Vuelve a casa, vuelve la normalidad. La justicia no estaba fuera, no había que irse tan lejos a buscarla. No había que recorrer un camino tan tortuoso para llegar al mismo sitio.
No hacía falta homologar la ley española a la europea. El delito de sedición no era el problema y en España no había ningún riesgo sistémico de vulneración de derechos.
Puigdemont, durante la presentación de su libro en Bruselas
No hacía falta dar tantas vueltas para alcanzar la normalidad democrática. A veces el mejor camino es el más sencillo. Y esta vez también bastaba con aplicar la Ley, como siempre.
La decisión del TJUE resuelve la cuestión prejudicial presentada por el juez Pablo Llanera afirmando que Bélgica tiene que entregar a la justicia española a Lluis Puig, exconseller de Carles Puigdemont.
De esta manera, afirma que la justicia española no responde a la imagen de descrédito que los nacionalistas catalanes han vertido contra nuestras instituciones en el extranjero. En España no son ni la policía ni los jueces los que vulneran los derechos. Esta decisión permitirá restaurar el orden de los factores y asentar, de alguna manera, que el 1-O no fue un golpe de Estado de España contra Cataluña, sino la de algunos políticos catalanes contra el Estado de derecho.
La decisión es de celebrar, por muy evidente que nos resulte a muchos. Estaban en juego cuestiones que afectan a la normalidad democrática.
La primera, que España no es un pueblo al final de una carretera sin asfaltar, sumida en la autarquía, que espera con alegría un golpe de aire fresco para modernizarse. El guion de esta película no lo ha escrito Berlanga.
No somos una fotografía en blanco y negro, y no es necesario que profetas con vocación de eternidad nos lancen en paracaídas nuevos códigos penales. La legislación española hace mucho tiempo que es homologable a la europea y no esperamos ni a un míster Marshall ni a un míster Sánchez que nos “homologuen”.
La segunda, que Europa es demasiado a menudo el muñeco de paja de las posturas más extremas. Y no puede ser la coartada para justificar los atropellos nacionales. Puigdemont, y parte del Gobierno, han sometido a las instituciones europeas a un chantaje ilegítimo.
Cuando se afirmó que teníamos una legislación del siglo XIX y quisieron hacer justicia material con los indultos mientras esperaban que “Europa” les diese la razón, no solo se pusieron del lado de los nacionalistas, sino que alimentaron las sospechas del otro extremo y fortalecieron las posturas visegradistas.
[Puigdemont: “Hoy estoy más cerca de volver libre, no entregado”]
Europa no es la coartada para ningún nacionalismo. Y así nos lo ha dicho: tenéis un sistema suficientemente bueno como para ocuparos vosotros mismos de vuestros asuntos.
Y la tercera, es que se refuerza el crédito de la Euroorden. Y con él, el principio de confianza mutua entre los Estados miembros. ¿Quién se creía la justicia flamenca para valorar nuestro Código Penal? No podríamos haber aceptado una cesión de soberanía implícita al Estado belga, ni una sumisión a ese grupo mínimo de flamencos que hace la justicia por su cuenta.
La buena noticia es que no esperamos a ningún míster Marshall. Esperamos a míster Puigdemont con la tranquilidad de que será juzgado sin rencor ni revanchismo, bajo las normas del Estado de derecho que él intentó socavar y que ahora son las que le protegen.
