Zara en China comenzaban a preocuparse por la expansión de una misteriosa neumonía que poco después fue bautizada como Covid-19. Días después, los empleados de las seis tiendas de Inditex en Wuhan asistieron al cierre de la ciudad por parte de las autoridades.
Dado el importante peso que tiene Asia en el negocio de Inditex, Pablo Isla fue el primero de los ejecutivos del Ibex 35 en conocer los efectos letales del Covid-19 en la economía. Tanto es así que no solo fue pionero en bajarse el sueldo por el coronavirus, sino que se aplicó esa bajada ya al salario variable del pasado año.
El grupo textil que fundó Amancio Ortega aterrizó en China en 2006 y cuenta con una red de proveedores en Asia acorde con el tamaño de su emporio. Precisamente por ese conocimiento del mercado chino, Ortega e Isla entablaron conversaciones con La Moncloa hace ya días para ayudar en esta crisis y desde el Gobierno se les animó a coordinar una red de grandes empresas para aportar dos cosas que hoy faltan en la Administración: eficiencia en la gestión de las compras en el extranjero y dinero.
Amancio Ortega y el hospital de campaña de Ifema.
Hace una semana aterrizó en Zaragoza un avión de carga de Inditex procedente de Zhengzhou (China) con 1.396 millones de mascarillas y 74.650 trajes de protección donadas por la compañía y por Sandra Ortega. No trascendió, pero la aeronave también traía una carga encargada por Juan Roig (Mercadona) con donaciones de material para hacer frente al Covid-19.
Ese aterrizaje es muy visual, pero anecdótico dentro de los recursos que las empresas han movilizado en las últimas dos semanas para paliar los efectos de esta crisis sanitaria.
Quince días en los que el Gobierno ha ido modulando su discurso bélico y ha pasado de anunciar un acuerdo con la banca para dotar de liquidez al tejido empresarial a anunciar la prohibición de los despidos -luego algo matizada- con un decreto que ha causado gran desazón entre los empresarios, que además se han sentido criminalizados a las puertas de una tremenda recesión.
Sin pensar en la política, ante su capacidad logística, Inditex está centralizando buena parte de las ayudas que un grupo de empresas del Ibex 35 han puesto en común ante lo que se dijo que era un fondo, pero en realidad, es una red de colaboración con recursos puestos a disposición de un Estado desbordado por los acontecimientos.
Ana Botín (Santander), Carlos Torres (BBVA), José María Álvarez Pallete (Telefónica), Florentino Pérez (ACS) y la propia Inditex comprometieron 25 millones de euros cada uno para comprar material o lo que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, considere que haga falta. También colaboran con comunidades autónomas y ayuntamientos.
En ese movimiento entre grandes empresas y Gobierno, Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) puso su red de proveedores en el exterior a disposición del Ejecutivo y una cuenta abierta para comprar lo que haga falta sin límite. "Si hacen falta 30, 40 o 50 millones, se pondrán sobre la mesa", contaba a este periódico una fuente conocedora de esa ayuda.
El Ibex 35 está activo y los presidentes de sus empresas están en contacto telefónico -entre ellos y con el Gobierno- para ver cómo incrementar el peso de las aportaciones. Muchas no pueden cuantificarse, pero son clave para combatir el virus.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y algunos representantes de la gran empresa.
Mientras la CEOE de Antonio Garamendi prepara un grupo de trabajo para coordinar la ayuda de empresas de tamaño más pequeño que quieren contribuir con dinero, material e ideas a combatir el virus.
La sociedad civil se ha movilizado para hacer frente a una pandemia que las autoridades sanitarias españolas no se tomaron en serio hasta el pasado 9 de marzo, cuando la Comunidad de Madrid anunció el cierre de los colegios.
Desde esa fecha y hasta el viernes pasado (10 jornadas bursátiles), las empresas del Ibex 35 han perdido cerca de 70.000 millones de euros en Bolsa, según los datos que proporciona BME. Una pérdida de riqueza que se suma a lo que se habían dejado en jornadas anteriores, cuando los mercados sí alertaron de lo que se venía encima.
Con su negocio congelado y el Gobierno cuestionando los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) que todo el sector turístico se ha visto obligado a anunciar, Iberia ha coloreado de rojo el hospital de campaña de Ifema con las más de 8.000 mantas y edredones de sus aviones donados, junto con almohadas, kits de aseos, batas y hasta respiradores.
Además, Luis Gallego ha fletado vuelos para repatriar a 6.000 españoles con una tarifa de 300 euros en la que el pasajero solo paga el combustible y las tasas de aeropuerto más un euro. Han partido aviones desde Santo Domingo, Ecuador, Panamá, Dakar, Bogotá, Uruguay, Japón, Varsovia...
Francisco Reynés (Naturgy) tampoco está presente en el fondo de los blue chip, pero ha movilizado nada menos que 1.000 millones de euros para hacer frente al impacto que tendrá en sus ingresos el retraso en el pago de las facturas de sus clientes. A esa cuantía, hay que sumar otros cerca de 21 millones de euros que están previstos por si sus siete millones de clientes hacen uso del servicio de asistencia sanitaria que ha contratado con una empresa externa para atender llamadas y descongestionar hospitales.
También, Josu Jon Imaz ha convertido a Repsol en una empresa de fabricación de hidrogeles. Ya ha conseguido una producción semanal de 3.000 litros y trabaja en transformar una de sus refinerías para elevar esa producción hasta los 7.000 litros que donará a las autoridades.
Entre sus acciones, hay una pequeña que pasa desapercibida. Repsol mantiene las gasolineras abiertas y proporciona aseos a los transportistas. En otros tiempos, parecería una banalidad, pero ahora todo cuenta.
Incluso la tranquilidad de los jubilados al recibir por adelantado su pensión o no tener que ir a un cajero lejano por el fin de las comisiones que suprimieron Jordi Güal, Josep Oliú o José Ignacio Goirigolzarri, entre otros.
Preguntaba el otro día a Toni Roldán, director del think tank EsadeEcPol, por cómo medir en valor estas aportaciones de las empresas en la lucha contra el coronavirus. "El sector privado, bastante tiene con sobrevivir", respondió. Mario Draghi iba más allá al pedir en el FT ingentes cantidades de dinero público para mantener a las empresas -grandes y pequeñas- a través de un modelo de cooperación con la banca como el que ha habilitado Nadia Calviño.
Al margen de esa medida -que se anunció como una movilización de 100.000 millones de euros, pero que de momento, ha partido con un 20%- la sensación es que en España no se va a poner dinero para ayudar a las empresas, pese a que su supervivencia es clave para el empleo.
Los empresarios se sienten solos y amenazados por un Gobierno con claras aspiraciones intervencionistas y pocas ganas de colaboración. El hecho de que la prohibición de los despidos se comentara con los agentes sociales, pero no se comunicase a las patronales antes de la aprobación ha causado decepción. Pero no por ello, la empresa va a dejar de ayudar.
La sociedad civil está movilizada en España y está demostrando ser mucho más eficiente que un Gobierno que se hizo tarde con un gran lote de test que encima resultaron fallidos.
ATENTOS A...
Los cinco millones de euros que Antonio Huertas va a entregar al CSIC para que participe en la elaboración de la vacuna contra el Covid-19 en la que trabajan científicos de todo el mundo. Y pensarán que el anuncio ya está hecho. Pero hay un detalle que ha pasado desapercibido: en el Real Decreto que el Gobierno aprobó con medidas de apoyo a esta investigación, dotó al centro que preside Rosa María Menéndez López de 4,5 millones de euros. Una cuantía que ha sido superada por la aseguradora.
En el año 2002, el CSIC fue un centro pionero en la investigación contra el SARS-CoV-2 y su contribución fue clave para encontrar una vacuna. Que sus investigadores reciban ahora recursos es una de las mejores políticas sociales en las que se puede trabajar.