Dos días después del acto de conmemoración del fracaso del 23-F, Juan Carlos I ha planteado una segunda regularización fiscal. El Emérito debe a los españoles cuatro millones de euros.

El orden de los factores lo explica todo, y compendia una historia de impunidad que va alcanzando su fin. El 23-F de 1981, Juan Carlos I detuvo un golpe de Estado y adquirió una inviolabilidad moral que creyó eterna.

A sus ojos, era lo esperable. Trajo la democracia y poco después la defendió ante la asonada golpista. No es difícil imaginar que considere que los españoles contrajimos una deuda perpetua con él. Había cumplido con éxito su mandato histórico y ahora debíamos corresponderle mirando hacia otro lado.

La idea de que el artífice de la democracia pudiera defraudar a España en sus dos acepciones ("frustrar, desvanecer la confianza o la esperanza que se ponía en alguien o en algo" / "eludir o burlar el pago de los impuestos o contribuciones") era inconcebible. Pero ha sucedido.

Esto debería advertirnos de los riesgos del género hagiográfico. A Juan Carlos no lo han hundido sus detractores, sino sus valedores. Décadas de exuberante celebración de su figura prendieron un halo incandescente a su alrededor que creyó inapagable. Son sus defensores quienes le expidieron una patente de corso que no estaban en disposición de honrar.

Porque el Estado de derecho, aunque sus ciudadanos se resistan, no puede mirar hacia otro lado.

Media España ve un héroe donde la otra media ve un delincuente fiscal. Y ambas mitades se equivocan. La heroicidad de Juan Carlos en el advenimiento y defensa de la democracia está tan acreditada como la ilicitud de su comportamiento posterior.

El drama nacional no es que el padre sentimental de nuestra democracia haya devenido en defraudador, sino que podría seguir operando igual sin reproche formal de muchos ciudadanos.

Pero el drama tiene dos actos. La otra mitad prefiere abstenerse de celebrar la frustración de un golpe de Estado antes de reconocerle algún mérito al Rey.

La renuncia de ERC, EH Bildu, JxCAT, PDeCAT, el BNG y la CUP a participar en el 40º aniversario del fracaso de Tejero es grave. Prefieren que se les identifique con el golpismo a que se les tome por españoles. No perdieron la ocasión de reivindicar su vocación de ruptura con el régimen del 78 y de exigir la desclasificación de todos los informes relativos al 23-F.

Comparten con Podemos el sueño de que los documentos revelen la implicación de Juan Carlos I en el golpe. Les resulta insoportable que sea él quien enterró el franquismo y ellos quienes pretenden liquidar la democracia.