El Gobierno balear ha decidido poner un guardia a la entrada del archipiélago, como en esos pubs de moda con largas colas en la puerta a los que sólo es posible acceder a medida que van saliendo los de dentro. Pero una cosa es limitar el aforo en un local por razones de seguridad y otra muy distinta prohibir la libre circulación de personas, que es a lo que aboca fijar por ley un tope de alojamientos para visitantes.

A partir de ahora sólo podrán pernoctar al mismo tiempo en Baleares 623.624 turistas, un número que el Gobierno tripartito se ha comprometido a ir reduciendo en aras a "la sostenibilidad y la responsabilidad". Que las autoridades se lo han tomado en serio lo dice la propia cifra: fíjense que el cupo no es de 623.000 o 623.600. Ni siquiera de 623.620. Se ha hecho un cálculo exacto, riguroso y científico que no da pie al redondeo.

Para disuadir a aquellos propietarios de pisos que tengan la tentación de albergar a forasteros en el mercado negro se han establecido duras sanciones, con multas de hasta 40.000 euros. Los políticos son quienes se reservan el derecho de admisión para, dicen, evitar que haya "especulación".

El celo regulador del Gobierno balear es inquietante: uno empieza poniendo cupos y organizando el turismo con absoluto desprecio de la ley de la oferta y la demanda, y acaba pidiendo méritos a quienes hacen la cola esperando a entrar. Tal vez lo próximo sea dar prioridad a los turistas que demuestren su amor a las islas exhibiendo conocimientos de la cultura mallorquina y competencia en la lengua propia.

Es verdad que los turistas pueden llegar a ser un incordio. Por ejemplo, cuando se mete una docena de personas en un piso de sesenta metros cuadrados o cuando no se respetan las horas de descanso de los ciudadanos. Pero esos problemas se solucionan con otro tipo de normas y con ordenanzas municipales.

No deja de ser contradictoria la determinación de los dirigentes baleares para frenar la entrada de turistas, toda vez que sus partidos están entre los que con más ahínco se oponen a las vallas para controlar la inmigración. ¿En qué quedamos: hay que regular o no el tránsito de personas? ¿Pueden causar más problemas los turistas ilegales que los subsaharianos que tratan de saltar la valla en Ceuta o Melilla?    

Por lo pronto, Baleares se apunta al turismo con númerus clausus.