Y tú, Feijóo, ¿qué hacías cuando el Estado de derecho se iba por el desagüe?

Se amparan para ello en el artículo 117 de la Constitución, que dice que "la Justicia emana del pueblo". Olvidan, claro, la segunda parte del artículo: "y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".  

"Independientes… y sometidos únicamente al imperio de la ley". 

Nadie puede decir, en cualquier caso, que no estén avisando de lo que pretenden. Porque está ahí, a la vista de todo el que tenga ojos para ver y oídos para oír. También los líderes independentistas, modelo de este Gobierno en tantas cosas, avisaron por activa y por pasiva de lo que iban a hacer en septiembre y octubre de 2017. Ese año sólo se sorprendieron en Madrid los que previamente habían querido engañarse al respecto. 

La idea de que los jueces han de reflejar y ejecutar la ideología del Gobierno desde los tribunales es un disparate predemocrático que sería calificado de dictatorial si saliera de la boca de Jair Bolsonaro, Viktor Orbán o Donald Trump. En la España de 2022, esa idea es defendida por el Gobierno con una soberbia rayana en la arrogancia. En la cosmovisión del Gobierno, dictatoriales son los que se oponen a esa barbaridad. 

Alberto Núñez Feijóo junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. EFE

Contaba el historiador Enric Ucelay-Da Cal en 2018 que la característica más distintiva del fascismo es la chulería. "Lo que marca el fascismo es el desacomplejamiento" decía. "No hay otro movimiento político en el siglo XX que asuma sin rubor, como lo hace el fascismo, su propia demonización". Claro que Enric Ucelay-Da Cal no había vivido aún los años de gloria de este Gobierno, que no es fascista, pero que de jactancia va sobrado, y que apela a la UE cuando pretende cambiar la ley en favor de un puñado de golpistas, pero que la aparta de un manotazo cuando esta le pide aflojar el yugo sobre los jueces.  

La pregunta es para qué necesita Sánchez unos jueces que apliquen su programa si ya controla el Ejecutivo y el Legislativo, es decir los poderes del Estado que elaboran las leyes que luego aplicarán esos magistrados. Y la respuesta es evidente. Porque incluso el margen interpretativo de los jueces, por no hablar de los principios generales del derecho, implican un margen de incertidumbre intolerable en los planes del Gobierno.

Está fallando Alberto Núñez Feijóo a la hora de transmitir la gravedad de lo que está ocurriendo en España. Un par de tuits y un recurso de amparo o de inconstitucionalidad, que en un Tribunal Constitucional controlado por Sánchez están condenados a languidecer hasta su desechamiento, no son ni por asomo la respuesta que los españoles esperan de alguien que aspira a presidir el Gobierno. Es probable que tampoco lo sea una moción de censura destinada a fracasar, pero ahí está el contraejemplo de Felipe González en 1980 para demostrar lo contrario.

Se equivoca también Feijóo si cree que lo que está hoy en juego es sólo el resultado de las elecciones de 2023. ¿Qué cree que ocurrirá si el PP gana los comicios en un país en el que se ha derogado el delito de sedición, en el que se ha rebajado el delito de malversación, en el que los sindicatos han sido excluidos del delito de desórdenes públicos y en el que el Constitucional y quizá el CGPJ están en manos de la izquierda? 

¿Acaso no se da cuenta Feijóo de que la rebaja penal de la malversación sin lucro personal abre la puerta a que el dinero público sea empleado por los nacionalistas en desestabilizar al Gobierno que salga de las urnas? Lo dijo Oriol Junqueras hace sólo unas semanas: "La próxima vez, el precio será menor". 

¿Con qué armas se enfrentará Feijóo a una nueva intentona independentista si no cuenta con el Código Penal ni con los jueces? ¿Si los sindicatos, como en la saga cinematográfica de La purga, tienen carta blanca para actuar en las calles?

Alberto Núñez Feijóo tiene un grave problema de credibilidad, heredado de Mariano Rajoy, y sus cuatro promesas de ayer viernes se quedan muy cortas frente a la superioridad armamentística del rival. Frente a la magnitud de la amenaza. 

Los recursos de inconstitucionalidad tendrán corto recorrido en un Constitucional controlado por el PSOE. La resolución de esos recursos, además, podría llevar años. 

Recurrir a la UE demuestra su incapacidad para lidiar con los problemas por sí solo. Denunciar a Sánchez frente a la UE tiene además, como en el caso anterior, unas raquíticas posibilidades de éxito. En primer lugar, porque la UE parece mucho más preocupada por el asalto al Poder Judicial de los Gobiernos de derechas húngaro o polaco que por el de un Gobierno de izquierdas como el de Sánchez. 

En segundo lugar, porque Sánchez cumple a rajatabla con los dogmas ideológicos de la UE de hoy: cambio climático, transición energética, feminismo. Difícilmente tomará Bruselas medidas contra Sánchez cuando su imagen en Europa es casi impoluta.  

El tercer y el cuarto punto suplican crédito a los electores. Pero si por algo se han caracterizado los populares es por una genética conservadora que les ha impedido, cuando han llegado al poder, derogar ninguna de las medidas de los Gobiernos socialistas que les han precedido en el cargo.

No lo hizo José María Aznar, no lo hizo Rajoy, y muy difícilmente lo hará Feijóo, que no es un revolucionario, sino un pragmático, y que se enfrentará a problemas estructurales cuya solución exigirá una refundación de la arquitectura constitucional española. 

En una sociedad dividida entre aquellos que sólo aspiran a que les dejen en paz y aquellos que aspiran a imponer su santa voluntad al prójimo, el resultado no tiene vuelta de hoja. Si el PP, con los sondeos remando a favor y teniendo frente a él al Gobierno más extremo en 40 años de democracia, no logra ni siquiera transmitir una mínima sensación de emergencia, ¿cómo pretende ganar las elecciones dentro de un año, cuando todo esto haya caído en el olvido?