Imagine que lleva a un taller mecánico oficial el coche en el que va a viajar con toda su familia, confiado en que garantizará su seguridad y el traslado al destino acordado.

Los técnicos de ese taller le firman el parte que asegura que está todo bien, que han revisado con la debida diligencia no solamente el motor y la batería y los frenos, sino también las aplicaciones incorporadas al vehículo.

Pero una de esas últimas utilidades desactiva el ordenador central cuando ha recorrido unos kilómetros, y el vehículo queda fuera de control... y a merced del destino.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, junto al presidente del Partido, Alberto Núñez Feijóo.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, junto al presidente del Partido, Alberto Núñez Feijóo. Javier Lizón EFE

Salvando las (dolorosísimas) distancias, algo similar ha ocurrido con la tramitación parlamentaria del proyecto de ley del Gobierno de Pedro Sánchez para trasponer la directiva europea de intercambio de información de antecedentes penales.

Al tramitarla por el procedimiento de urgencia se acortaban plazos y se eludían los informes del CGPJ y del Consejo de Estado, como en tantas ocasiones.

Pero sí se permitían enmiendas de los grupos.

Así, cuando llegó a la Comisión de Interior, este proyecto de ley llevaba adosada una bomba-lapa en los bajos: una enmienda de tres líneas de Sumar (el PSOE no tuvo coraje de firmarla ni EH Bildu de presentarla, para no despertar sospechas) que, simplemente derogando una disposición adicional de la Ley de 2014 aprobada por el Gobierno de Rajoy, ha abierto la puerta a la excarcelación adelantada de decenas de terroristas de ETA.

Terroristas del calado de Txapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco, que se podrá ahorrar hasta seis años de cárcel.

Quince diputados actuaron como ponentes en el Congreso y firmaron el acta certificando expresamente que había "estudiado con detenimiento esta iniciativa, así como las enmiendas presentadas".

Quince.

Nada menos que tres del Partido Popular, principal partido de la oposición.

Sería imposible recapitular las artimañas de nuestra historia parlamentaria para colar en leyes o decretos artefactos partidistas de cuestionable interés, cuando no abiertamente tramposos. Pero la voluntad de engaño y trampa no sólo no exime, sino que acrecienta la importancia de la debida diligencia, el prurito profesional, y los controles y garantías. El mínimo exigible.

Y no, no basta con llevarnos las manos a la cabeza y decir una y otra vez "¡pero en qué manos estamos!". Nosotros nos hemos puesto en esas manos. 

Ni fallo, ni error, ni desliz. Todos cometemos errores, sí. Hasta el mejor escriba echa un borrón.

Pero aquí hablamos de otra cosa. O, mejor dicho, de dos. De incuria y de engaño. 

¿Cómo es posible que hayamos normalizado el hecho de que nuestros representantes políticos se puedan permitir negligencias de este calado? ¿Nos hemos acostumbrado a que la incuria sea aceptable en la acción de los partidos políticos que cumplen el deber constitucional de representarnos?

Traten con respeto y como adultos a los ciudadanos, por favor. A los 350 diputados españoles les hemos encargado que hagan su trabajo, que no es otro que legislar para el bien común y controlar al Gobierno. Con dedicación plena, por cierto. Bien remunerada y con un marco de desempeño privilegiado, por el aforamiento y la inmunidad parlamentaria, para ejercer con extremo celo esa función legislativa.

Porque probablemente sea esa, la función legislativa, la de máxima pureza y exigencia democrática de un Estado de derecho como el español.