En Cataluña llevamos medio año sin Gobierno y por aquí seguimos sin notar nada. La comparación con Bélgica, donde se tiraron 541 días así por las querellas entre sus tractorianos de ultraderecha y los pobres penitentes que deben soportar a diario su matraca lacrimógena, no sirve: allí al menos tenían un Gobierno en funciones que movía papeles de un cajón a otro de las mesas de sus despachos.

En Cataluña ni siquiera tenemos de eso. El Gobierno suspendió la autonomía, aplicó el 155 y envió a la región un batallón de castigo formado por seis funcionarios, exactamente seis, cuya función no ha ido mucho más allá de seguir metiendo pasta en los bolsillos de TV3, Pilar Rahola, Toni Soler, la ANC, Òmnium y VilaWeb con una generosidad digna de mejor causa. Llamarle Gobierno a seis funcionarios solitarios cuya mayor angustia es pasar lo más inadvertidos posible es exagerar. Encarregats, y gracias. 

Porque a ver si se creen ustedes que los golpes de Estado se financian solos. No, hombre, no: se necesita la complicidad de un Gobierno central al que le dé pánico, por no decir pereza, adoptar las tres únicas medidas que se necesitan para acabar con el "eterno problema catalán" de una vez por todas. Y lo pongo entre comillas porque el problema catalán, que de eterno no tiene nada, sólo es percibido como tal por los complejos de inferioridad de las elites centrales de este país respecto a las CCC -las Castas Caciquiles Carlistas- de su periferia vasca y catalana. 

Esas tres medidas son la creación de una red escolar en español paralela a la actualmente existente. Esa en la que el idioma mayoritario en Cataluña, y por lo tanto el propio de la región, tiene la consideración de lengua extranjera. La conversión de Barcelona y su cinturón industrial en la decimoctava comunidad autónoma española. Y el fin de la financiación de la red clientelar de parásitos, jetas, golpistas y fanáticos que el nacionalismo ha tejido durante los últimos cuarenta años.

Las dos primeras medidas son permanentes. La tercera sólo necesita ser aplicada durante un breve periodo de dos o tres meses. Lo que yo calculo que tardará en palmar de inanición financiera el último de los aproximadamente trescientos medios de comunicación separatistas quebrados a los que sólo mantienen en pie las ayudas de la Generalidad.

Las organizaciones civiles y administraciones públicas de la trama aun durarán menos: son apenas 301.145 funcionarios de los cuales sólo el 9% pertenecen a la Administración central. El resto viven del momio autonómico y del municipal. O del universitario, al que habría que dar de comer aparte y que amamanta a 24.000 vividores.

Salvamos a los casi cuarenta mil empleados públicos del sector sanitario y a los 17.000 de los cuerpos de seguridad, reciclados en la Policía Nacional y la Guardia Civil, y nos desembarazamos de los 72.000 apesebrados de la docencia universitaria, de los 30.000 de las consejerías y los organismos autonómicos y de los 84.000 de las administraciones locales. Vista la experiencia de los últimos meses, es de prever que ni un solo catalán note nada raro.  

Al final va a resultar que tienen razón los nacionalistas del gorrocóptero amarillo cuando dicen que España sigue siendo un Estado centralista. Porque aquí llevamos ciento ochenta días justos sin Gobierno autonómico y andamos más anchos que largos. Poca feina, como decimos en Cataluña, deben tener.