Ha querido el azar, la necesidad o simplemente la torpeza de quienes administran nuestros asuntos que el 40 aniversario del triunfo en las urnas de Felipe González coincida con el enésimo descarrilamiento de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Si aquella clamorosa victoria electoral señaló el inicio de la transformación que llevó a España y a los españoles a homologarse con la Europa de la que aspirábamos a formar parte, el presente fiasco consolida, por el momento, nuestro retroceso a la más deprimente anomalía.
Félix Bolaños, negociador del pacto por el Poder Judicial.
No se puede negar que fue aquel arrollador PSOE de 1982 el que imprimió una aceleración decisiva a la transición a una democracia respetada, una economía moderna y una sociedad que podía mirar sin complejos a sus vecinos. Desde la extensión y la consolidación de los servicios públicos esenciales hasta la inversión en infraestructuras, pasando por el reconocimiento de derechos, la reforma institucional y la puesta al día del Estado heredado de cuatro décadas de ominosa y rancia autocracia.
Con sus grises y sus negros, Felipe González fue artífice del fulgurante viaje de nuestro país desde el pelotón de los torpes a la primera fila de la región más próspera y menos injusta del globo. De vivir bajo un régimen desdeñado por todos, pasaron los españoles al reducido club de las democracias plenas.
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Esa conquista admirable y feliz es la que ahora en buena medida se tambalea, gracias a la contumacia de quienes deben forjar y rubricar un acuerdo de renovación de la cúpula judicial en esgrimir pretextos para romper las negociaciones cada vez que el compromiso se aproxima.
Lo de menos, con no carecer el asunto de trascendencia, es que esta vez se recurra a la rebaja de las penas asociadas al delito de sedición para hacer saltar la mesa por los aires. Lo principal, lo alarmante, es que una y otra vez se encuentre un argumento para prolongar la agonía de la Administración de Justicia, hundiéndola en el descrédito.
Es la debatida reforma del Código Penal para aliviarles las consecuencias a los sediciosos una cuestión abierta a múltiples objeciones. Entre ellas, el carácter ad hoc de la modificación de un tipo penal que apenas se ha aplicado, a instancias y bajo la presión indisimulada de quienes lo han infringido.
Lo que no se termina de ver es que cause un destrozo comparable al de seguir bloqueando sine die la renovación de órganos constitucionales. Para castigar una disfunción, se responde con un derribo.
Pongámonos en el peor de los casos. Que el Gobierno haya incurrido en opacidad y deslealtad sobre esta materia frente al primer partido de la oposición. Aun así, cabe preguntarse si un partido realmente comprometido con el Estado no podría, o no debería, obviar este tipo de agravios en aras del bien común.
El culebrón que parece que va a acabar en ruptura, fracaso en la renovación y deterioro hasta la putrefacción de uno de los tres poderes del Estado es el fruto de los desbarros de todos sus guionistas, y desde luego del que lo escribe desde el Gobierno. Pero hará mal la otra parte si cree que puede prorrogar en su beneficio los días de un CGPJ muerto y comido por los gusanos. Lo hace en perjuicio de todos, y esa es su responsabilidad.
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Y lo que es más importante. Este desenlace es una excelente noticia para todos los enemigos de España, que es tanto como decir del marco de convivencia y participación democrática que habíamos construido los españoles. Lo que van a gozar, los de dentro y los de fuera, motejando a la justicia española de fallida, antidemocrática y secuestrada por una facción ideológica.
Unos y otros tenían en sus manos evitarlo. Han preferido, unos y otros, volver a comportarse como niños malcriados que se niegan a respirar. Y quizá hasta se enorgullezcan de ello.
