¿Hemos vivido esta semana el ensayo general del colapso de la legislatura dentro de cuatro meses o tan sólo la escenificación de la estrategia de la disuasión mediante el riesgo de la destrucción mutua, tanto por parte de Puigdemont como de Sánchez?
Al tumbar en un mismo día, con su mando a distancia desde Waterloo, la senda de déficit y la Ley de Extranjería, el líder de Junts ha demostrado que, de la misma manera que tuvo la llave de la investidura, ahora tiene la de la gobernabilidad.
Eso es lo que late tras el mensaje enviado ayer mismo a la Moncloa desde la pequeña estafeta de Els Banys i Palaldà: volveré al Parlamento de Cataluña a impedir o fustigar el enjuague PSC-Esquerra y Sánchez tendrá que garantizar mi libertad o atenerse a las consecuencias.
Puigdemont, ven si te atreves.
Pero al plantarse el miércoles en Barcelona y ofrecer a Aragonès la honrilla efímera de salir durante una hora de su ataúd de pato muerto, para rendir un último servicio a la entente que ha dejado KO a su partido, Sánchez ha dado a entender que va a cerrar la investidura de Illa con Marta Rovira. Diga lo que diga Puigdemont, haga lo que haga Puigdemont.
Las claves de ese acuerdo, disfrazado de "financiación singular" de Cataluña, tendrán que ver, por supuesto, con el Consorcio Tributario, la gestión exclusiva de algún impuesto, los compromisos de inversión o la condonación de gran parte de la deuda de la Generalitat con el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) que pagamos todos los ciudadanos. Cosas que indignarán a muchos socialistas en el resto de España, pero que terminarán engullidas en el agujero negro de las vacaciones.
También será decisivo el estado de desgarramiento interno de Esquerra, fruto de la guerra fratricida entre junqueristas y roviristas y el recurso a métodos tan abominables como aquella siembra de carteles vinculando a Ernest Maragall con el alzheimer de su hermano, el exalcalde de Barcelona.
Sólo faltaba que el ahorcamiento en efigie de Oriol Junqueras, mediante un ninot colgado hace cinco años bajo el puente de una autovía, haya resultado ser también una operación de "falsa bandera". Caramba con los republicanos catalanes. Ni la CIA en los tiempos de Gladio.
Es obvio que Esquerra sería quien más tendría que perder en una repetición electoral. Pero no tanto en función de todo lo antedicho, sino teniendo en cuenta la enorme proporción de sus militantes que integra el actual "sottogoverno" o "gobierno sumergido" de la Generalitat.
Se trata de "la fruta prohibida de la política catalana" en certera expresión de Vicent Partal, director del diario independentista VilaWeb. Nada menos que 580 altos cargos, asesores y directivos de empresas públicas, nombrados a dedo por la Generalitat.
"Como Illa ha dado sobradas muestras de ser un hombre generoso y pragmático, poco podrá hacer Puigdemont para oponerse al reparto de dividendos entre PSC y ERC"
Como su sueldo medio es de 85.484 euros —el triple del de los asalariados catalanes—, eso significa que hay casi 50 millones anuales en juego, sin contar con lo que ocurra en diputaciones y ayuntamientos. Y tal cantidad incluye las "donaciones voluntarias" de entre el 4 y el 10% que esos cargos hacen al partido que les nombró, incluso aunque no sean militantes.
Es la norma no escrita del llamado "clientelismo burocrático". Sólo por ese concepto Esquerra ingresó el año pasado más de 1,2 millones de euros, el 14% de sus ingresos. Una cifra superior al millón escaso procedente de las cuotas de afiliados. La comparación es doblemente elocuente, tratándose de un partido arraigado en el tejido social y en el que teóricamente las bases tienen un peso determinante.
La verdadera negociación —la "sottanegociacione", habría que decir— determinará qué parte del botín permanecerá en los bolsillos de las familias y el aparato de Esquerra. Y como Illa ha dado sobradas muestras de ser un hombre generoso y pragmático, poco o nada podrá hacer Puigdemont para oponerse a algo tan inexorable como ese reparto de dividendos entre socios. A los de Junts sólo les quedará rabiar e intentar ajustar cuentas.
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"Ya se les pasará", me dijo el miércoles un ministro implicado en la negociación triangular. "En cuanto asimilen que Salvador sea presidente de la Generalitat, volverán a jugar sus bazas como hasta ahora. Pero eso marcará un antes y un después porque legitimará toda nuestra política catalana".
Claro que Puigdemont puede llevar su rebote hasta las últimas consecuencias y hacer descarrilar la legislatura en el otoño. Sin Junts no habrá ni Ley de Reducción de Jornada, ni Plan de Regeneración, ni por supuesto Presupuestos.
Prorrogarlos por segunda vez sería una prueba de impotencia tal que equivaldría a reconocer que Sánchez reina, como si fuera un jefe de Estado bis, asistiendo a cumbres internacionales y recibiendo a empresarios en Moncloa, pero sin ninguna capacidad de gobernar.
Seguir así sería el tobogán hacia el desastre. La convocatoria de elecciones anticipadas estaría cantada, máxime cuando las encuestas mantienen al PSOE en su suelo del 30%, a medio tiro de piedra del PP, y el juez Peinado parece empeñado en alimentar el victimismo del presidente.
El hundimiento de Sumar haría más difícil la remontada, pero Sánchez podría pensar que ir a las urnas contra Puigdemont, habiendo dado estabilidad a Cataluña, le proporcionaría un relato ganador. Ese sería su plan B.
"La resolución del Tribunal Supremo denegando la amnistía a Puigdemont prolonga su condición de rehén de Sánchez"
Volvamos al plan A. Paradójicamente, Sánchez creía haber encontrado en la Sala Segunda del Supremo el más inesperado e involuntario aliado para aferrarse a la que sigue siendo su prioridad: apurar al máximo la legislatura.
Y es que la resolución de Marchena y sus compañeros denegando la amnistía a Puigdemont, al hacer una interpretación extensiva del lucro personal en la malversación, prolonga su condición de rehén de Sánchez.
Podrá sentirse todo lo estafado que quiera, pero esto es lo que hay. Puigdemont sólo recuperará la libertad de movimientos inherente a la amnistía si el Tribunal Constitucional le concede su amparo cuando le toque. Y, como se ha visto en el caso de los ERE, la disposición de la "mayoría progresista" a agradar a su creador no ha topado aun con sus límites. El TC hará lo que le convenga a Sánchez, cuando le convenga a Sánchez.
Ese tiempo largo sólo tiene una excepción disruptora: que Puigdemont se presente en España con motivo de la investidura de Illa, tal y como anunció ayer. Eso implicaría que fuera detenido nada más cruzar la frontera, a menos que lograra burlar la vigilancia policial. La Asamblea Nacional Catalana ya ha llamado a la "defensa popular de la integridad física de Puigdemont frente al poder judicial español".
Aunque el retorno tuviera lugar en agosto, habría una posibilidad cierta de que se produjeran disturbios. No digamos nada si la detención se produjera cuando el líder de Junts intentara acceder al Parlament.
Lo previsible sería entonces que el juez Llarena lo trasladara a Madrid, dictara prisión incondicional y que la Sala de Vacaciones del Supremo le respaldara. La Fiscalía, a la que ha apelado este sábado Puigdemont, nada podría hacer para evitarlo.
Tanto si el abogado del líder de Junts planteara entonces un procedimiento de habeas corpus, como ya ha insinuado, como si agotara los recursos ante el Supremo con el reo en la cárcel, el Constitucional tendría que entrar en escena mucho antes de lo previsto.
En ese caso el TC de Sánchez no tendría más remedio que poner en libertad a Puigdemont mediante unas cautelarísimas, pues todo el andamiaje de la pacificación de Cataluña se vendría abajo, dentro y fuera de España, si continuara entre rejas. Illa sería el primero en pedirlo porque Esquerra no aguantaría la presión y quien sabe si la investidura quedaría condicionada a la puesta en libertad del reo.
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Sánchez sigue apostando por extender la relación perversa de la silla del dentista, confiando en que, por mucho que se haya comprometido a hacerlo, Puigdemont no tendrá el suficiente arrojo para presentarse en el debate. Las prisas por cerrar el acuerdo y adelantar el desenlace suponen un desafío implícito: atrévete a venir.
Sería como la irrupción del hada Maléfica en el bautizo de la Bella Durmiente con su huso en ristre, amenazando con dejar en estado cataléptico al Govern recién nacido. Pero, claro, lo que menos le preocupa al líder de Junts es la incomodidad que pueda causar en los familiares de la criatura, padrinos e invitados.
Al contrario, ese sería su mayor aliciente: convertirse de improviso en la visita que no tocó el timbre, colándose de rondón en el debate y resistiéndose a ser detenido en el interior del Parlament, con la complicidad activa del presidente Rull.
El problema de Puigdemont es que la envergadura de su delito, no amnistiable según el Supremo, conlleva penas de hasta quince años y el riesgo de fuga está acreditado por el precedente. Es decir, que Llarena tendría fundados motivos para encarcelarle y todo el trámite antedicho le mantendría entre uno y dos meses a la sombra.
"Sánchez sería capaz de vulnerar su última línea roja y celebrar un referéndum en Cataluña para que el nacionalismo pierda y poder presentarse como el pacificador"
No parece que sea plato de su gusto. En Moncloa creen que Puigdemont se aferrará a la preservación de la dignidad de la institución que ha representado, frente a la pretensión de mancillarla de la Justicia española. Con tal de no correr el riesgo de ser fichado y arrojado a una celda como un delincuente más, buscará un pretexto final para cambiar de criterio y seguir en Waterloo.
Sería la penúltima excusa para lamer sus heridas en su exilio dorado y fraguar una "vendetta", aplazada hasta el momento en que resolviera el Constitucional. Eso implicaría dejar a Sánchez en el limbo de su minoría actual y en cuanto pudiera, al cabo de unos meses, lanzarle el órdago definitivo: referéndum a cambio de dos años más de legislatura, incluido el Presupuesto.
¿Sería Sánchez capaz de vulnerar también su última "línea roja" y poner en almoneda la soberanía nacional mediante una consulta de autodeterminación en Cataluña? Por supuesto que sí. Con el ánimo, claro, de que el independentismo pierda y él concluya esta legislatura y encare la siguiente como Pedro el Pacificador.
El gran estímulo de Puigdemont es la falta del sentido de la medida de Sánchez a la hora de evaluar el riesgo. Mientras su continuidad dependa de sus siete votos, será él quien marque el compás. Primero la amnistía —aunque sea a trancas y barrancas—, después el referéndum.
Por eso, yo creo que la respuesta al "Vuelve si te atreves" de la Moncloa, tendrá el más taquillero de los títulos: "Atrápame si puedes". Será la primera superproducción que se estrene en agosto.