Por primera vez un acuerdo entre Pedro Sánchez y un gobierno autonómico en manos del PP. Una decisión judicial que da con casi todo al traste. Un ministro que vuelve a estar en la cuerda floja (y van ¿cuántas ya?). El inaudito espectáculo de un miembro del Gobierno de España denunciando a otro. Dos naciones fronterizas, presionando la una, dejándose presionar la otra y tendiendo puentes después, destitución de ministra mediante. Y en medio de todo, la suerte de unos niños. 

Más de 1.000 entraron en Ceuta desde Marruecos a mediados de mayo como medida de extorsión. “Toda acción tiene sus consecuencias”. Esas fueron las palabras de la embajadora del reino alauí. La acción era la entrada de tapadillo en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. La consecuencia, abrir las compuertas de la frontera con Ceuta y, sobre todo, llenar la ciudad de niños. Quedan ahora unos 700. 200 de ellos tienen menos de 16 años. Acogidos en campamentos improvisados y polideportivos, vagando por las calles de Ceuta y pendientes de escolarizar. 

“Marruecos reclama a todos sus niños” dice la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos. “Decir que devolverán los menores de Ceuta implica que volverán a vulnerar sus derechos” aducen desde las ONG que han paralizado las devoluciones de los menores.

Pero, al margen de las cuestiones legales que haya podido ver la juez del caso, volvemos a encontrarnos con una situación que precisa bastante más reflexión. 

En este caso y simplificando la cuestión. Si esos niños fueron utilizados por Marruecos para servir de advertencia a España (algo así como la cuota pesquera en sus aguas jurisdiccionales), una vez nuestro Gobierno ha entendido el mensaje, a esos menores se los devuelve a su país y aquí paz y después gloria.

Porque no hacerlo implica dar por hecho que Marruecos carece de los medios necesarios para hacerse cargo de la situación de esos menores, como si en realidad no fuese el país moderno que pretende ser.

Suponer que esos niños verán vulnerados sus derechos una vez en su país es tanto como decirle a la cara a Marruecos que es una dictadura, una tiranía o un estado fallido. ¿Estamos dispuestos a hacerle eso a nuestros vecinos? ¿A hacerlo ahora que se dan por restablecidas, aunque sea de manera endeble, nuestras relaciones con ellos? 

Mientras tanto, hace dos días, medio centenar de marroquíes intentaron entrar en Ceuta, a la fuerza y con violencia, por el espigón fronterizo del Tarajal. No es la primera vez desde la entrada de los 12.000 de mayo. De hecho, esos intentos no han cesado desde entonces y sólo han dependido de lo mucho o poco que abriesen la mano las autoridades marroquíes. 

La realidad es que, por una parte, tanto en Ceuta como en Melilla tienen razones para sentir cada asalto a la valla como una invasión y nadie puede juzgarles por ello.

Como tampoco por sentirse superados por la situación de los niños sin padres que vagan por sus calles, presas fáciles de gente sin escrúpulos y a los que (no nos engañemos) lo único que les ofrecemos una vez cumplidos los 18 años es en la mayoría de los casos la marginalidad.

Y yo me pregunto hasta qué punto el dinero y las buenas intenciones bastan para abordar una situación que, como se ha visto, nos supera.

Hablando de menores no acompañados, tengo la sensación de que topamos una y otra vez con el mismo muro y volvemos a repetir los mismos errores. Así que habrá que concluir que nos estamos equivocando.