La trampa saducea de Carmen Calvo

¿Está usted de acuerdo con reformar nuestro obsoleto Código Penal para adaptarlo armónicamente a la legislación europea, "acompasar acontecimientos democráticos a tipos penales" y evitarnos nuevas "humillaciones" como las que, como bien ha dicho mi compañero, el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, se han producido cuando jueces de otros países han emitido resoluciones contrarias a las de los nuestros?

Un momento, un momento… No contesten a Carmen Calvo, hasta después de la publicidad. Tenemos en primer lugar un espacio, patrocinado como branded content por la Asociación de Estudios Bíblicos, sobre los saduceos. Se trataba de una secta o grupo político judío, del siglo primero antes de Cristo, integrado por quienes se declaraban descendientes del Sumo Sacerdote Sadoq -Zadok the priest en el Himno de la Coronación de Händel- que ungió como rey a Salomón.

Ilustración: Javier Muñoz.

Los saduceos pertenecían a la clase alta de la sociedad judía y negaban la inmortalidad del alma. Sostenían que Dios premiaba en vida a los hombres buenos y que eso justificaba sus riquezas. Colaboraban con los ocupantes romanos, copando los principales cargos de la administración y se jactaban de su dominio de la retórica. En una ocasión, tal y como recogen los Evangelios de San Marcos y San Mateo, tratando de avalar sus creencias, los saduceos preguntaron a Jesús cuál sería el marido de una mujer que hubiera tenido siete esposos, si todos ellos resucitaran. Por supuesto, Jesús se salió por la tangente.

Otras veces los saduceos preguntaban si había que cumplir el mandato de Moisés de lapidar a las adúlteras o si era lícito pagar los tributos impuestos por el emperador romano. Ay de ti, contestaras lo que contestaras. Todo ello explica que la Fundéu defina la "trampa saducea" como "una manipulación capciosa para conseguir que el adversario dé un paso en falso o cometa un grave error".

El segundo espacio publicitario que debemos ver y escuchar, antes de contestar a Carmen Calvo, es una grabación de noviembre de 1972, procedente del archivo de TVE y patrocinada por los Amigos de la Historia de la Transición. Corresponde a una comparecencia del ministro-secretario general del Movimiento, Torcuato Fernández Miranda, ante las Cortes franquistas , en la que se le planteó que aclarara si era partidario o no de las "asociaciones políticas", que promovían sectores del régimen, como alternativa a los partidos.

Fernández Miranda asesoraba ya al príncipe Juan Carlos en el propósito de convertir a España en una democracia plena, cuando se produjera "el hecho sucesorio" y, por lo tanto, se veía en el brete de avalar un sucedáneo, que podía desvirtuar el sentido último de su proyecto, o aparecer como un reaccionario, opuesto a toda innovación modernizadora. Por eso comenzó diciendo:

"Quizá tendría yo un éxito rotundo y fácil si aceptara la tentación de contestar sí o no... En política, como en toda actividad humana, los noes no tienen sentido más que cuando enmarcan, confirman o aclaran una afirmación de la cual se parte. Decir no a algo, por ejemplo a las asociaciones políticas, sólo estaría justificado, como consecuencia de un sí previo, al cual naturalmente se adhiere el ánimo del que después dice no; porque, con ese no, no hace más que definir y delimitar el sí que afirma".

Aquello no era un galimatías, ni menos aún un trabalenguas, sino una reflexión profunda en la que, bajo su espeso envoltorio dialéctico, latía el pálpito verdadero de otra pregunta impronunciable: "Señorías, ¿de qué va realmente esto?".

El hemiciclo oscilaba ya entre el pasmo y la estupefacción, cuando Fernández Miranda terminó de explicarse: "Jamás mi actitud será negativa. Si algo niego, lo hago porque lo que afirmo previamente me lleva a las negaciones circunstanciales que configuran y definen la afirmación que mantengo. Decir por tanto sí o no a las asociaciones políticas es sencillamente una trampa saducea".

Y dio carpetazo al asunto: "Los saduceos preguntaban así, montando una alternativa respecto a la cual, si se aceptaba uno de los términos, malo, y si se aceptaba el otro, peor. Pues bien: ruego a los señores procuradores que tengan paciencia, pues no caeré en la trampa de decir sí o no al asociacionismo político, porque de ese modo no se esclarecería el tema".

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Volvamos, pues, queridos espectadores, tras esta ilustrativa pausa publicitaria, a la máquina de la verdad de Julián Lago. Y lo hacemos en condiciones de avanzar, de manera decisiva, un paso más allá de lo que lo hizo el inteligente catedrático de Derecho Político asturiano, en su críptica respuesta de hace medio siglo.

Porque mientras Fernández Miranda se sentía obligado a guardar todas sus cartas en la manga -téngase en cuenta que no sólo vivía Franco, sino también Carrero, y la camarilla de El Pardo estaba en su apogeo-, nosotros, y cuando empleo este plural me refiero a todos los demócratas de cualquier ideología, no tenemos ningún problema en definir ese "sí previo" que, según él, era imprescindible para desmontar la "trampa saducea". El "sí previo" del Estado de Derecho que relativiza y permite repudiar cualquier apelación banal -y no digamos falaz- a la armonización europea.

Fernández Miranda no podía decir: "Señorías, quiero que España se convierta en una monarquía constitucional, plenamente democrática y, por lo tanto, las asociaciones políticas serán válidas, o no, en la medida en que nos acerquen, o no, a ese objetivo, a modo de antecesoras de los partidos políticos".

Pero nosotros sí podemos decir: "Con los derechos de los españoles no se mercadea... Con el Código Penal no se puede mercadear , ni lo pueden decidir aquellos [delincuentes] que aún hoy siguen diciendo que, si pueden, lo volverán a hacer".

Y tan lo podemos decir, que ya lo hemos dicho. Porque un socialista, Emiliano García-Page, depositario -como presidente de Castilla-La Mancha- del claro legado de patriotismo constitucional, atesorado por sus predecesores, Bono y Barreda, heredero de la tradición socialista a fuer de liberal de Indalecio Prieto y Julián Basteiro, ha hablado en nombre de todos nosotros.

Estoy seguro de que Carmen Calvo habrá entendido perfectamente esa afirmación previa, esa premisa insoslayable, pues, aunque se haya olvidado de organizar conmemoración alguna sobre el inicio del Trienio Liberal, como colega de Fernández Miranda en el estudio del Derecho Político, no puede ignorar que, cuando en 1822 se aprobó el primer Código Penal de nuestra historia, sus redactores asumieron el noble principio de nulla pena sine previa lege. Es decir, nadie podía ser castigado retroactivamente por conductas no tipificadas en el momento de su comisión, pero todos quedaban sometidos por igual a la punición vigente.

Siendo esa la base de la seguridad jurídica, entraba dentro de lo previsible que durante el debate televisado de la última campaña electoral, Sánchez propusiera modificar el Código Penal, para volver a clasificar como delito la convocatoria ilegal de referendos. ¿Por qué? Porque por dos veces, en el caso de Artur Mas en 2014 y en el de Puigdemont y Junqueras en 2017, las autoridades catalanas osaron cruzar una línea roja que ni siquiera se había atrevido a cruzar el Ibarretxe más marciano, azuzado por los proetarras más viles. La de desobedecer a los altos tribunales y convocar sendas consultas de las que, sobre todo en el segundo caso, se dedujeron graves males para la convivencia entre catalanes y, por ende, para el interés general de los españoles.

Lo que nadie podía imaginar es que el mismo Sánchez fuera a promover, una vez investido, una reforma que, en sentido opuesto, viniera a facilitar la reiteración de tales conductas. No sólo olvidándose de reintroducir el mentado delito, sino rebajando las penas por el de sedición, que es el que ha determinado las condenas de los golpistas juzgados y sentenciados, en resolución unánime de siete variopintos magistrados del Tribunal Supremo.

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Todos entendemos su descarnado problema político -o más bien aritmético-  y la obscena forma de afrontarlo. El precio de la investidura fue la mesa de negociación que pondrá en marcha con un Torra inhabilitado por desobediencia, que acaba de declararse en rebeldía frente a las resoluciones de la Junta Electoral y el Supremo. El precio de los Presupuestos que, en la práctica, pueden darle tres años más en la Moncloa, es poner en libertad -así de claro- a Oriol Junqueras.

Hay una manera ortodoxa de hacerlo que es la concesión de un indulto, tal y como sugirieron en su día Iceta o la propia delegada del Gobierno Teresa Cunillera. Supondría un coste político, pero no vulneraría la legalidad. El único problema es que tendría como requisito imprescindible el previo arrepentimiento de los reos y, como acabamos de escuchar al más chulesco y desafiante Junqueras, lo que mantienen hoy por hoy, entre imprecaciones groseras, es que "se han ganado el derecho a volver a intentarlo".

Quedaría como alternativa una Ley de Amnistía, que es lo que exigen los separatistas, equiparándose así a todos los asesinos de ETA, el FRAP, el GRAPO y la ultraderecha o a los policías torturadores, que se beneficiaron de la de 1977. Pero, como su más que dudosa constitucionalidad desaconseja ese camino, ha surgido la ocurrencia de impulsar una modificación ad hoc del Código Penal, en sentido inverso a la que hace tres meses se necesitaba, para beneficiar retrospectivamente a los condenados.

Y encima camuflándola falsamente de armonización europeísta, como si la vicepresidenta nos tomara a todos por tontos o ignorara el derecho comparado, como para no saber que, por su regla de tres, igual podría desaparecer el delito de sedición, como en Alemania, o ver agravado su castigo hasta quince años, como en Italia.

Puesto que Page ya le ha contestado, en nombre del común de los demócratas, desmontando la trampa saducea de Carmen Calvo con aplastante llaneza -"aguar la sedición es como invitar a que se haga todos los fines de semana"-, lo prudente es ahora esperar acontecimientos.

En la Moncloa saben que hemos pinchado su globo sonda y que el punzón ha sido un socialista cabal, amén de valiente. Ahora ya podemos responder a Carmen Calvo. Sí: queremos cualquier "armonización", "reforma" o "corrección", supuestamente europeísta, siempre y cuando le convenga a la España constitucional. No, no la queremos si conviene a quienes reiteran su pretensión de destruir nuestro Estado democrático, por muy cogido que tengan a Pedro Sánchez de las meninges del alma, vulgo patas de su poltrona.

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Otro tanto cabría decir del volantazo, en favor del régimen del "tirano" Maduro, a costa de ultrajar a quien debía haber entrado en la Moncloa como huésped de honor: Juan Guaidó, "único representante de Venezuela con legitimidad democrática”. Como la caracterización de ambos personajes corresponde a otro socialista, nada menos que Felipe González, insisto en que toca esperar y ver porque, a este paso, la oposición que más daño va a hacer, muy pronto, a Sánchez es la que está germinando en el seno del PSOE. O al menos en su base electoral.

Acaba de transcurrir la segunda semana de esta coalición imposible de dos gobiernos inviables, fruto de una investidura infame y eso implica que, en el peor de los casos, -a ver una sonrisa- sólo quedan otras 198.

Si el domingo pasado les recetaba, de la mano de Schopenhauer, una buena dosis de eudemonología, como arte de la felicidad, desde el relativismo de que todo podría ser muchísimo más desastroso, hoy les recomiendo la nankurunaisa que, además de estar considerada como una de las palabras más bellas del mundo, significa en el dialecto japonés de Okinawa que “con el tiempo se arregla todo”.

Nada de perder la flema, nada de levantar la voz desde el minuto dos, como si deseáramos desencadenar el apocalipsis por un quítame allá ese pin parental. Lo que más puede convenir a Sánchez es que todos los que no estén con él, parezcan de Vox. Como si cada domingo el centro y la derecha liberal repitieran el rito suicida de la plaza de Colón.

Por eso no me costaría ningún esfuerzo mezclar unas cuantas cucharadas de ataraxia con la suficiente pizquita de amnesia para aplaudir la beligerancia de González con la libertad de Venezuela, si no fuera por sus conexiones con Slim y los Cisneros. Por eso toca subrayar, sin ironía alguna, que Page es el gigante cívico de la semana y alcanzará dimensiones de titán el día que pida al Grupo Socialista que no vote esa reaccionaria contrarreforma penal.

Porque tomarse las cosas con calma no es ignorar lo que sucede y menos aún la dimensión de lo que se está incubando. Porque, parafraseando a Condorcet, no es conveniente ver engañar al pueblo sin que tenga consecuencias.

Es imprescindible desarbolar dialécticamente la trampa saducea de Carmen Calvo sobre el Código Penal, restarle apoyos sociales y parlamentarios, hasta hacerla impracticable. Que nadie se caiga del guindo. Se trata del balbuceante ensayo general de lo que, a continuación se emprendería mediante la reforma del Estatuto de Cataluña: una transición "de la Ley a la Ley, sin apartarse de la Ley". O sea, la misma técnica con la que Fernández Miranda desmontó el franquismo, sólo que al servicio de la demolición del Estado constitucional.