Es un tópico, un lugar común, entre los llamados "constitucionalistas" manifestar que "en democracia" todo es defendible, incluyendo el separatismo o el independentismo, si ello se plantea por los cauces que marca la Constitución.
Ignora, el que así habla, que la Constitución parte de un cimiento fundamental, que es la unidad del territorio nacional.
Félix Bolaños y Oriol Junqueras, tras sellar el acuerdo entre el PSOE y ERC.
En toda Constitución se presuponen unas fronteras, que delimitan el ámbito jurisdiccional en el que opera ese marco constitucional. Y en ningún caso la Constitución puede abrir el supuesto, ni en su preámbulo ni en su articulado, de la descomposición de ese territorio.
Decir, como se repite desde el "constitucionalismo", que el separatismo, para lograr sus fines, debe operar por cauces legales, marcados por la Constitución, es tanto como decir que el método para construir un edificio es la demolición.
Nunca una Constitución puede marcar el camino de la descomposición del Estado sobre el que se basa. La Constitución, ni siquiera como hipótesis, puede contemplar la descomposición, la des-constitución. Pero la situación de confusión ideológica es tan grave en España que parece mentira que haya que decir obviedades de este estilo.
El nacional-separatismo, por su lado, parte de la premisa de que la unidad nacional y territorial es una imposición despótica. Por tanto, una vez destruido el despotismo, se acabó la unidad.
Para el separatismo, pues, España es incompatible con la democracia. La unidad significa imposición despótica, y la democracia significa plurinacionalidad, que sólo se consumaría cuando cada nación tenga su propio Estado.
No hay más. Este es el desafío permanente que ejerce el separatismo sobre la unidad de España, amenazando con su descomposición.
Precisamente, va a ser la democracia como ideología lo que va a permitir que, en España, a través del régimen del 78, el Estado y la sedición del Estado se sienten en las mismas instituciones en pie de igualdad. Consintiendo que el separatismo, una vez dentro, realice su labor de erosión de las instituciones del Estado, erosionando principalmente su unidad.
Es el señuelo de "la democracia" lo que permite que cualquier proyecto quede legitimado y prestigiado en el debate social por el hecho de autoproclamarse como "democrático". Así, al catalanismo (y al separatismo, en general) le interesa proyectar la idea de que impedir un referéndum es antidemocrático, y plantearlo es democrático.
Ocultan tramposamente que lo que ese referéndum plantea pasa por excluir de la participación en el mismo a la inmensa mayoría de la población española. Y ello en función de una decisión, la que opera dicha exclusión, que no es para nada democrática. Sino que, bien al contrario, es una decisión que se establece por la despótica voluntad de la facción catalanista.
Un despotismo, sin embargo, que se oculta presentando las cosas justamente al revés, como en imagen invertida (esperpéntica). De tal modo que, y así lo repiten una y otra vez, es la "Cataluña democrática" la que está siendo "oprimida" por una "España despótica".
De hecho, el mero planteamiento de un referéndum en estos términos, en el que sólo votaran "los catalanes", apropiándose en exclusiva de una parte del territorio que es común, ya supone una amenaza para España. También para la democracia en España, en cuanto se está privando a unos ciudadanos españoles (los no residentes en Cataluña) de la posibilidad de decidir sobre un territorio sobre el cual tienen tanto derecho, en tanto españoles, como los ciudadanos de la parte catalana.
En definitiva, el adjetivo "democrático" no tiene otro significado más que el propagandístico, a favor del catalanismo. Y en este sentido cumple muy bien sus funciones encubridoras, demagógicas, toda vez que lo que se está realmente planteando es el robo. El saqueo, vía separatista, de parte de España, al procurar apropiarse de aquello que es común (no hay nada más común entre los españoles que el territorio nacional).
Pretender que sólo siete millones de españoles puedan decidir el futuro de cuarenta y siete millones, sin que los cuarenta millones restantes tengan nada que decir, no tiene nada de democrático. Es pura exclusión despótica. Es el catalanismo el que roba, y no hay cauce ni constitucional ni democrático para el robo. No lo hay ni puede haberlo.
A ver si los "constitucionalistas" se enteran.
