El indulto a los independentistas catalanes y el eventual regreso de Carles Puigdemont no conllevaría un rechazo tan marcado en la opinión pública (salvo en la subvencionada CEOE y entre los obispos catalanes, huérfanos de feligreses) si estuviera claro que los políticos presos catalanes han asumido el fracaso del proceso secesionista.

Lo más llamativo en la crisis catalana es el empecinamiento en dos caminos que terminaron en el precipicio. El del diálogo marianista y el de la declaración unilateral de independencia.

A pesar de ello, el presidente Pedro Sánchez insiste en el diálogo (agravado con una mesa de tintes bilaterales con la Generalitat) y los separatistas, incluso desde la cárcel, se jactan de victorias parciales con el horizonte de un triunfo definitivo.

Sorprende la incapacidad de aprender de la experiencia por parte de un sector de la izquierda y de la mayoría de los secesionistas. Ni un solo país del mundo, mucho menos europeo, reconoció el grito rupturista catalán de 2017. Se implantó de inmediato el artículo 155 de la Constitución que ponía fin al Gobierno autonómico. Carles Puigdemont tuvo que huir al extranjero y los responsables que se quedaron en España fueron procesados y condenados con todas las garantías.

Al cabo de cuatro años, ERC, sin renunciar a nada, sugiere desarrollar una vía lenta y progresiva de ganar posiciones en la opinión catalana de tal modo que, al final, el Gobierno de la Nación se vea obligado a autorizar una suerte de referéndum consultivo-decisorio. La antigua CiU, en manos de Puigdemont, mantiene las posiciones rupturistas a partir de la misma ensoñación de 2017.

Por activa y por pasiva se ha argumentado, con razón, que en la legalidad constitucional no cabe el referéndum secesionista de una parte del territorio español porque el sujeto de la soberanía nacional es el conjunto del pueblo español. Un referéndum sobre Cataluña es algo que atañe a todos los españoles y ningún Gobierno podrá parcializar la soberanía en partes agregadas. Salvo que se produzca una ruptura constitucional y política.

Una reforma constitucional en la dirección federal o confederal no cabe, por mucho que se empeñe Sánchez o el ministro Miquel Iceta, si tal definición implica un nuevo sumando de soberanías territoriales. Esa pretendida nueva arquitectura territorial supondría la vuelta a la inestabilidad constitucional. Un camino que, como nos enseña la experiencia, se sabe cómo empieza, pero se desconoce cómo acaba.

En otras palabras, JxCAT sigue en sus trece. ERC tiene un mini plan B (esperar y avanzar) y el Gobierno de Sánchez sostiene el camino del diálogo, más por ganar tiempo que por creer que exista una vía de solución negociada de la crisis catalana con los indultados reincidentes.

Dos caminos cegados: el del diálogo y el de un nuevo procés.

Voy a dibujar una nueva situación para la próxima legislatura. Aunque en política no es posible anticipar escenarios con certeza, me voy a permitir sugerir que, dada la evidente división del PSOE entre el sanchismo y los votantes socialistas decepcionados, no es muy descabellado suponer un triunfo del centroderecha en las próximas elecciones generales.

Si esto es así, se producirá un cambio en los miembros de la dirección del PSOE y el sanchismo pasará a ser cosa del pasado, aunque nos dejará a los españoles el problema secesionista catalán aún más enquistado.

En ese marco, el PP no puede seguir con la cantinela del diálogo y permitir que la convivencia en Cataluña sea insoportable para propios, visitantes, extraños o vecinos.

Si la crisis catalana en los próximos meses sigue igual, o peor, será el momento de anticiparse a su iniciativa y declarar el fin del Gobierno autonómico por medio de la implantación, una vez más, del artículo 155 de la Constitución. Y esta vez, al igual que en 2017, mediante un acuerdo con la nueva dirección del PSOE y por un plazo temporal dilatado o indefinido. Plazo que permita revertir la política de confrontación con el resto de España.

Eso llevará mucho tiempo y esperemos que el fin de la alegre y rentable administración del presupuesto autonómico convenza a los implicados reincidentes sobre la conveniencia de un nuevo equilibrio.

Es hora de orillar los caminos de perdición y, cuanto antes, implantar un nuevo camino de salvación. Rectificación nacionalista o 155.